El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó iniciar actuaciones sumarias administrativas contra una jueza penal de Comodoro Rivadavia a partir de la viralización de un video en el que se la registró, en una sala de visitas de la cárcel de Trelew, tomando mate y besándose con un preso al que había condenado a prisión perpetua.

A través de un comunicado oficial, el Superior Tribunal informó que la jueza Mariel Suárez habría incurrido en “conductas inadecuadas” con el preso Cristian “Mai” Bustos. El hecho ocurrió el 29 de diciembre pasado en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew.

La jueza integró el Tribunal que hace dos semanas lo condenó en Esquel por asesinar al policía Leandro “Tito” Roberts en la localidad de Corcovado, crimen ocurrido en 2009. Suárez votó en disidencia y no apoyó la condena a perpetua.

Los hechos investigados ocurrieron en un aula del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew. Suárez integró el Tribunal que el 22 de diciembre pasado condenó a Bustos en un juicio realizado en Esquel. De hecho, Suárez votó en disidencia la condena a perpetua, solicitando una pena menor.

“A raíz de una comunicación formal dirigida a los ministros de la feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en un centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público”, informó a través de un comunicado el Superior Tribunal de Justicia.

El encuentro entre la jueza y el preso fue denunciado por un oficial del Instituto Penitenciario a sus superiores en un escrito que fue difundido a la prensa local, en el que se indica que a las 16.40 del 29 de diciembre la jueza Suárez concurrió a la dependencia para entrevistarse con el condenado Bustos. El oficial describió que el sector de encuentro posee cámaras que permiten ver qué sucede, aunque no se almacenan imágenes, y que en determinado momento observó que la jueza y el recluso “comienzan a tener contacto físico, como abrazos, besos (en la boca) siendo reiterado este tipo de comportamiento en ambos”, según el escrito.

El caso

El inusual caso ocurrió el miércoles pasado 29 de diciembre dentro del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, “en horas de la tarde”, agrega el comunicado oficial del Superior Tribunal.

“A raíz de una comunicación formal dirigida a los ministros en feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel”, detalla el parte oficial del Poder Judicial.

“De los datos comunicados desde el IPP surge que la jueza habría incurrido en conductas inadecuadas para un magistrado. Las actuaciones se dirigen a dilucidar las circunstancias de dicha reunión entre una magistrada y un condenado, el tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo, que puedan implicar violaciones de la ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder Judicial”, concluye el comunicado del Superior.

El 23 de diciembre pasado se conoció el veredicto por el juicio a Cristian “Mai” Bustos, acusado de haber matado al policía Leandro “Tito” Roberts el 8 de marzo del año 2009 en Corcovado, y haber causado graves heridas al oficial Luis Cañumir.

La audiencia comenzó con la presencia de las partes, en cuyo marco el Tribunal integrado por las juezas María Laura Martini y Mariel Suárez, de Comodoro Rivadavia, y la conjueza local Ximena Miranda Nastovich, expuso los considerandos del caso. Por mayoría declararon a “Mai” Bustos “coautor penalmente responsable” de haber matado de manera violenta a Roberts y de haberle causado lesiones graves a Cañumir, con uso de arma de fuego.

En aquella ocasión, Bustos enfrentó a los policías que intentaban recapturarlo por un crimen. Logró escapar, pero fue recapturado años después en Chile, país donde debió ser juzgado y cumplió una condena antes de que se autorizara su extradición a la Argentina para afrontar un nuevo proceso en su contra.

Quién es la jueza

La jueza penal Mariel Suárez, que protagoniza el escándalo por “conductas inapropiadas” con un preso condenado recientemente por homicidio, había sido destituida en su cargo en 2013, pero fue restablecida en sus funciones a instancias de un recurso de amparo interpuesto contra la actuación que había llevado adelante el Consejo de la Magistratura en su contra, lo que quedó oficializado dos años después.

Los antecedentes de aquella época registran que Suárez había sido públicamente cuestionada por el entonces intendente Néstor Di Pierro, que la acusó de “liberar presos por teléfono”, luego de que trascendieran resoluciones de la magistrada durante la Semana Santa de aquel año, en relación con delincuentes que habían sido detenidos in fraganti por la policía en distintos hechos.

La jueza le envió una carta documento al jefe comunal para que se retractara de sus dichos, pero este insistió en la acusación, en tanto uno de sus hombres cercanos, Alberto Parada, integraba por entonces el Consejo de la Magistratura.

Paralelamente, se iniciaba el proceso de evaluación de la magistrada luego de los tres años desde su nombramiento, que se había producido en 2009. El Consejo de la Magistratura votó por mayoría que el desempeño de Suárez en ese lapso había resultado insatisfactorio, al tiempo que se sumó en su contra una denuncia que cuestionó su actuación en una causa que involucró el abuso sexual de una menor de edad.

En consecuencia, el Consejo de la Magistratura resolvió, en una decisión dividida que motivó el voto de desempate de su entonces presidente, el envío de los antecedentes para que la jueza enfrentara un tribunal de enjuiciamiento, bajo la acusación de desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en su cargo.

Dicho tribunal se constituyó sobre fines de octubre de aquel año y resolvió la destitución de la jueza sobre dos argumentos principales: el no cumplimiento de plazos procesales de acuerdo con el criterio que había propuesto el Superior Tribunal de Justicia, a fin de no afectar el servicio de justicia; y la actuación en el citado caso de abuso sexual de una niña, en el que liberó al imputado porque su abogado no estuvo presente en el momento de la declaración de la víctima, aunque posteriormente ese error fue subsanado y la medida se revirtió, según argumentó su defensora.

Poco después, durante los primeros meses de 2014, Suárez interpuso un recurso de amparo contra la decisión del Consejo de la Magistratura, al considerar que la decisión de remitir su caso al Tribunal de Enjuiciamiento había sido arbitraria, convencida de que se había tratado de una acción política promovida por Di Pierro.

Bajo el argumento de que la decisión fue “arbitraria y extemporánea”, al señalar que en otros casos de evaluación insatisfactoria no se había promovido el juicio de destitución, sino una sanción administrativa desde el Superior Tribunal de Justicia, el amparo tuvo una consecuencia inmediata: el entonces juez civil Gustavo Sanca la repuso en el cargo, del que había sido suspendida el 6 de junio de 2013.