Un ministro británico admite que "el Estado les falló" a los residentes en el Grenfell.
Internacionales06/06/2021
Editor
El 14 de junio de 2017, una torre de apartamentos del céntrico barrio de Kensington, en Londres, ardió por completo. La torre Grenfell, formada por viviendas sociales y con una altura de 24 pisos fue consumida por las llamas. 72 personas perdieron la vida, incluyendo 18 menores.
Los propios bomberos se sorprendieron con la facilidad y fiereza con la que se propagaron las llamas. La clave, entendieron después, fue el revestimiento del edificio, compuesto por materiales altamente inflamables. Este hecho produjo un cambio legal en Reino Unido con difícil solución.
Tal y como recoge la BBC en un reportaje, con las nuevas leyes, cientos de edificios en Reino Unido pasaron de la noche a la mañana a ser considerados peligrosos, y necesitan nuevos revestimientos exteriores, sistemas de alarmas, balcones o puertas cortafuegos. Cada apartamento de estos edificios tendría que pagar unos 82.000 euros.
En el caso de Grenfell, los bomberos inicialmente aconsejaron a los residentes quedarse dentro de sus casas. Fue el peor consejo posible. Los paneles del revestimiento (cladding en inglés) eran de un compuesto de aluminio y plástico conocido como ACM (Aluminum Composite Material o Material Compuesto de Aluminio), que consiste en dos láminas de aluminio con un núcleo de polietileno entre ambas.
Una revisión reveló que existe gran cantidad de edificios como éste en todo Reino Unido. Los edificios son inseguros, algunos incluso construidos en el siglo XXI. El gobierno británico no ha publicado una cifra exacta del número de edificios que requieren cambios, pero el Partido Laborista, en la oposición, estima que el número de apartamentos afectados es al menos 1,3 millones.
El problema es que sus propietarios no sólo tienen que afrontar cuantiosos gastos para reformar el edificio y que se adecúe a la ley, sino que están 'atrapados' en ellos: no los pueden vender.
En 2019, la asociación que reúne a los inspectores de edificios, el Royal Institute of Chartered Surveyors, creó un nuevo certificado de seguridad de paredes exteriores, el EWS1.
Los edificios afectados no podrán obtenerlo hasta que completen las renovaciones, y sin ese certificado, los bancos no conceden préstamos hipotecarios a ningún potencial comprador. Y las propiedades, mientras sean calificadas como inseguras, tienen un valor de 0 para esos bancos.
Nadie asume responsabilidades
Ahora nadie asume responsabilidades. Las compañías constructoras argumentan que cuando construyeron esos edificios el uso de los materiales que ahora se prohíben era legal.
Los afectados piden cuentas al gobierno, ya que fue el Ejecutivo el que no aplicó las normas correctas. Downing Street ya ha reaccionado. El gobierno del primer ministro Boris Johnson anunció fondos por 5.000 millones de libras, casi 6.000 millones de euros, pero se estima que con ese dinero sólo se cubriría la reforma de un tercio de los pisos afectados, y además, está destinado a pisos de más de seis alturas, los considerados más peligrosos.
Para el resto de edificios, el gobierno ha prometido préstamos a muy largo plazo. Pero esto condena a los propietarios a endeudarse durante años y reduce el valor de sus apartamentos.
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