Denunciaron que la testaferro del capo de Los Monos era la “narco protegida” del fiscal que debía investigarla
Pablo Socca, uno de los fiscales a cargo de la investigación por extorsiones y ataques a tiros e incendiarios contra el dueño de una agencia de quinielas al que Los Monos le exigían un millón y medio de dólares, dijo este viernes que Mariana Ortigala —presunta testaferro del jefe narco Ariel Máximo “Guille” Cantero— “no fue una testigo protegida, fue una narco protegida” por su colega Matías Edery, a quien denunció penalmente por tenerla de informante a cambio de no acusarla como supuesta integrante de la organización criminal.
Las declaraciones de Socca fueron brindadas en conferencia de prensa este viernes desde el Centro de Justicia Penal, luego de que la jueza penal de primera instancia María Trinidad Chiabrera dejara presos a los nueve imputados de Los Monos por las intimidaciones al titular de la firma El Califa, que tiene varias sucursales en Rosario. La magistrada, además, hizo lugar a la inhibición general de bienes del círculo de Ortigala, ya que se sospecha que son todos pertenecientes a “Guille” Cantero.
“Producto de la investigación, lo que pudimos determinar, y lo plasmamos en la denuncia contra Edery, es que había un vínculo muy cercano entre Ortigala y Cantero, el jefe de una organización criminal conocida en Argentina. Mi investigación empezó en junio. En ese contexto hay que recordar que ella fue testigo protegida en 2019, fecha a partir de la cual en diferentes instancias judiciales dijo que se pasó de banda. Desde que entró como testigo protegida y Edery informa que la incluyó como informante ante la Agencia de Criminalidad Organizada, se hizo multimillonaria. Por eso, no es una testigo protegida, es una narco protegida”, expresó el fiscal.
Para Socca, Ortigala es presunta integrante de Los Monos. “Hay asociaciones ilícitas que se investigan en esta Fiscalía. Casi todas ellas, investigadas desde la Agencia de Criminalidad Organizada, que tiene un acabado conocimiento de Los Monos y conocen su estructura. Nos llama la atención que nunca se hayan dado cuenta que la señora era miembro. Y en el período que fue informante se hizo millonaria. En mi investigación encontramos 14 inmuebles”, concluyó.
Por su parte, Miguel Moreno —de la unidad de Delitos Económicos—, se mostró conforme con la resolución de la jueza Chiabrera de dejar en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley a ocho de los nueve imputados. El único que quedó en libertad y sujeto a reglas de conducta por 120 días fue Gonzalo Sarmiento (27), por un acuerdo entre el Ministerio Público de la Acusación y el defensor Daniel Kantor. Los restantes imputados son “Guille” Cantero (35), Ortigala (44), su concubino Sebastián Felipe (50), Lorena Córdoba (35), Brian Ezequiel Díaz (31), Bladimir Andrés Navarro (28), Kevin David Moreno (21) y Daiana Micaela Leguizamón (30), alias “Mica la diabla”, una de las hermanas de Brisa, quien protagonizó la boda narco en Ibarlucea en enero del año pasado, donde ocurrió un triple crimen.
“Ortigala pudo ser testigo protegida, brindar información útil en la causa seguida a Esteban Alvarado, pero creemos que después de eso debió cesar la protección como testigo. Podría haber sido considerada arrepentida si declaraba sobre los delitos que cometía a través de la estructura a la que pertenece. Pero ya imputada. Eso es lo que hubiese sido correcto”, aseveró Moreno.
El fiscal de Delitos Económicos aclaró que no acusaron a su colega Edery. “Era importante ventilar una peligrosidad procesal extrema, había riesgo de entorpecimiento probatorio. Era una persona que debía estar incluida en una asociación ilícita, debía estar detenida en función de los delitos cometidos. Hubo una relación inapropiada entre un funcionario público y una persona que pudo ser informante, pero que estaba involucrada en una organización criminal”, sostuvo.
Esta semana, la fiscal general de Santa Fe Maria Cecilia Vranicich notificó a las cinco circunscripciones del Ministerio Público de la Acusación el “cese provisorio” del uso de informantes. Cabe destacar que esa figura está dentro de una ley nacional, pero la provincia al no haber adherido no la tiene regulada.