Walter Bento, el juez federal de Mendoza, que tiene a su cargo los procesos electorales en esa provincia, se convirtió en foco del debate en los tribunales: ocupa su puesto en el juzgado, teniendo un procesamiento confirmado como jefe de una asociación ilícita que cometió delitos de cohecho activo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros. Pesa sobre él una orden de detención que no se cumple a raíz de sus fueros. Pero ahora se le ha sumado un nuevo pedido de detención luego de que la justicia mendocina lo imputara por más delitos por tráfico de influencias a favor de un empresario amigos que tenia deudas con la AFIP.

La denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura, con pedido de desafuero incluido, no avanza. Los pasillos de ese organismo señalan que el kirchnerismo lo protege. Con la llegada del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti a ese organismo, los consejeros por unanimidad sólo firmaron su expulsión de un concurso. Es que Bento pretendía competir para convertirse en integrante de la Cámara Federal de Casación Penal.

“No tengo nada que ver con todo esto que me atribuyen: con nadie ni con nada. Tengo que demostrar que soy inocente”, dijo Bento desde su cargo, en entrevistas que brindó a medios de Mendoza, mientras hablaba de pruebas inventadas en su contra.

El caso

Walter Bento asumió al frente del juzgado federal 1 de Mendoza con competencia electoral en septiembre de 2006, tras un concurso. El juzgado estaba vacante desde 2002 cuando el entonces juez federal Luis Leiva fue destituido, luego de que el fallecido banquero Raúl Moneta denunciara que ese magistrado le había pedido una coima.

Católico, hincha de Boca y coleccionista de búhos, Bento fue nombrado durante el gobierno de Néstor Kirchner, con el aval del histórico operador del peronismo mendocino Juan Carlos “Chueco” Mazzón. En 2011 hizo un resonante allanamiento con la Gendarmería en Cablevisión, en pleno conflicto del kirchnerismo con el Grupo Clarín. En aquel momento, la Corte Suprema anuló su intervención y Bento enfrentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura que terminó desestimado por el aval del kirchnerismo.

Ahora, su actuación volvió a quedar en la mira. En marzo del 2020, el fiscal General Dante Vega investigaba una causa por narcotráfico y se encontró con información que salpicaba al juez . De la pesquisa sobre los teléfonos surgieron numerosos mensajes de texto y de voz en los que se aludía al “juez”, al “número 1″ o al “gran jefe”, en supuesta referencia al magistrado ahora procesado. A eso se le sumaron las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el secuestro y homicidio del empresario y despachante de Aduana Diego Aliaga, vecino del juez y quien habría actuado en nombre del magistrado.

Según el fallo dictado en Mendoza, Bento lideraba una organización ilícita en la que habría operado con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba­ junto con el fallecido Diego Aliaga para llevar adelante un mecanismo delictivo mediante el cual se ofrecían beneficios procesales por el pago de dádivas.

A estos últimos, se le suman también los abogados Martín Ríos y Alejandro Aramayo, encargados de asistir a Ortego y Alba; Walter Eduardo Bardinella Donoso, que se presentaba como el contacto con el mundo criminal y proveedor de posibles “clientes”,­ y el comisario José Gabriel Moschetti, quien ofrecería un canal de información y cobertura en el ámbito policial­.

Entre los procesados por haber abonado para obtener beneficios hay acusados de contrabando y de narcotráfico, delitos de competencia en la justicia federal y en cuyas causas tuvo intervención Bento. De acuerdo a esa acusación, bajo el liderazgo de Bento, esas personas habrían desplegado maniobras para lograr beneficiar ilícitamente a determinados imputados, previo pago de coimas.

Los bienes del juez fueron inhibidos y tiene un embargo por 327 millones de pesos que también recae en su esposa Marta Boiza, también de carrera judicial. Precisamente, la fiscalía sostiene que desde el 2010 la situación patrimonial del juez se incrementó notablemente: compra de inmuebles, automotores, participaciones en fideicomisos inmobiliarios y realización de más de 200 viajes a distintas ciudades de Estados Unidos en una década. En las últimas horas se conocieron distintas fotos de sus viajes por Las Vegas en limusina.

Este martes, el juez federal de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, que interviene en esta causa, imputó a Bento por nuevos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, prevaricato y abuso de autoridad, como en una causa a favor de un narcotraficante y otra, por el tráfico de influencias a favor de un empresario amigo de su familia que tenía una deuda impositiva con la AFIP y Rentas.