El subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, afirmó este viernes que un equipo de Cancillería está en Venezuela “buscando un acuerdo” que permita la expulsión y repatriación de personas migrantes, con una crisis que aún se desarrolla en la frontera norte con Perú.

"Hay veces que nos olvidamos que para expulsar no basta que Chile firme un papel, sino que además el país donde se expulsa una persona tiene que estar disponible a recibirla", explicó la autoridad chilena.

“Podemos firmar miles de decretos de expulsión, pero si Venezuela no permite el ingreso de aviones a su espacio aéreo, si el consulado venezolano no entrega papeles a los ciudadanos que se van a expulsar, no los podemos expulsar”, agregó.

El pasado domingo, un avión trasladó hasta Venezuela a un total de 115 migrantes varados desde hace semanas en la frontera norte, que no podían retornar a territorio chileno ni ingresar a Perú por carecer de documentación.

El vuelo, que partió rumbo a Caracas desde la ciudad fronteriza de Arica, 2.000 kilómetros al norte de Santiago, fue costeado por el Gobierno de Nicolás Maduro y forma parte del programa "Vuelta a la Patria", gracias al cual ya han retornado cerca de 30.000 venezolanos desde 25 países distintos, según cifras oficiales.

“Esto no se puede hacer sin acuerdos diplomáticos con ese país, y eso es lo que ha hecho este gobierno: ha logrado un primer acuerdo político con los venezolanos que permitió el despegue del avión", apuntó Monsalve.

Chile, que mantiene su frontera militarizada desde finales de febrero, ha endurecido en los últimos tiempos sus políticas contra la migración irregular para tratar de frenar el aumento de la inseguridad, lo que ha provocado que miles de migrantes traten de abandonar el país.

Perú, por su parte, decretó hace dos semanas el estado de emergencia por 60 días en sus fronteras y ordenó el envío de militares para reforzar la vigilancia.

La crisis en la frontera común y la militarización han sido ampliamente cuestionadas por organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de elevar considerablemente la tensión política entre ambos Ejecutivos.

El presidente chileno, Gabriel Boric, calificó el primer vuelo de repatriación como un “triunfo diplomático” y aseguró que seguirá “permanentemente” en contacto con otros Gobiernos de la región para enfrentar la crisis migratoria.