El ataque a las instituciones estatales en Brasil el domingo probablemente posponga las primeras acciones previstas por el equipo económico del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijeron el lunes a la agencia de noticias Reuters tres fuentes con conocimiento del asunto.

Presionado para presentar acciones concretas para hacer frente al déficit de las cuentas públicas del país, agravado por la aprobación en el Congreso de un paquete de gastos de miles de millones de reales para cumplir las promesas de campaña, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, había dicho públicamente que haría sus primeros anuncios esta semana.

El calendario de los anuncios está siendo deliberado con el Jefe de Gabinete, dijo una de las fuentes, que habló bajo condición de anonimato. “Es posible que los anuncios se retrasen. La situación es muy complicada”, dijo una segunda fuente.

Miles de partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro vandalizaron el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial el domingo. Los partidarios no están de acuerdo con el reciente resultado electoral, ganado por Lula por un estrecho margen en octubre. Lula asumió el cargo el 1 de enero.

Los ataques contra las instituciones del Estado se consideran los peores desde el retorno del país a la democracia en la década de 1980.

Haddad aún tenía que decidir con Lula la lista de acciones a implementar, centrándose en medidas para aumentar los ingresos y recortar los gastos. Ahora, el ministro está participando personalmente en reuniones de urgencia con el mandatario y representantes de los demás poderes.

Otras dos fuentes del equipo económico afirmaron que los técnicos del ministerio siguen trabajando con normalidad, y una de ellas señaló que espera que los anuncios no se vean afectados por los últimos acontecimientos, que desataron la condena en Brasil y en todo el mundo.

El Gobierno brasileño considera todo normalizado tras los ataques golpistas.

El funcionamiento institucional de Brasil está totalmente normalizado tras el desmonte del campamento en que se refugiaban los bolsonaristas radicales que atacaron el domingo las sedes de los tres poderes, con unas 1.500 detenciones, afirmaron este lunes fuentes oficiales.

“Gracias a Dios el país camina hacia la absoluta normalización institucional a gran velocidad”, dijo el ministro de Justicia, Flavio Dino, en una rueda de prensa en la que hizo un balance de las operaciones para reprimir a los responsables por los asaltos a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

De acuerdo con Dino, pese a los daños aún visibles en las principales edificaciones públicas del país, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acudió a trabajar normalmente en el Palacio presidencial de Planalto, en el que se reunió con autoridades de los otros poderes y con los comandantes militares.

“Lula se reunió con las autoridades civiles y con los comandantes de las Fuerzas Armadas, de modo a que, tanto en lo que se refiere a las instituciones civiles como a las militares, reina la plena normalidad”, aseguró.

Según el ministro, el líder progresista también tiene previsto reunirse en la noche de este lunes con los gobernadores de los 27 estados de Brasil, que manifestaron rechazo unánime a los ataques.

“Lo más importante es que las Fuerzas Armadas se mantuvieron fieles a la autoridad democrática y eso es algo que tenemos que conmemorar. En un modo general diría que lo peor ya pasó y que ahora cabe esperar los juicios políticos y criminales”, dijo.

Dino afirmó que, un día después de los ataques de seguidores de Bolsonaro que no reconocen la victoria de Lula en las elecciones, es posible reiterar que los “terroristas” no obtuvieron éxito en su intento de ruptura de la legalidad.

“No obtuvieron éxito en su intento de generar un efecto dominó. Algunos creían que a partir de esos eventos simbólicos, como los de invadir la Presidencia y el Congreso, propiciarían nuevas aventuras, y eso fue superado”, aseguró al referirse a la intención de los bolsonaristas radicales de forzar un golpe de Estado contra Lula.

El ministro afirmó que el interventor federal que el jefe de Estado nombró para asumir la gestión de la seguridad en Brasilia actuó rápidamente y, con el apoyo de la Policía y el Ejército, desmontó el campamento que los bolsonaristas habían instalado desde las elecciones frente a la sede del Cuartel General del Ejército.