Jueza británica limita testimonio en nuevo juicio por el oro de Venezuela
Los dos rivales políticos se enfrentan desde 2019 por el control de 32 toneladas de oro depositado en Londres, valoradas en más de mil millones de dólares y custodiados desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.
Tras una larga saga legal, la justicia británica estableció en diciembre que, al igual que el gobierno de Boris Johnson, reconoce al líder opositor y no a Maduro como presidente de Venezuela a todos los efectos.
El caso se inició porque ambos habían designado juntas directivas rivales del Banco Central de Venezuela (BCV), que dieron órdenes contradictorias al Banco de Inglaterra sobre qué hacer con el oro.
Sin embargo, el nombramiento de la junta de Guaidó fue invalidado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano y la justicia británica debe ahora decidir si acepta esa medida de una institución que los opositores califican de "marioneta del régimen".
Audiciencias en Alta Corte de Londres del 13 al 18 de julio
El nuevo juicio tendrá lugar en un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres del 13 al 18 de julio, estableció la magistrada Sara Cockerill.
"El juicio de julio determinará la cuestión de la validez de los nombramientos de la junta de Guaidó. Si sus nombramientos no son válidos, el tema se acaba aquí", subrayó Richard Lissack, abogado inglés del gobierno de Caracas, en una vista preliminar celebrada el viernes.
Ortega, presidente de la junta directiva nombrada por Maduro, testificará durante las vistas, precisó Lissack. Su intención es hacerlo en persona en Londres, aunque aún está a la espera de recibir una visa de viaje, precisó a la AFP un miembro de su equipo legal. No obstante, la jueza restringió las cuestiones sobre las que podrá ser interrogado y dar testimonio.
"Limitaré la prueba testifical a los asuntos que sean relevantes" a la invalidación de los nombramientos por el TSJ, evitando cuestiones que "complican el procedimiento". El equipo legal de Maduro busca demostrar que legitimar la junta de Guaidó podría desestabilizar la economía venezolana.
Pero para evitar que estas consideraciones "infecten" la cuestión principal, la jueza decidió dejar el eventual examen de ese tema para el final de los procedimientos de julio.