La red ferroviaria estatal tiene bajo su órbita 7.600 kilómetros de vías repartida en tres líneas (General San Martín, General Urquiza y General Belgrano) que recorren la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.

Los motivos detrás de la privatización del Belgrano Cargas

El Gobierno busca atraer inversiones privadas al Belgrano Cargas ofreciendo a los futuros adjudicatarios el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que promete beneficios fiscales y financieros para quienes apuesten por el sector. La idea oficial es que este mecanismo genere mayor interés, más competencia en las ofertas y, en consecuencia, mejores condiciones para el desarrollo de la red ferroviaria.

En la práctica, la decisión implica que el Estado se retira del negocio del transporte de cargas y transfiere toda la operación al sector privado por medio de contratos de medio siglo. Los concesionarios manejarán desde las vías hasta los trenes, con la expectativa de mejorar la eficiencia y atraer capital. Sin embargo, también supone que el control estatal sobre un servicio estratégico desaparece, dejando en manos de empresas privadas la gestión de un sistema clave para la logística nacional.