En su informe "Injusticia alimentaria 2020-22”, Greenpeace lamentó que las corporaciones de negocios agrícolas más grandes del mundo "han aumentado sus ganancias en miles de millones de dólares desde 2020, aprovechando la especulación desenfrenada” causada por la guerra en Ucrania y la pandemia de coronavirus.

"Lo que estamos presenciando es una enorme transferencia de riqueza a unas pocas familias ricas que, básicamente, son propietarias del sistema alimentario mundial, en un momento en que la mayoría de la población global está luchando para llegar a fin de mes. Es simplemente escandaloso e inmoral”, denunció Davi Martins, activista de esta ONG.

Solo cuatro empresas (Archer-Daniels Midland, Cargill, Bunge y Dreyfus) controlan más del 70% del comercio mundial de cereal, resume Martins, quien recuerda que estas compañías "ni siquiera tienen la obligación de revelar lo que saben” sobre el mercado, como las cantidades de grano almacenadas tras la invasión de Ucrania, lo que alimentó la especulación y subida de precios.

Número de personas con hambre aumentó en más de 150 millones en 2021

Greenpeace analizó para este informe a las 20 corporaciones más grandes en los sectores del grano, fertilizantes, carne y lácteos, que sumaron "más de 53.000 millones de dólares en ganancias a sus accionistas” durante los años financieros 2020 y 2021, cuando la ONU estima que, "con menos, sería suficiente para proporcionar alimentos, vivienda y apoyo vital a los 230 millones de personas más vulnerables del mundo”, recuerda la ONG. Según la FAO, el número de personas con hambre aumentó en más de 150 millones en 2021, en comparación con 2019.

Greenpeace insta a los gobiernos a actuar para proteger a la población de los abusos cometidos por las grandes empresas, que han "expulsado del sistema a los pequeños agricultores y productores locales, cuyo propósito es realmente alimentar a la gente”, agregó Mónica Parrilla, responsable de biodiversidad en Greenpeace España.

La ONG pide "un cambio a un modelo de soberanía alimentaria”, lo que requiere, entre otras cosas, "considerar los alimentos un bien común y un derecho humano, y no una mercancía más”, además de "gravar los beneficios extraordinarios de las empresas durante las crisis con un impuesto ambicioso para todo el sector”.