Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder al presidente Daniel Ortega, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en informe que señala "impunidad estructural".
Internacionales29/10/2021
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Los comicios ocurren en un "clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural", dijo la CIDH, un órgano de la OEA.
"Plan doloso para acabar con la democracia”
Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua son "un plan doloso para acabar con la democracia", concluye, por otra parte, un estudio divulgado este miércoles, elaborado por tres instituciones. Los autores de este trabajo son el observatorio nicaragüense Urnas Abiertas, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela.
El informe, titulado "Un plan doloso para acabar con la democracia", basó su conclusión en las acciones ejecutadas en el contexto electoral por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, quien busca su tercera reelección para un cuarto periodo consecutivo de cinco años y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
"Los resultados recopilados permiten concluir que los fundamentos legitimadores de un proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática", señalaron las organizaciones en su informe.
"Fuera de estándares democráticos de imparcialidad y transparencia”
El estudio identificó como violaciones al proceso electoral la "manipulación excluyente del padrón, persecución judicial de opositores, exclusión de candidaturas, uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas, y la falta de garantía de los derechos y libertades por parte del poder ejecutivo y la autoridad electoral".
La investigación resaltó además, que "la autoridad electoral actúa fuera de los estándares democráticos de imparcialidad y transparencia", debido a la supremacía sandinista en el Consejo Supremo Electoral. La cancelación de tres partidos de oposición y el arresto de siete aspirantes a la presidencia, según la investigación, demuestra el uso de "métodos ilegales y engañosos para eliminar toda competencia electoral".
Sin acceso a monitoreo del financiamiento
El estudio advirtió que "no se tiene acceso a formas de monitorear el financiamiento de los partidos políticos, convirtiéndose este factor en otra fuente opaca de financiación para el oficialista FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) y de prebendas para los partidos colaboracionistas que participan en las elecciones".
También destacó violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, como los "de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y movilización, irrespetando los principios de no discriminación y no intimidación".
Los autores exhortan a convencer a Ortega de "la suspensión o reprogramación de las elecciones", para que estas se celebren bajo principios aceptados internacionalmente, incluyendo la observación, así como "el cese de la represión, libertad plena para los presos políticos y la garantía de justicia y reparación", entre otros.
Como intendente del departamento de Canelones, Orsi llegó a reunir un 70 por ciento de aprobación. En 1989 votó en un referéndum a favor de la anulación de la Ley de Caducidad, también conocida como ley de impunidad.
"Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones", afirmó.
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