La justicia salvadoreña, que responde a las órdenes del presidente Nayib Bukele, ha iniciado a condenar a integrantes de las violentas pandillas que durante décadas han desangrando a El Salvador. El Órgano Judicial anunció el martes que impuso una condena de 634 años de cárcel contra un líder de la Mara Salvatrucha que operaba en el oriente del país, a quien acusa de haber participado en 23 “homicidios agravados”, con lo que las autoridades quieren mostrarse inflexibles frente a los crímenes cometidos por los pandilleros, contra quienes el Gobierno ha lanzado una brutal cacería.

El Órgano Judicial ha informado en redes sociales que “Amadeo Yovany Hernández Perla, alias Grillo, líder de la Mara Salvatrucha fue condenado a 634 años de cárcel al ser directamente relacionado con el cometimiento de 23 homicidios agravados, dos casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, organizaciones terroristas, además de extorsión agravada, robo agravado, hurto y homicidio tentado”. La institución ha asegurado que “la valoración y condena de los hechos ocurridos entre los años 2011 y 2017 en diferentes municipios de la zona estuvo a cargo del Tribunal Segundo -B- Contra el Crimen Organizado de San Miguel”, importante provincia de la región oriental del pequeño país centroamericano.

Organizaciones de derechos humanos han criticado la condena. Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal, una organización que vela por el respeto a los derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras, ha explicado a este periódico que “el Art. 27 de la Constitución prohíbe las penas perpetuas. El tiempo de la condena a 634 años la vuelve perpetua, ya que no hay posibilidad de cumplir con el fin resocializador de la pena, ni la seguridad de acceder mediante recursos legales a la revisión y reducción de la pena. En resumen la condena violenta la Constitución salvadoreña”.

Bukele, que se congratula en Twitter (ahora X) por los logros de la justicia salvadoreña en su guerra contra las llamadas maras, aún no se ha pronunciado sobre este caso, pero compartió en la red social un video de Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, que muestra la captura de un supuesto delincuente escondido en un hueco de un edificio. “Los vamos a buscar hasta debajo de las piedras, no importa dónde se escondan, los encontraremos. Tenemos una Policía altamente capacitada en el trabajo de inteligencia y territorio para ubicar y capturar a estas ratas cobardes, a las que claramente se les están acabando los escondites”, ha dicho Villatoro.

El funcionario ha informado que la Policía detuvo en la provincia de Santa Ana, en el oeste del país, a Carlos Alfredo Alvarenga Medina, alias “Duke”, “Muerte” o “Caliche”, también integrante de la Mara Salvatrucha y quien se ocultaba en un hueco dentro de una pared. “Ahora, será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas. Seguimos ganando esta guerra contra las pandillas y no vamos a detenernos hasta terminar con el último remanente”, ha afirmado Villatoro.

Bukele no ceja en su llamada guerra contra las pandillas. El controvertido mandatario anunció a inicios de agosto un operativo en su guerra contra las maras, que incluye un cerco militar en una zona del centro del país para evitar que los integrantes de las pandillas puedan movilizarse con libertad y para romper sus cadenas de suministro. La nueva ofensiva incluye la movilización desde esta madrugada de 7.000 militares y 1.000 policías fuertemente armados. Bukele ha dicho que el cerco “se mantendrá mientras los operativos puedan extraer a todos los pandilleros”.

La condena de 634 años contra el líder de la Mara Salvatrucha se da un contexto de fuerte deterioro institucional. El mandatario, que controla el Congreso y las cortes y aspira a la reelección, ha logrado una reforma que le permite desarrollar juicios masivos, con audiencias de hasta 900 presos. “Cualquier persona puede ser capturada arbitrariamente”, dijo a este diario en agosto Abrego, de Cristosal. “Hemos encontrado en las denuncias recibidas que han sido detenidos jornaleros, sindicalistas, pescadores, agricultores, personas que han cuestionado a la policía. Hay sindicalistas capturados por protestar porque no les han pagado sus sueldos y más de 3.000 vendedores informales han sido desalojados de San Salvador, la capital, y amenazados con capturarlos bajo el régimen de excepción si protestan”, explicó el activista.