Vendieron el carro con su caballo, pero se arrepintieron aduciendo que estaban borrachos cuando hicieron la operación

Policiales 13/10/2021 Por Editor
El método habitual de resolución de conflictos en las zonas “calientes” de Concordia no se resuelve por la “mediación”, sino a los tiros.
CABALLOS

Esto ocurrió cuando una familia que había “pasado a cobre” su carro, incluyendo el caballo que lo traccionaba, en $ 40 mil nacionales, se arrepintió, al despertarse de una profunda borrachera y no tuvo mejor idea que ir a reclamarle la devolución de su unidad de trabajo  al comprador que se resistió a disolver el negocio, por lo cual se inició una discusión que fue subiendo de tono y de las palabras pasaron a la cintura.

Mientras uno desenfundaba una pistola calibre 22, con el cual habría iniciado una balacera, del interior de la casa, le respondieron con tiros de carabina, también de calibre 22.

Mientras los vendedores arrepentidos se retiraban, seguramente a buscar más munición, vecinos avisaron a la Policía, quienes llegaron en móviles de las Comisarías 8ª y 7ª. Avisado el fiscal Penayo Amaya, ordenó que se realicen allanamientos en búsqueda de las armas de fuego.

Así, los funcionarios policiales ingresaron a una vivienda de una de las familias involucradas en el tiroteo, encontrando una carabina calibre 22 largo con 4 cartuchos y 1 cartucho alojado en el cañón y munición  tanto  de  ese calibre como 32, las que fueron formalmente secuestradas y se detuvo a una persona de apellido Ojeda por el supuesto delito de Infracción a la Ley 20.429 “Tenencia ilegal de arma de fuego”.

Mientras en la vivienda de la otra familia involucrada se secuestró una pistola calibre22, 8 cartuchos de ese calibre y 1 cartucho calibre 14 y 1 réplica de arma de color negro a gas comprimido, la que también fue secuestrada y el fiscal ordenó la detención de un joven de 19 años, de apellido Medina por el presunto delito de Infracción a la Ley 20.429 “Tenencia ilegal de arma de fuego”.

Ambos fueron alojados en la Alcaidía a la espera de ser llamados por el juez de garantías para ejercer su derecho a defensa.

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