La cuestión cobró vigencia con el hallazgo, el lunes 27, del cuerpo del joven José Luis González, de 22 años, cuya desaparición ocurrió el domingo 19 del actual, hecho en el que quedó bajo sospecha la intervención de funcionarios policiales de la Comisaría 8ª.

“La seguridad pública ciudadana, como deber primario del Estado, no sólo importa en relación a la prevención de hechos delictivos sino también en proteger la vida, garantizar la integridad física y desalentar discursos y prácticas violentas”, plantearon los organismos de Derechos Humanos, que además reclamaron la derogación del actual Código de Contravenciones, “que data del año 1952 y otorga facultades discrecionales a la policía, alentando detenciones arbitrarias que hoy por hoy padecen los jóvenes de los barrios periféricos de nuestras ciudades, que a la hora de resolver conflictos de convivencia urbana tiende a predominar el punitivismo, sin jueces que juzguen y sin derecho a defensa. Se trata de una ley anticonstitucional vigente en nuestra provincia desde hace décadas y su derogación es otro compromiso incumplido de la actual gestión”.

En el marco de la investigación por la muerte de José Luis González, el fiscal Santiago Alfieri informó que en la jornada de hoy se ha efectuado un relevamiento en el lugar de hallazgo del cuerpo (la isla Bonita), se ha dispuesto el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad a cargo de personal de la Agrupación V de Gendarmería Nacional y se continúan con tareas las investigativas conducentes a reconstruir los últimos momentos en que fue vista la victima con vida.

Además, indicó que funcionarios de  la Comisaría 8ª  de Paraná han designado profesionales para su defensa técnica y control de prueba por el hecho investigado respecto la aprehensión de González, el 17 de este mes, como para el control integral de la prueba. Los resultados finales de la autopsia con informes complementarios serán entregados en el mes de febrero por el Cuerpo Médico del Poder Judicial de Santa Fe.  Al momento, se investigan dos sucesos, uno vinculado a la aprehensión ilegal por parte del personal de Comisaria 8ª  y otro por la muerte de González, ocurrida a partir de las 18, del 19 de diciembre, del cual no hay personas sospechadas, indicó la Justicia.

Los organismos de Derechos Humanos reclaman “un sistema de seguridad democrático que respete los estándares mínimo de derechos humanos: que el sistema carcelario tenga como objetivo primario la readaptación social de las personas privadas de su libertad, que los agentes policiales y penitenciarios sean constantemente capacitados en derechos humanos, que se creen reglamentos y protocolos de actuación claros para guiar el accionar policial profesional que tienda a reducir los riesgos, proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas, prevenir y evitar intervenciones violentas abusivas”.

Al respecto, agregan: “Tanto en el caso de Iván Pérez como en el de Gabriel Gusmán, ambos víctimas de casos de gatillo fácil durante ésta gestión de gobierno, distintos funcionarios policiales con cargos en la fuerza policial admitieron en investigaciones judiciales que la Policía de Entre Ríos no recibe entrenamiento ni capacitación en manejo de armas de fuego, lo que es de una gravedad institucional sin precedentes y de lo cual ningún funcionario público ni legislador provincial ni poder del Estado solicitó informe sobre ello a la autoridad correspondiente ni ninguna otra acción que dé cuenta de la gravedad que esta realidad implica, al pretender justificar corporativamente la muerte de dos jóvenes en nuestra provincia por balas policiales”.

En ese contexto, señalan que con “inacción o aquiescencia ante la violencia institucional este Estado provincial expone no sólo a ciudadanos y ciudadanas a la escalada de violencia estatal, sino también a las y los propios agentes de las fuerzas de seguridad, a quienes se termina por educar y empujar hacia la violencia, ejecutando delitos por los que tarde o temprano serán juzgados”.

“En estos días nuevamente queda bajo sospecha la actuación de la policía de Entre Ríos en el caso  José Luis González, quién luego de haber sido aprehendido por averiguación de antecedentes – por código contravencional- el día 17 de diciembre pasado denunció ante la Defensoría Pública hostigamiento por parte de los funcionarios policiales de la comisaría octava de Paraná, desapareciendo ni más ni menos que el paradigmático día 19 de diciembre y cuyo cuerpo fue encontrado el 21 del mismo mes, es decir mientras en la plaza 20 de diciembre conmemoramos las muertes en manos de la Policia de Entre Ríos de Romina Ituraín, Eloisa Paniagua y José Daniel Rodríguez. Es dable señalar que la detención de González no fue notificada ni a la justicia, ni a la defensoría, ni a fiscalía. Es decir estamos en presencia de un posible caso de desaparición forzada seguida de muerte en manos de la policía de Entre Ríos, lo que de confirmarse sería de una gravedad institucional escandalosa”, sostienen.