La Iglesia se metió en el debate por la imputabilidad de menores: "Bajar la edad no baja el delito"

Por medio de una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, la Iglesia Argentina marcó una clara posición en uno de los debates más sensibles de la agenda actual: la baja de la edad de imputabilidad penal. En el escrito, fechado el 8 de febrero de 2026 y firmado por Cáritas Nacional y las comisiones episcopales de Pastoral Carcelaria y de Pastoral Social, expresaron su rechazo al proyecto de Nuevo Régimen Penal Juvenil.

“Más oportunidades que penas”, publicado en 2025 por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y se apoya en la experiencia territorial de la Iglesia en barrios populares, parroquias, escuelas, centros barriales y Hogares de Cristo. En estos espacios se trabaja cotidianamente con niños, adolescentes y jóvenes en contextos de alta vulnerabilidad.

“Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, sintetiza el título y eje central de la carta, que también suma el respaldo de organismos e instituciones como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, asociaciones de psicólogos, psiquiatras, magistrados y defensores de derechos de la niñez.

Un pedido de escucha
En el texto, la Iglesia local reconoce que fue convocada al debate parlamentario de uno de los temas del momento. No obstante, cuestiona que sus aportes -así como los de otras organizaciones especializadas- no han sido tenidos en cuenta ni se ven reflejados en el contenido del proyecto de ley.
“A decir verdad, hemos sido ‘escuchados’; sin embargo, no vemos reflejados nuestros aportes en el proyecto”, destacan.

Al mismo tiempo, los obispos remarcaron que acompañan a víctimas de delitos y que conocen de cerca el dolor que genera la inseguridad, especialmente en los sectores más pobres. Sin embargo, advierten que el uso del dolor social con fines mediáticos o electorales impide una discusión seria sobre las causas estructurales del delito juvenil.

“El delito existe, y no es una opción no hacer nada. Pero creemos que es un error abordarlo desde propuestas simplificadoras”, sostienen.

No hay condiciones reales para una reforma seria
Uno de los puntos más críticos que plantea el documento -que cuenta con seis páginas- se refiere a la falta de condiciones institucionales y presupuestarias para implementar un nuevo régimen penal juvenil. En ese sentido, la Iglesia se pregunta si el Estado está en condiciones de garantizar tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, atención en salud mental y dispositivos adecuados para la reinserción social.

Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza y presidente de la Confederación Episcopal Argentina.
“¿Estamos preparados para ello o se debe prever un tiempo prudencial para la entrada en vigencia de cualquier ley que modifique el régimen vigente?”, interpelan a los legisladores, al tiempo que resaltan el contexto de desfinanciamiento de políticas sociales que impacta de lleno en la niñez y adolescencia.

Evidencia científica y constitucionalidad
En otro de los apartados de la carta -y con un extenso argumento-, los referentes sociales y religiosos cuestionan la baja de la edad de imputabilidad desde una perspectiva científica y jurídica. En ese sentido, recuerdan que el cerebro adolescente aún está en desarrollo, especialmente en áreas vinculadas al control de impulsos y la toma de decisiones, lo que pone en duda la lógica de aplicar penas de adultos a menores.

De esta manera, rechaza el trillado y repetido eslogan “delito de adulto, pena de adulto”, mientras que sostienen que la intervención penal debe ser la última respuesta, priorizando el rol de los Juzgados de Familia y del sistema de protección integral de derechos para los menores de 16 años.

Incluso, advierten que el proyecto presenta “serios cuestionamientos de constitucionalidad”, al contradecir la Constitución Nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos y la Ley 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en 2005). También consideran que se apunta a habilitar medidas regresivas, como por ejemplo la privación de libertad de niños no punibles.

Más castigo, más violencia
Con los datos regionales como sustento -y con conocimiento de causa-, la Iglesia subraya en la carta abierta a los legisladores nacionales que los países con edades de imputabilidad más bajas registran mayores tasas de homicidios, mientras que Argentina -con una edad mínima de 16 años- se encuentra entre los países menos violentos de la región.

