Oscar Gilberto Calvete, de 72 años, empresario nacido en Argentina, fue arrestado este martes en Maldonado, Uruguay, donde tiene domicilio y un documento del país vecino. La captura fue realizada por Interpol, que lo había marcado con una circular roja luego de que el Tribunal N°5 de San Martín pidiera su captura a nivel internacional.

A Calvete se lo acusa del delito de lavado de activos, precisamente, para el Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones narco más temibles de México, según consta en información oficial de fuerzas de seguridad.

“Se le atribuye el haber intervenido, en la puesta en circulación en el sistema financiero argentino bienes provenientes de actividades relacionadas con diversos delitos graves que desplegaba el cártel con el fin de darles apariencia licita”, asegura una alta fuente vinculada al caso. Se lo capturó luego de una colaboración entre el área local de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA -el área argentina de Interpol- y la Oficina Central de Interpol en Montevideo.

Irónicamente, para el Estado argentino, Calvete es un jubilado que cobra sus haberes como cualquier otro, con asistencia del PAMI, de acuerdo a sus registros previsionales.

El rastro de papeles del caso en los Tribunales de San Martín cuenta la historia. Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación de San Martín relata la acusación en contra de Calvete, que fue imputado junto a otro hombre de negocios. El instrumento para supuestamente lavar el dinero del cartel a través de una firma incorporada en 2009 -el mismo año que comenzó el expediente en su contra-. Así, se detectó una serie de movimientos bancarios, transferencias y depósitos.

La firma estaba directamente vinculada, según determinó una investigación de la Unidad de la Información Financiera, a otra estructura comercial basada en México, ligada al cártel.

“En definitiva, se probó –en principio- que entre el año 2009 y 2011 la citada sociedad comercial recibió aproximadamente USD 1.800.000 de parte de la accionista mexicana determinándose -según informes elaborados por la Unidad de Información Financiera- que ésta última poseía vínculos con el grupo delictivo mexicano”, asegura el fallo.

Luego, el dinero fluía: se les atribuye la compra de diversos bienes como propiedades, así como inversiones en locales minoristas, minimercados construidos por una firma argentina, una constructora con domicilio en Belgrano.

El primer imputado en la causa habría operado como testaferro. Calvete, en cambio, fue acusado de representar “los intereses de la sociedad mexicana al hacerse cargo del funcionamiento de sus actividades e incluso, intervino en distintas asambleas vinculadas a la remoción o cambio de autoridades”, con supuestos servicios de consultoría y la representación del principal accionista del negocio, así como el manejo de uno de sus negocios, que incluso fue anunciado en redes sociales.

La empresa investigada, dedicada en los papeles al rubro de bares y confiterías, fue conformada en febrero de 2009 en el Boletín Oficial. Su domicilio fiscal se registró en una torre de Puerto Madero, en la calle Pierina D’Alessio. Cuatro mexicanos integraron su domicilio inicial. Todos declararon domicilios en Puerto Madero. El domicilio para constituir la sociedad, una casa en Ituzaingó, fue atribuido al primer imputado en la causa. La causa comenzó, precisamente, en marzo de 2009 en Puerto Madero, cuando uno de los mexicanos chocó el Chevrolet Astra que manejaba. El auto era propiedad del supuesto testaferro.

Un representante de la firma constructora señaló a Calvete en su declaración. Afirmó que se presentó como “auditor” de la empresa y que encima le quedó debiendo 50 mil dólares.