Comienza el juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de un paciente y las lesiones gravísimas a cinco mujeres

Lotocki está detenido desde octubre de 2023 por disposición de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Además, el médico fue condenado a ocho años de prisión por estafa y por las lesiones graves causadas contra Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi,

La acusación por homicidio

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Pablo Rechini, el 16 de marzo de 2021 Zárate asistió al consultorio de Lotocki, ubicado en la calle Florida al 600, en el barrio porteño de Retiro, y acordó realizarse una lipoescultura y dermolipectomía a cambio de 6.500 dólares. El médico le entregó tres órdenes para que se realizara un análisis de sangre y orina, un electrocardiograma y una radiografía de tórax.

Días después, la pareja de Lotocki —que trabajaba como su secretaria— contactó al damnificado y le indicó que lo operarían en CEMECO. Luego, le enviaron a la asistente de Lotocki los resultados de los estudios, de los que surgía que había padecido COVID-19 y que tenía Diabetis Mellitus de grado II. Por este motivo, el imputado le recetó una medicación.

La cirugía, que debía realizarse el 9 de abril, se pospuso hasta el 15 de ese mes. Aquella mañana, Zárate “Cemeco”, ubicada en la calle Colpayo 20 del barrio porteño de Caballito, para realizarse la intervención programada, que consistía en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo, tales como “cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, cara anterior del abdomen, pelvis, región lumbar y sacra y glúteos”, según publicó el sitio fiscales.

De acuerdo con el requerimiento, “por el impacto que estas múltiples vías de abordaje pueden ocasionar, sumado al estado general del paciente, hubiera sido médicamente aconsejable efectuar los distintos procedimientos a los que fue sometido Zárate, en diferentes etapas o actos quirúrgicos”. En la investigación, Lotocki “salió del quirófano por el lapso aproximado de cuarenta minutos, dado que tenía una audiencia virtual con su letrada, en los que habría dejado a cargo de la intervención a sus ayudantes. Luego habría regresado para hacer la plicatura y cierre”.

Siempre según la reconstrucción realizada, tras la operación Zárate fue llevado a una habitación, donde lo asistió una enfermera que notó algo inusual en su drenaje. Eso fue comunicado a Lotocki, quien dispuso que Zárate volviera a ingresar al quirófano, donde le reabrió una de las heridas.

En la mañana del viernes 16 de abril, tras pasar la noche dolorido y sin poder dormir, el paciente se descompensó y fue intubado, al tiempo que personal de la clínica se comunicó con su obra social, desde la que enviaron una ambulancia. Los médicos que arribaron en el vehículo advirtieron la complejidad del cuadro y convocaron a una segunda ambulancia. Los profesionales que intervinieron señalaron que el hombre estaba “mal intubado”. En ese momento, el paciente sufrió un paro cardíaco, y falleció luego de que intentaran reanimarlo.

“Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento”, resaltó el fiscal. Además, lo acusó por la alteración de la historia clínica.

En agosto de 2024, el representante del MPF consideró que la contadora y directora de la clínica, Andrea Isabel Torelli, el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández también debían ser juzgados como coautores del homicidio simple.

Además, en ese requerimiento, se consideró a la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek -acusada de haber ocultado el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores- como autora del delito de encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave.

Lesiones gravísimas a varias mujeres

En junio de 2024, el fiscal Pablo Turano requirió que Lotocki vaya a juicio oral por los daños “de carácter permanente y potencialmente incurables” ocasionados en el cuerpo y la salud de Yésica Forti, que fueron resultado de las intervenciones quirúrgicas que le realizó en 2016, 2019 y 2021.

En su denuncia, la mujer aseguró que en los tres quirófanos en que se llevaron adelante las intervenciones no tenían el equipamiento médico de emergencia. Aseguró que el post operatorio fue realmente doloroso y que el acusado, desde el principio, intentó “manipularla” mostrándole sus imperfecciones para realizarle la mayor cantidad de cirugías posibles.

En el mismo requerimiento, el fiscal analizó los daños sufridos por Sandra Viviana Dominguez luego de las intervenciones que le realizó el acusado entre 2009 y 2015. En la primera, le aplicó un producto que le generó inflamación en glúteos y piernas y que requirió de otros procedimientos adicionales para destruir esas formaciones con utilización de cánulas y bisturí y administración de anestesia local. Según la denuncia, se trataría de metacrilato.

Para el fiscal, los procedimientos a ambas mujeres consistieron en la introducción de material “de relleno”, de carácter permanente, para lograr volumen en diferentes partes del cuerpo y en glúteos en ambos casos, y cuya procedencia, naturaleza, marca y cantidades aplicadas no han sido debidamente informadas a las pacientes en forma previa a sus intervenciones, ni asentadas en las historias clínicas que debían ser confeccionadas.

“Se ha probado que Lotocki utilizó productos químicos cuya naturaleza, cantidades, proporciones en relación a otros elementos orgánicos no se puede dilucidar, máxime cuando sólo el imputado sabe qué producto compró, a quién, cuánto y cuándo, ya que debe recordarse que el nombrado admitió que los adquiría a un operador ‘en negro’, por lo que carecían de toda documentación que permitiera establecer que se tratara de una sustancia importada legalmente y conforme lo requerimientos estatales”, recalcó y consideró que debía ser juzgado por el delito de lesiones gravísimas con dolo eventual, reiteradas en dos ocasiones.

En diciembre de 2025, el fiscal Recchini consideró que Lotocki le causó “daños en el cuerpo y en la salud” a Julieta Cuadros como consecuencia de una lipoescultura realizada en julio de 2011. Según señaló, en la intervención se habrían usado uno o más productos desconocidos por la víctima, en cantidad y calidad ignoradas (“aludidos por ella como ‘Metacrilato’ o ‘Polimetacrilato’”) sin informarle debidamente los riesgos posibles o probables del uso de esas sustancias en el cuerpo o la salud de la persona.

También en diciembre del año pasado, el fiscal Turano requirió la elevación a juicio de la causa donde se investigan los daños en el cuerpo y la salud ocasionados a Paola Auzmendi tras una serie de intervenciones quirúrgicas realizadas en 2009, donde también habría utilizado metacrilato o alguna sustancia similar

“Se le atribuye asumir él las consecuencias al usar esos productos sin la aprobación de la intervenida al no saber sobre los riesgos a los que se exponía por no haber sido informada debidamente. Riesgos que se concretaron en la generación de modificaciones corporales en la región glútea y miembros inferiores en las zonas referidas del tratamiento, aumento de consistencia, asimetrías y palpación de irregularidades y nódulos dolorosos”, se describió.

En julio de este año, el fiscal Turano lo señaló como responsable de las lesiones gravísimas sufridas por Beatriz Verger, a raíz de una intervención quirúrgica que le realizó en el verano de 2010. En este caso, también se habrían utilizado “ uno o más productos desconocidos por la víctima, en cantidad y calidad ignoradas, sin informarle debidamente los riesgos posibles o probables del uso de esas sustancias en el cuerpo o la salud de la persona”.

“El derecho de toda persona a decidir sobre las prácticas médicas que se realizan sobre su propio cuerpo exige que cuente previamente con información suficiente, clara y comprensible acerca de la naturaleza del procedimiento, los materiales a utilizar y los riesgos involucrados. Esa obligación, que recaía sobre el imputado en su calidad de profesional de la salud, no se efectuó”, se puntualizó en el requerimiento de elevación a juicio.