a jueza Cristina Pozzer Penzo hizo lugar a una serie de requerimientos de la querella que representa a la familia del niño de 9 de Julio y se avanzará con las consultas técnicas para estudiar la factibilidad de producir el drenaje de dos lagunas que se encuentran en el radio de interés de la búsqueda.
No se trata de una operación con fines necrológicos. El objetivo es abarcar la mayor superficie probatoria posible con el propósito de descartar hipótesis y en ese trayecto abrir posibilidades de encontrar nuevas evidencias.
Para tomar esa medida, la magistrada avanzó con el visto bueno a una solicitud de los abogados que comanda Alejandro Vecchi desde la querella en la individualización de las lagunas 1 y 4, según se presentan en el expediente.
Es que, a la necesaria preservación de esos ecosistemas, se añade la posibilidad cierta de que el drenaje afecte a los campos del perímetro. Y eso se torna aun más complicado en la actual situación de estrés hídrico que atraviesa Corrientes con elevada altura de los ríos y gran nivel en arroyos y lagunas.
Concretamente, la Justicia Federal eleva ahora a los ministerios de Seguridad y de Justicia de la Provincia este pedido de la querella sobre lagunas, rastrillajes y puntos en los que intervienen otros organismos oficiales, para que informen sobre la disponibilidad de recursos humanos y materiales.
Y asimismo, deberán indicar si esas medidas se realizaron con anterioridad y, en su caso, su resultado y la metodología nueva que permitiría superar sus limitaciones.
Junto a la determinación de avanzar con los estudios previos al drenaje de lagunas, la querella y el Juzgado de Goya también coincidieron en el requerimiento de una pericia geoespacial con el uso de herramientas de inteligencia artificial.
Para eso, se va a requerir al CUC que informe la factibilidad de la medida según la tecnología disponible.
NO HABRÁ NUEVA RECONSTRUCCIÓN
La reconstrucción de los hechos que desembocaron en la desaparición de Loan fue realizada oportunamente con orden judicial mediante un requerimiento de los abogados Marcelo Hanson y Jorge Monti, que representan a los imputados Daniel Ramírez y su pareja, Mónica Millapi.
Máxime si se tiene en cuenta que se trata de momentos que requieren de la participación de menores y adultos.
En el marco de las medidas tomadas vale señalar una particularidad: ninguna de las acciones propuestas surgió de la Fiscalía Federal de Goya, que actúa junto con la Procuraduría especializada en trata (Protex), que desde hace aproximdamanete un año no requiere diligencias.
En los últimos tiempos esa parte del Ministerio Público Fiscal sí ha apelado el sobreseimiento dictado sobre ocho imputados en el legajo que permanecía abierto sobre el presunto fin de trata ante la Cámara Federal de Corrientes, sobre la base de que el juicio oral se encuentra en pleno desarrollo y desde allí se podrían ventilar evidencias que sostenan esa hipótesis.
Vale señalar, el sobreseimiento dictado por la jueza Pozzer Penzo alcanzó a Millapi y Ramírez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, Victoria Caillava, el excomisario Walter Maciel y el policía retirado Francisco Amado Méndez.
