Situación en las cárceles: déficits estructurales, opacidad informativa y retroceso normativos

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) dio a conocer el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles federales y en el documento se expuso que durante el último año hubo déficits estructurales, opacidad informativa y retroceso normativos.

En cumplimiento del artículo 25 de la Ley 25.875, el pasado 28 de mayo se remitió a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo en el Congreso el Informe Anual sobre los derechos humanos en las cárceles federales.

El documento, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, detalla que persiste el problema de la sobrepoblación y el alojamiento en condiciones de grave hacinamiento, sobre todo en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Unidad N°5 ubicada en la ciudad de General Roca. Foto: Agencia NA (PPN)

En el escrito se denuncia que más de 2.339 personas se encuentran actualmente alojadas en centros transitorios porteños que no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de encierro.

Acerca de la situación nacional, a diciembre de 2025, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) reportó 12.152 personas detenidas en las cárceles: 11.164 varones (91,9%), 954 mujeres (7,8%) y 34 personas trans (0,3%). Del total, el 63% contaba con condena firme y el 37% se encontraba en prisión preventiva.

En los últimos dos años, la población detenida creció un 5,4% (2024) y un 3,6% (2025). El año pasado, el SPF declaró un aumento de 516 plazas.

Un dato aportado por la PPN es que hasta el momento no se dispone de información actualizada y desagregada por establecimiento penitenciario, debido a que se dejó de publicar esos datos en el sitio web oficial. La última actualización disponible corresponde a un informe del 2024.

Unidad 4 ubicada en la ciudad de Santa Rosa. Foto: Agencia NA (PPN)

Reclamos y hábeas corpus

Este medio supo saber que se documentaron 332 casos de malos tratos en cárceles federales y en otros lugares de detención. Además, se reportaron 48 muertes, de las cuales 14 fueron violentas: seis por ahorcamiento, siete en el marco de incendios y una a causa de traumatismos.

Durante 2025, la PPN recibió 19.539 reclamos, principalmente vinculados a problemas de salud, trabajo, comunicación con la defensa, hacinamiento y acceso a la justicia.

Como todos los años frente a las denuncias presentadas, se realizaron monitoreos constantes en cárceles, comisarías y en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires, así como en dependencias de fuerzas federales.

Además, la Procuración emitió seis recomendaciones sobre expulsión anticipada, derecho a la salud en comisarías y alcaidías, acceso al trabajo, falta de profesionales de la salud, regulación de visitas entre personas detenidas y prevención de registros corporales intrusivos.

Se intervino en 45 hábeas corpus colectivos para reclamar mejores condiciones de detención. Uno de los más representativo, presentado en marzo, impugnó la Resolución 372/2025 que restringió el acceso a la educación superior de las personas detenidas en cárceles federales al prohibir el funcionamiento de centros de estudiantes y limitar el acceso a los espacios de estudio fuera del horario de cursada.

El impacto de la Reforma Laboral

Al cierre del documento, se anunció un fuerte retroceso en materia de acceso al trabajo en contextos de encierro a través de la implementación de diversas resoluciones ministeriales y mediante la reducción de las horas laborales de las personas detenidas.

Las autoridades explicaron que este proceso se profundizó con la Reforma Laboral aprobada a fines de febrero de 2026 (Ley Nº27.802), la cual avanzó en la limitación del derecho al trabajo de este colectivo al excluirlo del régimen común previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.

Comisaría Vecinal 8 A de Lugano. 

Frente a este escenario, la PPN presentó objeciones constitucionales a las disposiciones que derogan artículos clave de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

En síntesis, el informe anual 2025 expone un sistema penitenciario con persistentes déficits estructurales, opacidad informativa y retroceso normativos, al tiempo que reafirma el rol activo del organismo en defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.