Tiene dictamen del Senado el proyecto que crea un nuevo Juzgado de Garantías en Concordia

Este martes los senadores dieron dictamen favorable a un proyecto para crear un Juzgado de Garantías en Concordia, que se tratará en la próxima sesión. Se analizaron además cuatro proyectos con media sanción: deuda pública; deudores alimentarios; ética pública; y pensiones especiales. Dieron su aporte el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, y la diputada provincial Lorena Arrozoga.

Desde el mediodía la Comisión de Legislación General analizó dos proyectos: uno con media sanción de la Cámara de Diputados por el que se deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia; y por otro lado una iniciativa por la que se crea un Juzgado de Garantías con asiento en Concordia.

Sobre este último, y ante un pronunciado volumen de trabajo en la jurisdicción de Concordia, desde el Superior Tribunal de Justicia se elaboró el proyecto de ley con siete artículos en el año 2023, para la creación de un Juzgado.

El secretario de Justicia señaló que existen situaciones complejas en cuanto a penal y familia en la jurisdicción, en tanto luego de un breve intercambio, la titular de la comisión Nancy Miranda, y los miembros de la misma, decidieron dar el dictamen favorable para que el proyecto sea tratado en el recinto por el pleno.

Pensiones vitalicias

Por otro lado, se continuó con el abordaje del proyecto de ley del Poder Ejecutivo con media sanción, por el que se deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, la cual sancionada en 1964, establecía una pensión vitalicia para exgobernadores y exvicegobernadores.

Maneiro argumentó el texto elaborado por el Poder Ejecutivo y apuntó al cambio en el espíritu de la ley en su momento, que era de protección a quienes ejercieron cargos honorables en caso de ser necesario. Algunos senadores expresaron sus dudas sobre determinadas situaciones que pudieran darse, en tanto se habló de poder cambiar algunos términos de la redacción. El proyecto continuará en estudio en el marco de la comisión.

Cabe recordar que en sus siete artículos estipula que ningún funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal, podrá ser beneficiario de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia, que no provengan del sistema de jubilaciones ordinario, a excepción de las que provengan de la Ley Nº 7849 de Mérito Cultural y Ley Nº 9216 Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

En cuanto a los beneficios reconocidos durante la vigencia de la Ley 4.506 y sus modificatorias, continuarán abonándose, excepto algunos supuestos que se contemplan en el proyecto. En el artículo 5º habla de la caducidad del beneficio si reciben condena penal en determinados delitos.

Al dictarse la sentencia de segunda instancia o, de quedar firme la de primera instancia, la misma será comunicada por el Juez o Tribunal interviniente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, para que proceda según lo establece la ley. A los efectos de esta ley, es aplicable la caducidad cuando exista sentencia condenatoria coincidente en Cámara revisora, asegurando el doble conforme en igual sentido; sin perjuicio de los recursos extraordinarios que pudieran corresponder. En caso de revocarse la sentencia condenatoria, el beneficio será restablecido en forma retroactiva.

Deudores alimentarios

A las 10 de este martes se llevó adelante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde los senadores miembros dieron tratamiento al proyecto de ley por el que se incorporan artículos a la Ley N° 9424 de creación del Registro de Deudores Alimentarios, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Se establece que en todo evento cultural, deportivo o cualquier otro que implique una erogación para su entrada, deberán prohibir el ingreso a quienes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios. Así también en las Salas de Juego y Casinos de la Provincia de Entre Ríos deberán prohibir la entrada a quienes se encuentren en dicho Registro, en tanto su implementación se hará de forma progresiva.

El presidente de la comisión, Juan Pablo Cosso, dio intervención vía remota a la autora, la diputada provincial Lorena Arrozogaray. La legisladora definió que el proyecto comprende a las personas que en el lapso de un año han incumplido tres meses de cuotas consecutivas, o cinco alternadas. Asimismo apuntó que no se busca castigar sino priorizar los derechos del niño, y que si bien no sería una solución se trata de una herramienta más. En cuanto a números, la diputada asistida por su equipo de trabajo manifestó que son aproximadamente 900 deudores, y alrededor de seis de cada diez no cumple con las cuotas y muchas veces no es por falta de dinero.

Los senadores presentes escucharon a la diputada y expresaron posturas y dudas sobre su implementación principalmente. El senador Cosso confirmó que la iniciativa seguirá en estudio en el seno de la comisión.

Transparencia y Ética Pública

Desde las 11 se desarrolló una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos con el fin de analizar el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados sobre Transparencia y Ética Pública. Junto a los titulares de las comisiones, Miranda y Cosso, y el resto de senadores que participaron de las comisiones anteriores, se sumaron Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) y Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos).

El proyecto del Poder Ejecutivo con media sanción de la Cámara de Diputados tiene 42 artículos, y es reglamentaria de los Artículos 37 y 40 de la Constitución de Entre Ríos. El objeto es  regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública.

Tiene como finalidad brindar publicidad, transparencia y ficha limpia de las personas humanas y de sus actos jurídicos. Establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas humanas que se desempeñen en cualquiera de sus tres poderes sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes establezcan en situaciones particulares o similares para algunos funcionarios y empleados públicos en particular.

El invitado, secretario de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Julián Maneiro, se explayó sobre el contenido de la iniciativa. Manifestó que incluye nuevas temáticas, incorpora declaraciones juradas más completas y públicas.

En cuanto a ficha limpia, adujo que puede prestarse a confusión con la ley nacional, en tanto en el caso de la provincia se habla de establecer un requisito de idoneidad para acceder a un cargo.

Maneiro señaló como importante también en el proyecto la amplitud de los delitos contemplados, dolosos o graves.

También se estipula un régimen de obsequios, que excluye regalos de cortesía, y busca evitar por ejemplo el tráfico de influencias y marca pautas de conducta. En cuanto a incompatibilidades, si bien hay una ley antigua, ahora se intenta zanjar algunas interpretaciones con funcionarios que asumen dos responsabilidades, se establece un parámetro. 

(APFDigital)