También subrayaron que la Justicia no aceptó una prueba presentada por la defensa: "Para probar que era una norma de carácter general, ofrecimos una pericia contable que tenía muchos puntos y que iba dirigida a mostrar cómo esos fondos se utilizaron y que estos fondos habían sido repartidos entre todos los empresarios que tenían obra pública. Esa negativa de prueba fue planteada en la causa y llevada hasta las últimas instancias".
Asimismo, se refirieron a la postura del máximo tribunal: "La Corte dijo que al momento de plantearse los recursos, esa prueba todavía estaba siendo discutida y entonces no había sentencia definitiva. La sentencia quedó firme, fue convalidada por Casación y finalmente la Corte no quiso darle trámite al recurso extraordinario. No dejamos de seguir investigando y encontrar los elementos de prueba que nutrían de manera objetiva de nuestra posición porque estamos convencidos de que la verdad, en algún momento, iba a salir a la luz".
En este marco, los abogados de Cristina explicaron la nueva prueba que presentaron ante la ONU. "El 6 de agosto, en el marco de la causa Cuadernos, compareció un testigo a propuestas de la Fiscalía. Es un testigo funcionario de la Dirección Nacional de la Vialidad y fue convocado para generar una explicación sobre una base de datos incorporada a la causa a través de un Excel y en esa base de datos había una enorme cantidad de información que el testigo explicó", señalaron.
"La planilla tenía casi 80 columnas y esas columnas fueron despejadas uno por uno por el testigo. La Fiscalía le preguntó qué había en esa planilla y una de las informaciones era algo que no habíamos podido ver con anterioridad, que era cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso. Cristina fue condenada por la mala utilización de los fondos del fideicomiso por haber dictado un decreto haciéndonos creer que ese decreto sólo había beneficiado con fondos a Lázaro Báez y aparecía ahora una información de todo lo que la Dirección Nacional de Vialidad había invertido en obra pública con fondos de ese fideicomiso entre 2009 y 2015", agregaron.
En tanto, recordaron las medidas realizadas: "Cuando vimos eso, pedimos esa información e iniciamos una investigación de una manera muy limitada ya que no tenemos conocimiento en materia económica y vimos en esa prueba que cuando se hablaba de la utilización de los fondos que se le dieron a la Dirección Nacional de Vialidad a través del DNU nos encontramos con que entre 2009 y 2015, es decir lo que se juzgó y por lo que se la condenó a Cristina, la inversión era enorme, pero cuando miramos lo que se le asignó a Lázaro Báez, era menos del 1%".
"Nos encontramos con que había una serie de empresas que estaban en el primer ranking que no tenían nada que ver con el Gobierno de aquel entonces y que las empresas de Lázaro Báez estaban muy relegadas. Me puse en contacto con mis dos colegas porque esto excedía la importancia de lo que estamos discutiendo sobre el derecho interno y era una prueba que debía ser exhibida de manera objetiva y llevarla a la ONU", señalaron.
La presentación también cuestiona el proceso judicial que terminó con la condena de la expresidenta, su posterior encarcelamiento y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según los letrados, durante el proceso se vulneraron ocho garantías contempladas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el escrito, la defensa sostiene que la condena tuvo como objetivo impedir una futura candidatura de Cristina Kirchner y cuestiona la legalidad de la inhabilitación de por vida. También plantea objeciones sobre la atribución de responsabilidades administrativas a la exmandataria y sostiene que se afectó su derecho a ejercer una defensa adecuada.
Las ocho violaciones que denuncia la defensa de Cristina Kirchner
Los abogados plantearon ante la ONU presuntas vulneraciones de distintos derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
Derecho a votar y ser elegido: sostienen que el proceso buscó impedir una futura candidatura y que la inhabilitación perpetua restringe de manera indebida sus derechos políticos.
Derecho a un juicio justo: cuestionan que se le hayan atribuido responsabilidades sobre actos administrativos que, según la defensa, no estaban dentro de sus competencias constitucionales.
Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial: denuncian irregularidades en la asignación de causas y cuestionan la independencia de jueces y fiscales por sus presuntos vínculos con dirigentes opositores.
Presunción de inocencia: afirman que durante el proceso existió desde el comienzo una presunción de culpabilidad contra la expresidenta.
Tiempo y medios adecuados para preparar la defensa: sostienen que se incorporaron elementos probatorios de otros expedientes sin que la defensa tuviera una posibilidad efectiva de controvertirlos.
Revisión de la condena por un tribunal superior: cuestionan que la Cámara de Casación haya analizado de manera efectiva los planteos realizados por la defensa.
Prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos: señalan que 49 de las 51 obras públicas analizadas en la causa ya habían sido investigadas previamente y que esos procesos habían terminado con archivos o sobreseimientos.
Derecho a un recurso efectivo: sostienen que el sistema judicial argentino no brindó una vía efectiva para revisar la condena y cuestionan que la actual composición de tres miembros de la Corte Suprema permita un examen independiente.
