Perú: Fiscalía abre investigación contra presidente Castillo por "organización criminal"

Este jueves (11.08.2022), la fiscal general del país sudamericano, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, por un presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal.

Según el anuncio hecho por el Ministerio Público en su cuenta de Twitter, el objeto de la investigación está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota en la región Cajamarca, de donde Castillo es oriundo, y de Cajatambo en la región Lima.  

¿Adjudicación ilegal de obras?

De acuerdo a la tesis fiscal, Alvarado coordinaba, con conocimiento del mandatario, la adjudicación de obras de infraestructura a empresas de conocidos de Castillo, en forma ilegal, y, específicamente, a una compañía en la que trabajaba la cuñada del jefe de Estado, Yenifer Paredes, detenida el miércoles en Lima.

Paredes, que fue criada por Castillo como una hija, se entregó el miércoles en la Fiscalía acompañada por un nutrido grupo de ronderos (vigilantes campesinos) que llegó a Lima, de Cajamarca y otras regiones, para reunirse con el mandatario en Palacio de Gobierno.

Posteriormente, durante un acto con dirigentes sociales en Lima, Castillo declaró que habían "golpeado" a su familia "seriamente" con la detención de Paredes, un día después de la captura de dos empresarios y un alcalde distrital de Cajamarca. 

Castillo denuncia persecución política

Con la nueva investigación de la Fiscalía, el gobernante acumula seis denuncias, cinco de ellas por presunta corrupción, cometidas supuestamente durante su gobierno (que comenzó en julio de 2021).

Alvarado, que actualmente ocupa la cartera de Transportes, es el segundo ministro implicado en estos casos, dado que el exministro de Transportes Juan Silva está actualmente prófugo de la justicia.

Los legisladores comentaron este jueves que la investigación abierta por Benavides responde a las declaraciones hechas por Castillo, que atribuyó las denuncias a una presunta persecución política de sus opositores, la prensa y el sistema judicial.