Bullrich empuja la baja de la edad punible, pero las provincias reclaman fondos para los nuevos centros de detención

La jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich recibió este viernes a la madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado por un grupo de menores en Santa Fe, y se comprometió a avanzar con la baja de edad de imputabilidad. Pero el debate se complejiza en la Cámara de Diputados: los dialoguistas advierten que el consenso llega hasta 14 años, en lugar de 13, y exigen además que la Nación transfiera fondos a las provincias para generar los centros de detención donde deberán alojarse los delincuentes.

Bullrich se mueve como figura todoterreno en el Congreso: mientras encabeza las negociaciones por la reforma laboral, se puso al hombro la nueva Ley Penal Juvenil. En ese marco, volvió a calzarse el traje de ministra de Seguridad para reunirse con Romina, la madre del joven de 15 años oriundo de la localidad de Santo Tomé que fue víctima mortal de un ataque a puñaladas perpetrado por tres adolescentes, una de 16 años y dos de 14.

El proyecto del Gobierno volverá a discutirse las próximas semanas, una vez que se conforme el plenario de comisiones encargado de dictaminar, al mando de la cordobesa Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza). El debate no será fácil para el oficialismo: desde distintas bancadas dialoguistas advierten que el acuerdo para bajar la edad punible (actualmente fijada en 16 años) llega hasta los 14 años y no 13, como pretende Bullrich.

 
El año pasado, el dictamen que estableció los 14 años contó con aval del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el radicalismo no mileísta y provinciales hoy nucleados en Unidos e Innovación Federal. “Por parte de muchos de nosotros, no van a conseguir los 13 años. Partimos de 14 porque en la región es 14”, explicó un diputado entendido en el tema, que descartó de plano que prospere la propuesta original del Ejecutivo.

Pero además, se coló la cuestión fiscal y desde las provincias reclaman que la Nación garantice el presupuesto para los nuevos centros de detención de menores, que serán administrados por los gobiernos locales. Por si fuera poco, el debate llega en un contexto donde las provincias también perderían recaudación por la baja de la alícuota del impuesto a las Ganancias que está establecida en la reforma laboral.

 
“Este esquema de ‘Estado policial’ que quiere Bullrich, si no tiene un correlato en inversión, va a ser un verdadero fracaso”, sentenció ante este medio un integrante de las comisiones que debatirán el proyecto. “La infraestructura carcelaria es el tema principal, porque si se agravan las penas, hay que meterlos presos. Todos los delitos de más de tres años de pena son con prisión. ¿Dónde vamos a colocar a los jóvenes cuando hoy las cárceles ya están sobrepasadas, si no hay presupuesto de Nación?”, se preguntó la fuente.

El impacto fiscal del proyecto del Poder Ejecutivo es completamente desconocido. Y, a contramano de lo que el propio Javier Milei declama, tampoco se especifica cómo se financiará. Esta semana, el diputado Maximiliano Ferraro, del interbloque Unidos, requirió formalmente que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elabore un informe sobre el costo de la iniciativa.

 
“Entiendo que este pedido será saldado y resuelto con la debida urgencia, en tanto el análisis del impacto fiscal y de las implicancias presupuestarias de las iniciativas legislativas constituyen un criterio reiteradamente invocado por ustedes y por el bloque de La Libertad Avanza como condición necesaria para su tratamiento”, planteó el “lilito” en una nota enviada a Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal.

 
El cuerpo de Jermías Monzón fue hallado el 22 de diciembre pasado en un galpón abandonado frente al estadio de Colón de Santa Fe, aunque el crimen ocurrió el 18 de ese mes, cuando el joven fue emboscado por sus homicidas. El brutal asesinato fue filmado y el video circuló en redes sociales y mensajes de WhatsApp. La principal sospechosa es una excompañera de colegio de Monzón, de 16 años, pero hay otros dos implicados de 14.

“La mamá de Jeremías está como cualquier mama que torturan y matan a su hijo de esa manera. El Gobierno, que ya venía trabajando en la Ley Penal Juvenil, decidió poner el tema en extraordinarias para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así, no podemos seguir teniendo Jeremías que sigan siendo asesinados por menores que vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, dijo Bullrich en una rueda de prensa tras el encuentro.

Por su parte, Romina sostuvo que si el régimen penal hoy sería otro, los asesinos no estarían libres. “El crimen de ‘Jere’ fue un crimen sádico por donde se lo mire. Lo planificaron, lo ejecutaron, lo disfrutaron, se filmaron, hicieron un montón de cosas atroces para esconder las pruebas, para que no lo encontremos”, describió junto a sus abogados, que también participaron de la reunión con Bullrich.