"Es parte del tratamiento", era la respuesta. Néstor Zelaya (32) anulaba así los reclamos de los jóvenes que llegaban a "La razón de Vivir" y "Elección de Vida" buscando tratamientos para las adicciones.

La denuncia llegó a la Fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Material de Explotación Sexual Infantil y Grooming de Quilmes y derivó una investigación que terminó con 17 detenidos y 26 allanamientos simultáneos en el conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Néstor Zelaya es el director general de los centros que comandaba la organización. Para los investigadores, su rol era coordinar y dirigir la asociación ilícita, "establecer contactos y apariciones en medios de comunicación para brindar publicidad y cobertura mediática a la actividad criminal".

Además, establecía los aranceles para cobrar a las víctimas cuotas de 30 mil pesos, coordinar internaciones de nuevos pacientes e indicar cuál era el trato que debían recibir según su análisis de las víctimas.

Era él quien definía la forma y las condiciones de los trabajos que les eran ordenados, como también los castigos y los permisos para salir de las "quintas".

En concreto, Zelaya -después de entrevistarse con las familias o de recibir información de los directores de los centros- definía cuáles eran las tareas que iban a ser obligados a realizar.

Estos predios eran vendidos como centros para las adicciones pero, según la acusación del fiscal Daniel Ichazo, no contaban con acompañamiento psicológico ni médico para los tratamientos. Incluso, dos de los 10 denunciantes padecían patologías que requerían atención pero se les prohibía tomar la medicación por las "reglas" de "las quintas".

Uno de ellos tenía VIH y el otro diabetes, además de una lesión en un pie previo al ingreso. Nunca fueron tratados por esto. "Fuerza", le pedía Zelaya a los jóvenes cuando le reclamaban sus medicamentos.

En cuanto a Marcelo "Teto" Medina, el personaje televisivo devenido en acompañante terapéutico tras recuperarse de sus adicciones, es el del rol más llamativo por su perfil mediático, pero no cumplía un rol fundamental dentro de la organización, al menos así lo parece dentro de la acusación de Ichazo.

A él le adjudican el perfil "marketinero" dentro de la organización. Por su conocimiento popular, se encargaba de difundir en redes sociales un perfil de las organizaciones con el único fin de conseguir nuevos pacientes. Además, una vez por semana participaba de reuniones de grupo para dar charlas motivacionales.

Su presencia, para los investigadores, contribuía a mover "grandes cantidades de dinero". La investigación refiere que hay alrededor de 200 víctimas implicadas, de las cuales 10 los denunciaron.

Los presuntos delitos

Los centros de Florencio Varela, según confirmó el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, no estaban habilitados.

Uno de los denunciantes contó que "todas las tareas diarias debían realizarlas los mismos internos y que no hacían ningún tipo de tratamiento contra las adicciones con psicólogos o terapeutas, sino que solo trabajaban o servían a los directores o coordinadores o mendigaban dinero en las iglesias".

Del mismo modo, negaban tener tratamientos con profesionales y solo contaban con el acompañamiento de otros pacientes que iban ascendiendo en el escalafón y eran denominados "de tiempo". Ellos lograban salidas transitorias y, además, acompañaban a los recién llegados. Esos roles les permitían salir más del centro, lo que era considerado un beneficio.

Lejos de los fines terapéuticos, los internos no tenían permitido salir ni visitar a sus familias, excepto recibirlos una vez por semana algunas horas.

Al conocer que uno de los nuevos pacientes era albañil, por ejemplo, le ordenaron trabajar durante varias horas por día para terminar "cuatro habitaciones con revoque, contrapiso carpeta y aberturas, con la ayuda de otros internos, desde horas de la mañana hasta las 19". Luego construyó una oficina completa sin recibir nunca un pago por eso, además de que -claro- su familia pagaba cuota mensual por el "tratamiento".

Gracias a ese oficio, el denunciante fue trasladado a Córdoba para construir un quincho en un tiempo "imposible" y tenía "prohibido comunicarse con su familia". Zelaya había designado a una persona para sacarle fotos y simular que estaba bien, compartiendo sus fotos en un grupo de WhatsApp donde estaba su familia.

La supuesta comunidad terapéutica tenía dos sedes en Buenos Aires, una en Florencio Varela y otra en Berazategui; en Córdoba y Santa Fe.

Si los pacientes decidían dejar el centro o se escapaban, eran perseguidos y se les prohibía llamar a la Policía. Entre los sistemas de castigos para ellos, había insultos e impedimentos para dormir.

"En ocasiones lo insultaban o lo obligaban a hacer guardia toda la noche sin dormir para prevenir que otros internos se escapen durante las noches", argumentaron en la orden de detención.

También los reunían durante horas para "infundirles miedo de recaer en la adicción y paralelamente, se comunicaban con la familia para manipularlos con el mismo miedo".

Para ellos, el "tratamiento" consistía en que pasaran necesidades físicas y psíquicas para que "valoraran" más las cosas, según los testigos. Entre ellos, los privaban de diferentes cosas, como alimentos, bebidas, descanso y comunicación con la familia. Los investigados referían que el tratamiento consistía "en el dolor".

Todo esto era llevado adelante por los administradores, encargados y directores de las quintas. Entre ellos estaba el padre de Zelaya, Eduardo Zelaya (55); Damián Cáceres (36); Jorge Basílico (51) y su esposa Sonia Córdoba (58), además de la administradora Rosana Gómez (50) y el ex policía federal Mariano Torchia (35).

Quizá lo más grave de la acusación estaba en manos de Torchia, que fue exonerado de la PFA por un sumario, luego de ser traspasado a la Policía de la Ciudad. Él, junto a Tatiana Lanza (34), oficial de la Bonaerense en la Comisaría 4° de Florencio Varela (tenía un sumario de 2020 por haber denunciado el robo de su arma y del chaleco en su casa de Varela), fingían ser jueces, abogados y fiscales para llamar a los internados y hacerles creer que tenían causas judiciales en su contra.

Así los engañaban para que cumplieran con las órdenes dentro de los centros y les hacían creer que, por ejemplo, si se iban del lugar, serían detenidos o se procesados con causas penales muchas veces falsas.