De hecho, aclara que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en delitos es mínima: apenas 0,42%, y que en su mayoría se trata de delitos contra la propiedad, no hechos graves.

“El ingreso temprano al sistema penal no sólo no resuelve el problema, sino que profundiza el daño”, reafirman, y proponen otras alternativas como la Justicia Restaurativa para adolescentes mayores de 16 años. Según destaca, esta herramienta reduce la reincidencia a niveles cercanos al cero.

Dirigida a los legisladores, pero un llamado a toda la sociedad
Aunque en su cabeza se puede leer "Carta abierta a los Legisladores Nacionales por el Proyecto del Nuevo Régimen Penal Juvenil", en la práctica la carta no se dirige solo al Congreso. Por ello mismo es que la Iglesia la difundió como carta abierta, porque apunta a interpelar al conjunto de la sociedad y poner en discusión qué modelo de país se quiere construir.

La Iglesia se metió en el debate por la edad de imputabilidad: "Bajar la edad no baja el delito"
 Foto: Imagen ilustrativa
“Lo que está en juego no es solo una ley, sino la concepción misma de persona”, advierten en el documento.

Para el cierre, la Iglesia cita una frase del Papa Francisco. “Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez”, al tiempo que vuelve a insistir en una idea central: los adolescentes no son una amenaza, sino “presente y esperanza”.

En síntesis, el mensaje de la Iglesia resalta que, frente al narcotráfico, la pobreza y la falta de oportunidades, más castigo no es la respuesta. Y concluye en que la salida sigue siendo la misma: educación, políticas públicas sostenidas y oportunidades reales para una vida digna.

UNICEF pidió una "alineada con estándares internacionales"
UNICEF también se metió en el debate, con un comunicado donde explayan argumentos en sintonìa con los esbozados por la Iglesia argentina. En ese sentido, desde Fondo de las Naciones Unidas para la Infancias destacaron que Argentina necesita avanzar en un debate amplio y responsable para sancionar una Ley de Justicia Penal Juvenil que esté en línea con los estándares internacionales de Derechos Humanos y con la evidencia científica disponible (en sintonía con el pedido de la Iglesia).

El organismo advirtió que cualquier reforma debe priorizar un sistema especializado, con garantías efectivas de acceso a la justicia, debido proceso y medidas proporcionales, orientadas a la prevención del delito y de la reincidencia.

Desde el organismo remarcaron, además, que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental, indispensable para que todas las personas -incluidos niños, niñas y adolescentes- puedan vivir plenamente en comunidad. Sin embargo, subrayaron que ese derecho debe garantizarse respetando los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce las particularidades del desarrollo madurativo durante la adolescencia.

En ese sentido, UNICEF recordó que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que, entre los 12 y 13 años, la madurez cognitiva y la capacidad de comprender plenamente las consecuencias de los actos aún están en desarrollo, debido a la inmadurez de áreas clave del cerebro vinculadas al control de impulsos y la toma de decisiones. Esta realidad es la base del principio de inimputabilidad penal y del carácter diferenciado que debe tener la justicia juvenil.

Por ello, el Comité recomienda que los Estados establezcan una edad mínima de responsabilidad penal no inferior a los 14 años y exhorta especialmente a los países que ya la fijaron en 15 o 16 años (como Argentina) a no reducirla bajo ninguna circunstancia. Además, remarcó que la respuesta estatal debe centrarse en retirar a los adolescentes del entramado delictivo, intervenir sobre las causas estructurales (abandono escolar, consumos problemáticos, violencia y captación por grupos criminales) y construir alternativas reales de inclusión social.

El organismo advirtió además que la privación de la libertad, cuando se utiliza como respuesta habitual, genera entornos de violencia que favorecen la reincidencia y dificultan la reinserción educativa y laboral. Estudios internacionales y regionales muestran que los adolescentes privados de libertad reinciden en altos porcentajes, mientras que las medidas alternativas presentan mejores resultados.