El Concejo Deliberante trata de desbaratar maniobra de abogado sinvergüenza que amenaza tumbar humildes viviendas con topadoras

La historia está en sus inicios, aunque el sufrimiento de las víctimas de un abogado se encuentra en su punto máximo. Amenazadas con perder sus casas que serán demolidas y tumbadas por topadoras, esa gente humilde y curtida encontró al fin y al cabo un lugar donde los atiendan y les permitan ver una luz al final del túnel: el Concejo Deliberante de Concordia, el que sin banderías políticas avanzarán en un proyecto de expropiación de las tierras para entregárselas luego en propiedad a los actuales ocupantes.

Ya quedan pocos ocupantes, varios de ellos tuvieron que acceder al afán de lucro del abogado que quiere “ver guita”. Algunos arreglaron pagando, otros se fueron y los menos aceptaron un terreno en el barrio Agua Patito, sin cloacas ni agua potable, pero de donde no serían desalojados por topadoras ni la fuerza pública.

El caso del usurero “Rubito”

“Rubito” Segovia era un conocido usurero de Concordia, el abogado sin escrúpulos que acudía a tribunales a ejecutar a personas que le habían pedido préstamos a tasas impagables era el mismo que hoy se presenta ante los pobladores desalojados y a desalojar como el “representante de los dueños”, pero que se ha descubierto que es dueño a través de una persona que utilizaría como “presta nombre” y que lleva su mismo apellido.

“Rubito” era famoso no solo porque sus actividades “non sanctas” eran archiconocidas por todos, sino también por manejar un automóvil deportivo rojo de alta gama con el cual se pavoneaba por la ciudad siempre rodeado de bellas mujeres.

Ese “tren” de vida suntuosa y bacanal estaba sustentada financieramente en las actividades usurarias de Segovia quien prestaba a tasas siderales y muchas veces, quienes pagaban, igualmente se veían obligados a volver a pagar pues “Rubito” los ejecutaba judicialmente.

Obtenían así, tanto el usurero como su joven y recientemente recibido “abogado”, dinero sucio proveniente del apriete y el delito de personas necesitadas que acudían al usurero como última alternativa.

La crueldad de “Rubito” no tenía límites pues así desalojaba personas y familias sin importarle nada, incluso llegó a ejecutar a un ciego con un pagaré que el hombre decía que ya había pagado pero que, aparte, no sabía que había firmado pues su discapacidad le impedía ver lo que firmaba. El abogado sinvergüenza presentó el juicio y el hombre desesperado acudió entonces, como el resto, a diario EL SOL, pidiendo el amparo que las autoridades no le daban.

Hay que “matar al mensajero”

El diario publicó una serie de notas que abrieron los ojos de la Justicia y del gobernador de esta época, Jorge Busti, quien recibió en compañía del fiscal de Estado a los damnificados y, en segundos, firmó la decisión de excluir como “procurador fiscal” al abogado que ejecutaba a ciegos y carentes.

Tiempo después, la AFIP cayó sobre el usurero y embargó cuentas y propiedades, el allanamiento fue realizado por fuerzas federales y al final “Rubito” fue despojado de bienes mal habidos.

Se supo que “Rubito” intentó contratar a mano de obra desocupada para atentar contra los periodistas de EL SOL que habían destapado el chanchullo y hacerlos pagar “con su vida”, la pérdida que le había significado que sus actividades delictivas quedaran expuestas a la luz pública.

No consiguió quien se animara a matar a alguien por pocos pesos. Como todo usurero “Rubito” era tacaño y ofrecía pagar la vida de alguien por poco dinero, no había tampoco sicarios que por 20 o 30 mil pesos matan hasta al Papa, como en Rosario donde una vida se valúa entre 10 mil a 100 mil pesos.

¿Dónde está ubicado el terreno?

¿Qué gestiones habían realizado las familias que viven en ese lugar?

Según la documentación a la que accedió EL SOL, numerosas familias habían gestionado ante el Intendente Bordet en el 2011 la adquisición del terreno y su pago en cuotas a las familias quienes podrían también recibir un crédito del IAPV para construir viviendas de interés social.

No se sabe por qué no fructificaron estas acciones o si todo se perdió en medio de la habitual burocracia estatal, lo cierto es que las familias fueron siendo sacadas, algunas trasladadas. Las que resisten el desalojo son solamente 7, que tienen ahora 30 días otorgado por el juez para desalojar si no van a pasar las topadoras.

El Deliberante local, a través principalmente del Concejal Domingo Gallo, pero con el compromiso de todas las bancadas en hacer cesar este estado de deshumanización del hombre por el lucro desmedido, se dictará una ordenanza de expropiación tendiente a que cese de inmediato esta espada de Damocles que pende sobre las últimas familias, mientras se insiste en que se debe incoar una denuncia penal para averiguar causas, circunstancias y demás por la cual un abogado sinvergüenza resulta ser el presunto propietario de esas tierras.