El gobierno resolvió días atrás decretar la obligatoriedad de poseer un seguro médico o cobertura de salud para ingresar a Uruguay, una resolución que divide opiniones en la población. La medida fue criticada en las últimas horas por la abogada especialista en migración y derechos humanos Valeria España, quien consideró que la normativa “restringe derechos” y es “contrario” a las disposiciones que existen actualmente en vincula a nuestro país en esta materia.

En diálogo con Tv Ciudad, España indicó que este decreto también va en contra de lo que se ha creado a nivel de la gobernanza migratoria, donde está incluida la normativa que reconoce los derechos de las personas migrantes en igualdad de condiciones que los nacionales, una resolución que había puesto a Uruguay en el escenario internacional por ser un país que “estaba avanzando en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas migrantes”.

“Este decreto es una muy mala señal, desconoce estas disposiciones, pero genera un precedente muy preocupante que no tiene que pasar desapercibido porque hace referencia a 1934, que, si bien tiene que ver con la Ley Orgánica de Salud Pública, tiene un componente asociado a la Ley de Indeseables de Terra, que de hecho el ministro Heber mencionó como un mecanismo posible para generar”, indicó.

En este sentido, la abogada señaló que algún tipo de “intencionalidad de xenofobia puede haber” (en el sentido de que pueda generarse a partir del decreto) y que, obviamente, “no es deseable” que el propio gobierno nacional fomente ese tipo de disposiciones.

A entender de la experta, este tipo de normativas va a generar “población de primera” y “población de segunda”, eso que se estaba intentando de erradicar. “Lo que vemos con este decreto es que no solamente no se avanza en ese sentido, sino que se retrocede varios casilleros. Te diría que tantos casilleros para que lleguemos a disposiciones de 1934, entonces, sin duda esto se tiene que revisar”, señaló.

En esta línea, la abogada explicó también que estas disposiciones, en lugar de generar un efecto de desalentar la llegada al Uruguay, favorecen que haya más situaciones de informalidad o de discriminación que no estaban habilitadas.

“Sin duda, lo que hace es que borra con el codo los avances que incluso hace poco reconocía la propia Organización Internacional para las Migraciones que había hecho a Uruguay. Entonces, creo que este decreto se tiene que revisar, genera mucha incertidumbre en relación al acceso a derechos vinculados a la salud, pero además establece restricciones sobre la posibilidad que tiene Uruguay de limitar el derecho a la migración en general”, indicó.

Finalmente, España declaró que algo muy importante para destacar es que si bien a partir de la pandemia se generaron muchas disposiciones vinculadas a la necesidad de que las personas tengan un seguro de salud, “acá hay un sesgo de clase y sesgo aporofóbico”.

“Quiere decir que no se está controlando al turista que viene con determinado posibilidad económica, que puede acceder a un seguro y que podría ser deseable, pero no se puede limitar la posibilidad del ingreso que tiene su intención de residir en Uruguay y que, por lo tanto, su proyecto migratorio está vinculado a generar nuevas posibilidades en un nuevo país de destino”, concluyó. (Diario Montevideo)