La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, ordenó este viernes una virtual intervención en las tres áreas más sensibles del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. La medida se dio como consecuencia de la denuncia hecha por los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno contra su colega Matías Edery por presunto encubrimiento a Mariana Ortigala, una informante que está sospechada de ser la testaferro del líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero.

La resolución que lleva la firma de Vranicich es por el plazo de 90 días y contempla un “monitoreo” en las unidades de Balaceras y Homicidios, y en la Agencia de Criminalidad Organizada, los tres lugares donde se investigan a bandas criminales y donde se reúne la información importante contra los principales referentes del hampa del Gran Rosario.

La medida, según el comunicado dado a conocer por el Ministerio Público de la Acusación, propone que sea el auditor de la institución Leandro Mai quien ejecute el “monitoreo”. Y remarca que dicha decisión está fundada en que “se han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajo fiscales” después de la denuncia contra el fiscal Edery. “Ello no puede constituir un obstáculo para que el MPA asuma como prioridad dar una respuesta unificada, eficiente, eficaz, a los múltiples hechos delictivos de violencia altamente lesiva focalizada en la ciudad y en el departamento Rosario”, añade el texto.

En paralelo, Edery fue noticia dos veces este jueves. Por un lado, porque personal de la unidad especial de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe —a cargo de investigar la denuncia penal radicada por sus colegas Socca y Moreno— secuestró su teléfono y el de una empleada que trabaja con él en la Agencia de Criminalidad Organizada, donde además se incautó documentación.

Por el otro lado, el fiscal fue apartado de todas las investigaciones en las que se haya visto involucrada Ortigala, su informante —figura no regulada en Santa Fe—. Esa determinación la tomó la jefa de fiscales de Rosario, María Eugenia Iribarren, y es de carácter provisorio.

Por su parte, los fiscales Socca y Moreno, quienes imputaron a “Guille” Cantero, a Ortigala, a su concubino Sebastián Felipe y otras personas por extorsiones, ataques a tiros e incendiarios contra el dueño de una agencia de quinielas fueron apartados de la causa. La decisión también la tomó Iribarren al considerar que existen “sospechas fundadas respecto de la objetividad o eficacia de los fiscales a cargo de los legajos”. En ese contexto, reasignó el expediente a la fiscal Juliana González, quien ahora quedó a cargo del caso.

En tanto, Ortigala, que está presa en la Unidad Penitenciaria N°5, cada vez se encuentra más comprometida judicialmente. A la acusación de la Justicia provincial por extorsiones y la sospecha de que sería la prestanombres de “Guille” Cantero, se sumó esta semana que fue procesada con prisión preventiva por Carlos Vera Barros, el juez titular del Juzgado Federal N°3 de Rosario.

Ortigala, a quien el juez federal le trabó un embargo simbólico de $100.000, fue procesada por haber facilitado un departamento en avenida Francia al 800 a Alan Gabriel Coronel, un condenado como integrante de Los Monos en una causa federal por narcotráfico. En ese inmueble, Coronel realizaba maniobras de venta de droga, según el expediente que lleva adelante la Fiscalía Federal N°2 a cargos de los fiscales Claudio Kishimoto y Franco Benetti.

Esa lógica de poner su nombre en contratos de alquiler de inmuebles que en realidad la mujer subalquilaba —sin autorización del propietario— a otros presuntos miembros de Los Monos para “darles anonimato”, fue detectado al menos en otras dos causas judiciales federales.