Editor
“Pueden trabajar en un equipo interdisciplinario, pero no tienen el título de informáticos que la ley exige para rubricar informes”, dijo la presidenta del Colegio de profesionales informáticos. Dio argumentos y detalles de la norma.
La presidenta del Colegio de profesionales informáticos de Entre Ríos (Coprocier), Silvia Aranguren, afirmó que los bioingenieros no están habilitados para realizar informes forenses. “Tienen otra incumbencia profesional, no la del informático. Si se entra a la página donde están las incumbencias profesionales de los bioingenieros dirá que se encargan peritar y auditar todo lo que sea equipamiento médico o de salud”, manifestó.
Al dar los argumentos al respecto, la titular del Coprocier informó que en la provincia “tenemos la ley 9.498 aprobada en el 2003. Esa norma regula el ejercicio profesional de los informáticos en Entre Ríos. Todo aquel profesional informático que trabaje en la provincia con título de grado tiene que estar matriculado” en el Colegio, consignó.
“Si no se estaría haciendo ejercicio ilegal de la profesión”, alertó. En orden a esto, destacó: “En la ley dice que para hacer pericias forenses tienen que estar matriculados. Yo soy perito (forense en) informática. En Entre Ríos trabajamos mucho para hacer pericias en computadoras, celulares, correos electrónicos y redes sociales. Eso lo tiene que hacer un profesional matriculado. Otro no lo puede hacer. Incluso si la pericia la pide un estudio de abogados particular”, reseñó.
“Trabajamos así en todos los fueros, menos en el penal donde no nos convocan. En el Laboratorio Forense (del MPF) hay profesionales matriculados informáticos pero la problemática mayor es que los informes los firman profesionales que no son informáticos, que son por ejemplo bioingenieros. El Ministerio Fiscal podría tener problemas por los informes que elaboran: los bioingenieros no deberían firmar. Pueden trabajar en un equipo interdisciplinarios, sí. Pero no tienen el título de informáticos que la ley exige para rubricar los informes”, remarcó.
Al respecto, consideró que “el Estado provincial debería respetar sus leyes. Y más si se habla de la Justicia. Cuando se abre la convocatoria para un cargo deberían tener en cuenta estas cuestiones: profesión, matrícula, el Colegio Profesional. La ley es del 2003, no es algo de hace dos años”.
Al momento de seleccionar personal, los tres poderes públicos deberían “tener en cuenta al momento de selección de personal de informática, jefaturas o de desarrollo a gente profesional de informática que esté matriculada”, exigió. En el abanico de profesionales que pueden registrarse según la ley en el Coprocier están los ingenieros y licenciados en sistemas, informática y computación. “Existen una gran gama de profesiones, varias terminales a nivel país de títulos de grado”, apuntó. “Las incumbencias profesionales son bien específicas, como las de los abogados y contadoras. Nuestro Colegio reúne a todos los que tengan títulos informáticos”, añadió.
Esta postura cobró relevancia a raíz de los informes que presentaron como pruebas en el juicio que se le sigue al ex gobernador Sergio Urribarri, ex funcionarios y particulares a los que se acusa de negociaciones incompatibles y peculado. Estos informes fueron firmados por los bioingenieros Guillermo Fritz, que analizó las computadoras y el disco rígido que está cuestionado como prueba por dudas sobre cómo se incorporó a la investigación, y Fernando Ferrari, quien trabajó sobre los celulares incautados en diversos allanamientos.
Las defensas remarcaron ante el Tribunal que a las operaciones de apertura y estudio de los instrumentos digitales no se las convocó, que Fritz y Ferrari no siguieron procedimientos protocolares y que ninguno de ellos tiene la expertise para realizar una pericia de estas características.
“En la última reunión de directorio que tuvimos y en el encuentro mensual de peritos forenses salió esta cuestión (por la situación de Fritz y Ferrari) porque llegó un oficio del Ministerio Público Fiscal al Colegio y le tuvimos que decir que esta gente no está matriculada”, narró Aranguren
Corresponde mencionar que tanto Fritz como Ferrari llegaron al Gabinete Forense en 2014, cuando la norma llevaba 11 años de vigencia. “En muchas dependencias del Estado se contratan profesionales que no tienen título afín”, cuestionó finalmente Aranguren.
.
