El hijo de una de las jubiladas dijo que Adorni le debe otros 65.000 dólares "por afuera"

Según indicaron fuentes de la causa a diario La Nación, Feijoo, señalado como el principal articulador de la compraventa, sostuvo que ese pago adicional se habría pactado de manera informal, fuera del registro oficial, para compensar el precio de venta.

Por un lado, el precio quedó por debajo de las valuaciones del mercado. En declaraciones recientes, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi aseguraron que el departamento llegó a ofrecerse en 375.000 dólares y que podría haberse concretado una venta en torno a los 345.000.

El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito.

Por otro lado, la estructura de pago también llamó la atención de los investigadores. Adorni habría abonado solo 30.000 dólares al momento de la operación, mientras que el resto del monto, es decir, más del 85% del valor, fue diferido hasta noviembre de este año mediante una hipoteca sin intereses, un esquema poco habitual en este tipo de transacciones.

La declaración de Feijoo introduce ahora un nuevo elemento: la existencia de un acuerdo paralelo por 65.000 dólares no registrado formalmente, lo que podría modificar la interpretación de la operación y su impacto en el análisis patrimonial del funcionario.

El fiscal Pollicita avanza en un relevamiento más amplio sobre los gastos y el nivel de vida de Adorni en los últimos años, con el objetivo de determinar si existe coherencia entre sus ingresos declarados y las operaciones realizadas. En ese contexto, la operación en Caballito aparece como uno de los ejes centrales de la investigación.

En paralelo, la Justicia ya trazó la hoja de ruta para las próximas semanas.

El fiscal fijó para el 6 de mayo la declaración de Leandro Miano (vinculado a la otra propietaria), a quien se le exigió presentarse con su teléfono celular y comprobantes de gastos de la vivienda. Por último, la testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad del funcionario en el country Indio Cuá, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa.