Los argumentos del peronismo para rechazar la ley de previsión social que sancionaron los diputados.

El bloque de diputadas y diputados «Más Para Entre Ríos» se opuso en la sesión de este miércoles a la ley de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio.

Esta determinación ratifica la postura institucional y el mandato expreso de las autoridades partidarias, legisladores y la Liga de Intendentes. Se basa “en una certeza técnica, política y social ineludible: se sabe con absoluta precisión cómo esta reforma perjudicial impactará sobre los jubilados actuales y sobre los trabajadores estatales; y como contrapartida, el Ejecutivo no ha podido demostrar cuál es el beneficio concreto para la Provincia ni en cuánto se reducirá el déficit previsional con estas medidas de ajuste”.

El bloque cuestionó además el debate en comisiones “formalmente abierto pero sustancialmente estéril, ya que la bancada oficialista no aceptó modificar en nada el texto” con media sanción.

Silvina Deccó profundizó en el modo en que el proyecto vulnera normativa vigente, aspecto al que también se refirió Mariel Ávila poniendo foco en el capítulo de la emergencia previsional.

Andrea Zoff cuestionó “el avasallamiento” a las comunas y municipios y manifestó que tal cuestión contradice la Constitución provincial y Silvia Moreno remarcó que la propuesta “solo tuvo el apoyo de dirigentes del oficialismo o de sectores empresarios”, lo que expondría el sustento político e ideológico del texto.

Lorena Arrozogaray cuestionó la urgencia del tratamiento y replicó la afirmación del oficialismo acerca de la falta de contrapropuestas por parte de la oposición: “Si hubo, pero no se las atendió”, dijo.

Enrique Cresto lamentó la decisión del gobierno de Frigerio, al que caracterizó como “totalmente aggiornado” a un “gobierno de entrega como es el de Javier Milei”. Aseguró que la ley “va a correr la misma suerte que las leyes 8706 y 9235 (de cesantías de empleados públicos) y todas las leyes que vulneraron derechos y garantías constitucionales”.

El dirigente de Concordia pidió disculpas “a todos los que lucharon y a quienes presentaron proyectos alternativos” porque no se los tuvo en cuenta. “Que se queden tranquilos los trabajadores y los jubilados, que siempre que hubo gobiernos de ajuste no duraron mucho tiempo y después volvieron las reivindicaciones”, afirmó.

Yari Seyler criticó el debate en comisiones y pidió explicaciones por “la distancia que existe entre lo que el gobierno dijo y lo que escribió en el texto”. “En febrero, en la Asamblea Legislativa, el gobernador Rogelio Frigerio dijo ‘salvamos la caja de la provincia’. Y el diputado Sarubi, respecto a este tema, dijo que el Gobierno redujo el déficit del 64 al 42 %. Pero el gobernador dijo ‘cuando asumimos tenía un déficit del 42%’. No estoy entendiendo. Y hoy el déficit es cerca de la mitad. La mitad de 42 estamos es 21. Si la caja estaba salvada, como dijo el gobernador, ¿por qué necesita hoy que declaremos su emergencia? Y si esta caja de jubilaciones de nuestra provincia está en emergencia, ¿qué fue exactamente lo que salvaron?”, apuntó Seyler que negó que persista el 82% móvil con el cálculo de la nueva ley.

Juan José Bahillo se enfocó en desmentir la frontera entre sector público y sector privado. “No existe una confrontación entre el sector público y privado como pretendió instalar el gobierno, ya que no hay ningún impuesto en la matriz impositiva de la provincia que financie la Caja de Jubilaciones”, dijo y criticó la afirmación de la existencia de “privilegios” para los trabajadores estatales.

Laura Stratta, presidenta de la bancada, aseguró que el proyecto “no es el único camino posible como se pretende imponer”. Asumió que hay “un problema que atender, pero no una catástrofe como se intenta presentar que habilite a legislar con apuro, reducir salarios y modificar derechos previsionales permanentes. No compartimos la lógica del ajuste y de la vulneración de derechos. Sí la lógica de pensar en cómo logramos la sostenibilidad del sistema”.

Stratta insistió con “innumerables observaciones respecto a la constitucionalidad y a la utilización de la emergencia o la urgencia para hacer cambios estructurales y de fondo”. “Hay una delegación de facultades de parte de esta Legislatura al Poder Ejecutivo que no sólo es un cheque en blanco sino que es un retroceso en la calidad institucional”, subrayó la diputada que dijo que su bloque no defiende “corporativismo ni privilegios” sino que se trata de “defender la salud, la educación, la seguridad y la justicia de todos los entrerrianos”. Por eso sostuvo que defender hoy a los trabajadores públicos “es defender las escuelas abiertas, los hospitales funcionando y la seguridad en nuestras calles. Es defender, ni más ni menos, que al Estado provincial al servicio de su gente”.

Fuente: Página Política