Fentanilo contaminado: detienen a la ex titular de la ANMAT y se llevan datos clave del Ministerio de Salud

La causa que investiga 114 muertes por fentanilo contaminado de las firmas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo sumó un nuevo capítulo este martes, con dos novedades. Por un lado, con una orden de requerimiento de información al Ministerio de Salud de la Nación, que esta mañana debió facilitar a las autoridades judiciales documentación que consigna las entradas y salidas de personas a esa cartera, entre 2024 y 2025. Por otro, con las detenciones de dos importantes ex funcionarias de la ANMAT.

En concreto, el juez federal a cargo de la investigación, Ernesto Kreplak, ordenó las detenciones de las dos responsables clave en el control de medicamentos en la Argentina: la ex titular de la ANMAT, hasta enero de este año, Nélida Agustina Bisio, y Gabriela Mantecón Fumado, quien, debajo de Bisio, dirigió hasta agosto de 2025 el área de farma propiamente dicha. Puntualmente, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

Si bien sobre ambas detenciones rige el secreto de sumario, medida que se dictó previo a la feria judicial de invierno, precisamente para avanzar con estos operativos, que en el caso de Bisio ocurrió en la localidad de Quilmes, donde reside la mujer.

De acuerdo a fiscales.gob.ar, la hipótesis fiscal sostiene que "las exfuncionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado, que culminó con casi un centenar de fallecidos y más de cuarenta lesionados".

Y agrega: "Las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones.

Por ello, la justicia encuadró la conducta de las ahora acusadas en los artículos 200 y 201 bis del Código Penal. El primero se refiere a cuando se "envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas". Mientras que el segundo fija penas de 3 a 25 años de prisión si ese accionar provoca lesiones leves, lesiones gravísimas o la muerte de alguna persona.

En cuanto al requerimiento judicial al Ministerio de Salud, cartera que conduce Mario Lugones, el operativo se inició a las 10 de la mañana de este martes, confirmaron fuentes oficiales.

Hay que recordar que en julio de 2025 Lugones había manifestado que el Ministerio sería querellante en la causa, por la que entonces se contabilizaban una cincuentena de muertes. Y, sin embargo, en agosto, sólo unas semanas después (pero los decesos por las bacterias en el opiáceo contaminado ya subían a casi 100) la Justicia Federal determinó revocar esa posición y excluir al Ministerio de Salud de su rol de querellante.

El argumento era que el Ministerio quedaba en una posible posición contradictoria, ya que podría haber intereses contrapuestos, dada la obvia responsabilidad de esa cartera sobre la propia ANMAT y en cuanto a la circulación y consumo de medicamentos en el país.

Consultados por este tema, desde Salud indicaron que "se está brindando toda la documentación solicitada sobre ingresos y egresos al ministerio", como se hizo "desde el inicio de la investigación", en sintonía con "respetar y acompañar el trabajo de la Justicia para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades".

Sumaron que acompañan "a los familiares, que merecen conocer la verdad". Consultados por la presunta detención de Bisio, aclararon que "hasta este momento, el ministerio no fue notificado ni tiene confirmación oficial de ninguna otra medida, por lo que no se harán especulaciones".

El sinuoso camino del fentanilo contaminado

El escándalo se inició en mayo de 2025, cuando trascendieron las primeras muertes de pacientes en el Hospital Italiano de La Plata, producto de las infecciones letales que les produjeron una serie de bacterias multirresistentes presentes en el fentanilo que los médicos les habían dado para sedarlos. Se trata de un opiáceo usualmente administrado en los centros de salud que, sin embargo, había sido producido por los fabricantes con malas prácticas de manufactura.

Así quedó probado por estudios rigurosos realizados por el Instituto ANLIS-Malbrán, al tiempo que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue determinando, en estos meses, la relación entre las muertes y las bacterias halladas en las ampollas de fentanilo.

Desde un comienzo se especuló con la posibilidad de que la ANMAT, el organismo que debe controlar la producción, distribución y comercialización de medicamentos en el país, podría haber tenido una actuación débil frente a las endebles y desprolijas prácticas de los laboratorios HLB y Ramallo. Esa desprolijidad fue oportunamente corroborada por la investigación en base a pruebas contundentes. Entre muchas otras, los propios testimonios de ex empleados de esos laboratorios, según consta en el extenso expediente de esta causa.

En cuanto a la ANMAT, las duras hipótesis sobre un no tan riguroso control sobre HLB y su usina de producción, Ramallo, produjeron, a lo largo de meses, un desgaste en quienes encabezaban el organismo, lo que derivó en la salida (para muchos, con demasiado delay) de dos funcionarias cruciales para ese organismo.

Primero, en agosto de 2025, la de Gabriela Mantecón Fumado, que conducía el INAME y ahora está detenida. Y en enero de este año, la de Nélida Bisio, también detenida ahora y un cuadro técnico histórico relevante para ese organismo. Tanto, que si bien es sabido que el ministro Lugones hubiera removido a Bisio meses antes, no era fácil encontrar un reemplazo. El cargo finalmente fue ocupado a comienzos de 2026 por el actual director de la ANMAT, el ex titular de la prepaga OSDE Luis Fontana.

Más allá de su salida de la ANMAT, Bisio y Mantecón Fumado quedaron todo este tiempo en la mira. La pesquisa todo este tiempo intentó reconstruir qué controles realizó la ANMAT, cómo respondió frente a las inspecciones que habían detectado deficiencias y si hubo omisiones que permitieron que el fentanilo contaminado siguiera circulando antes de su retiro del mercado.

El allanamiento y la presunta detención profundizan una causa que es considerada una de las mayores tragedias sanitarias de los últimos años en la Argentina. Hasta ahora el expediente había avanzado principalmente sobre los responsables de los laboratorios productores del fentanilo contaminado (con Ariel García Furfaro como figura emblemática de una serie de 13 imputados). Ahora, con esta decisión, la Justicia pone también el foco en la eventual responsabilidad de los organismos públicos que debían controlar la fabricación, comercialización y recupero de los lotes cuestionados.