La extradición de Alejandro Toledo desde Estados Unidos y la prisión preventiva que se le impuso por 18 meses, a la espera de un juicio por corrupción y lavado de dinero en el marco del escándalo Odebrecht, encuentra a Perú en medio de un clima de alta volatilidad política, en el que el descrédito de los partidos y el Parlamento alcanza niveles inquietantes.

Con tres expresidentes encarcelados y otros procesados, el país bate un curioso récord en lo que a la persecución judicial de exmandatarios se refiere. "¿Somos el país más corrupto de América Latina? ¿O es quizás el único país en el que la Fiscalía y el Poder Judicial han empezado a trabajar de manera más independiente de los políticos, con una autonomía que ha llevado a muchos al banquillo de los acusados?” Son preguntas que plantea, en conversación con DW, Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y hace notar, en este contexto, que "en otros países encontramos como excepción lo que acá parece una regla”.

La Justicia peruana

La lista es larga: Alberto Fujimori cumple una condena a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad, en la prisión de Barbadillo. Allí se encuentra igualmente Pedro Castillo, en prisión preventiva, acusado de corrupción y rebelión, y ahora se les ha sumado también Alejandro Toledo. Otro expresidente, Alan García, se suicidó antes de ser detenido. Y los exmandatarios Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski también están en la mira de la Justicia. Incluso la actual presidenta, Dina Boluarte, será investigada por la presunta financiación ilegal del partido Perú Libre en las elecciones de 2021, según anunció la Fiscalía a fines de marzo. Esto, aparte de que queda por esclarecer lo ocurrido en la represión de las protestas al inicio de su gobierno, en las que murieron unas 60 personas.

Denisse Rodríguez-Olivari, licenciada en Ciencias Políticas y Policy Leader Fellow de la School of Transnational Governance (EUI), hace notar que Perú no es el único país afectado por el caso Lavajato. Y recuerda que no solo son blanco de investigaciones expresidentes, sino también exgobernantes regionales e incluso alcalde. "Entonces, parecería que Perú es más corrupto que otros países, pero, si miramos más allá de la superficie, vemos que es el país donde no hay persona que escape de ser investigada por la Justicia, como sí ha pasado en otros países. Por ejemplo, cabría revisar lo que pasa en México, donde también existió el esquema de Odebrecht, pero no tuvo las consecuencias que ha tenido en Perú”, subraya.

Tuesta considera igualmente que "el caso de los expresidentes acusados, y algunos presos, habla bien de la Justicia peruana". Pero considera que también es cierto que en Perú la Justicia, como en otros países, "ha sido utilizada para fines políticos y, peor todavía, la política se ha judicializado mucho”.

La fragilidad del sistema

La experta peruana en lucha contra la corrupción compara la situación con lo que ocurrió en Italia con el caso "Manos limpias”: "Es el colapso de todo un sistema, mucho más frágil, que desemboca en que prácticamente todos los presidentes que fueron elegidos a través de comicios estén siendo investigados por este caso de Odebrecht. Hay partidos de todo el espectro ideológico involucrados. Eso genera, sin duda, un espacio para outsiders y nuevos partidos, lo que no garantiza necesariamente que vayan a ser mejores o más limpios que los anteriores”, dice a DW.

Tuesta coincide: "Perú es el nido de los políticos outsiders, pero también de los partidos políticos más informales y más desacreditados de la región. Entonces, uno podría decir que acá hay un vaciamiento de las instituciones”, señala. Y eso tiene consecuencias difíciles de prever, ya que abre espacio a figuras populistas, de izquierda o derecha.

A juicio del académico, todo eso hace que se perfile muy difícil una salida a mediano plazo. "Perú es el país de las incertidumbres. Es un país donde el mes siguiente ya parece una perspectiva de largo plazo”, indica. Y, ante la presencia de gobiernos débiles y frágiles, no descarta que se pueda desembocar en "un gobierno cívico-militar o un gobierno civil con un alto componente militar peligroso”.