TABANO SC
Entre 206.000 y más de 300.000 manifestantes respondieron este martes 29 de septiembre a la convocatoria de ocho sindicatos, unidos contra la intención del gobierno francés de congelar los salarios de los funcionarios y aplicar un plan de ahorro de 54.000 millones de euros. El proyecto de presupuesto para 2027 debe presentarse este jueves ante la Asamblea Nacional.
Bomberos uniformados junto a docentes, policías, agentes de France Travail. Este martes, la función pública francesa salió a las calles en más de 170 concentraciones por todo el país. Según el Ministerio del Interior, participaron unas 206.000 personas de las manifestaciones y al menos 440 fueron detenidas. Por su parte, la CGT, central obrera de orientación comunista, declaró una cifra de asistentes superior a los 300.000.
Bomberos uniformados junto a docentes, policías, agentes de France Travail. Este martes, la función pública francesa salió a las calles en más de 170 concentraciones por todo el país. Según el Ministerio del Interior, participaron unas 206.000 personas de las manifestaciones y al menos 440 fueron detenidas. Por su parte, la CGT, central obrera de orientación comunista, declaró una cifra de asistentes superior a los 300.000.
Se trata de una demostración de fuerza calculada al detalle, ya que el próximo jueves 1 de octubre, el gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu debe presentar su proyecto de ley de presupuesto para 2027, la primera etapa de un proceso parlamentario que, una vez más, se prevé lleno de obstáculos.
Como dato significativo, la jornada estuvo encabezada por una coalición de ocho organizaciones —CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC y FA-FP— que reunió tanto a las centrales más combativas como a los sindicatos reformistas, tradicionalmente más proclives a la negociación.
En Francia, una unidad de este tipo rara vez es algo trivial: refleja un descontento que trasciende las divisiones habituales y otorga al movimiento un peso que el Ejecutivo difícilmente podrá ignorar.
En el centro de las reivindicaciones se encuentra el índice salarial, la unidad básica que se utiliza para calcular la remuneración de millones de empleados públicos. Tras mantenerse sin cambios desde 2023, el primer ministro anunció que volverá a congelarse en 2027.
En la práctica, esto significa que el próximo año no habrá ningún aumento salarial general en los tres ámbitos de la administración pública: el Estado, las administraciones locales y el sector sanitario.
Para los sindicatos, es la gota que desborda el vaso en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo. Tras varios años marcados por la inflación, consideran que los sueldos del sector público ya han quedado muy rezagados y que esta nueva congelación agravará las dificultades de contratación en profesiones que ya de por sí tienen problemas para atraer personal.
Esta congelación forma parte de un plan de austeridad de una magnitud excepcional. El gobierno francés prevé un esfuerzo presupuestario de 54.000 millones de euros para reducir el déficit público por debajo del 5% del PBI en 2027. Un objetivo que el Ejecutivo considera indispensable para estabilizar las finanzas del país y mantener su credibilidad ante sus socios europeos y sus acreedores.
“Este presupuesto es peligroso para el país”, advirtió Sophie Binet, secretaria general de la CGT, en plena manifestación. La líder sindical ha lanzado un ultimátum: según ella, el gobierno dispone de 48 horas para rectificar antes de la presentación oficial del texto. Los sindicatos temen que la mayor parte del esfuerzo recaiga sobre los servicios públicos y, por consiguiente, sobre los usuarios más vulnerables.
Los empleados públicos no estaban solos en las calles. Las organizaciones de estudiantes universitarios y de secundaria se unieron al movimiento, preocupadas por varias medidas previstas por el gobierno que podrían aumentar la carga económica de los jóvenes.
Entre sus quejas se encuentran la posible congelación de las ayudas al alquiler (APL), la revisión del precio de la comida a un euro en los comedores universitarios y un aumento de las tasas de matrícula. Los jóvenes denuncian una serie de ataques contra la educación superior y un agravamiento de la precariedad estudiantil.
La Unión Estudiantil había hecho un llamamiento para organizar asambleas generales en los campus y manifestar masivamente junto a los funcionarios. Esta convergencia amplía la protesta más allá del ámbito laboral, un factor que el gobierno deberá tener en cuenta ante la proximidad del debate presupuestario.
Más allá de las cuestiones salariales, la movilización refleja una inquietud más profunda sobre el estado de los servicios públicos. Bomberos, policías, estudiantes, docentes y agentes de France Travail exigen contrataciones estatutarias masivas y un ambicioso plan de refinanciación.
Tanto en las escuelas como en los cuarteles o en las oficinas de empleo, denuncian la falta de personal y una carga de trabajo creciente que, según ellos, pone en peligro la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
La presencia de bomberos y policías en las manifestaciones fue especialmente notable: esas profesiones, que rara vez se asocian con los grandes movimientos sociales, ilustran la magnitud del malestar que atraviesa todo el sector público.
Frente a las protestas, el gobierno esgrime un argumento de peso: el estado de las cuentas públicas.
Por coincidencia, el INSEE publicó sus últimas cifras el mismo día de la movilización. A finales de junio, la deuda pública francesa ascendía a 3,595 billones de euros, lo que representa el 119% del PBI, un nivel sin precedentes, su punto más alto desde 1946, cuando el país se reconstruía tras la Segunda Guerra Mundial.
El endeudamiento sigue acelerándose: aumentó en 59.600 millones de euros en el segundo trimestre del año, tras un aumento de 75.800 millones en el primero, periodo en el que representaba el 117,5% del PBI. Y la tendencia no parece que vaya a revertirse pronto. El propio gobierno prevé que la deuda alcance el 121,7 % del PBI en 2027, más del doble del límite del 60 % establecido por las normas europeas.
Esa realidad lleva al gobierno francés a justificar los recortes en diversos sectores de la sociedad. Y es verdad que cada año de retraso incrementa la carga de los intereses y reduce, en la misma medida, el margen de maniobra del Estado.
Por su parte, los sindicatos cuestionan el método: se niegan a que los empleados públicos y los servicios que prestan se conviertan en la principal variable de ajuste para el saneamiento de las cuentas.
La jornada del este martes marcó, en todo caso, el regreso de unas vacaciones veraniegas que promete ser agitado en el terreno social. El jueves, la presentación del presupuesto constituirá la primera prueba: ¿el gobierno hará algún gesto, aunque sea simbólico, hacia los funcionarios? ¿O mantendrá su postura de firmeza? De no haber apertura, la coalición sindical no descarta nuevas jornadas de protesta en las próximas semanas.
Pero, además, el examen del texto en el Parlamento prevé ser aun más delicado para el Ejecutivo, que se verá obligado a buscar apoyos para lograr la aprobación de un presupuesto de austeridad en un clima social degradado. Entre la exigencia de sanear unas finanzas públicas en mínimos históricos y la indignación de unos empleados que se sienten sacrificados, el gobierno de Sébastien Lecornu avanza por una cuerda floja. Y el otoño boreal no ha hecho más que empezar.
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