El dictamen de Casal es una recomendación a los integrantes de la Corte que puede o no tomar su mismo criterio. Si los ministros del máximo tribunal convalidan esta decisión, el expediente será devuelto a STJ para que este defina si el amparo corresponde o no.

El Superior había rechazado el amparo de Goyeneche sin entrar en su análisis debido a una cuestión de forma: ya existía un reclamo en los Tribunales con el mismo fin (reponer al Ministerio Público Fiscal como órgano acusador en el jury que se le siguió por mal desempeño, anulando la decisión del Jurado de Enjuiciamiento que lo corrió de escena) promovido por su superior, Jorge García, en nombre del Ministerio Público Fiscal que Goyeneche integra.

Frente a esto, el Procurador Nacional sostuvo: “Opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y devolver las actuaciones al Tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho”.

Si la Corte siguiera el criterio de Casal, el expediente debería ser tratado nuevamente por el STJ, que deberá analizar el planteo. Deberá sopesar allí también la postura esgrimida por la Fiscalía de Estado de la provincia cuando hizo notar que Goyeneche presentó el amparo contra el Poder Ejecutivo, que no tiene ninguna relación con el Jurado de Enjuiciamiento que tomó la decisión de apartar a Fiscalía de su rol acusador y designar a un fiscal ad hoc de la lista de conjueces. Por lo tanto, el recurso habría sido mal interpuesto.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por tres vocales del STJ (Juan Smaldone; Gisela Schumacher y Daniel Carubia); dos representantes de la Legislatura (el diputado Gustavo Zavallo y el senador Armando Gay) y dos del Colegio de la Abogacía (Verónica Mulone y Gonzalo García Garro). El Poder Ejecutivo no tiene representación.