El Senado discutirá la adhesión a la Ley Olimpia y un programa provincial de prevención de violencia digital

La discusión legislativa avanzará esta semana luego de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción a dos iniciativas que buscan unificarse. En ese marco, el Senado comenzará a debatir proyectos que buscan detener la violencia de género digital en la provincia, un paso considerado fundamental para adaptar el marco normativo a los nuevos escenarios de agresión y vulneración de derechos en entornos digitales. La Comisión de Legislación General será la encargada de analizar los textos y promover un dictamen unificado.

Según lo previsto, las y los legisladores comenzarán a trabajar este miércoles 10 en la evaluación conjunta de ambas propuestas. La primera de ellas es promovida por el diputado Juan Rossi e impulsa la adhesión de Entre Ríos a la Ley Olimpia, sancionada a nivel nacional en 2023. Esta ley incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género y obliga a los estados a desarrollar políticas de prevención, educación y sensibilización.

La normativa nacional define a la violencia digital como cualquier acción que afecte la integridad, la seguridad o la dignidad de mujeres y diversidades mediante tecnologías de la información. Asimismo, promueve campañas de concientización y fomenta el uso responsable de los entornos digitales dentro de una perspectiva de derechos humanos.

Dos iniciativas para un mismo objetivo
La segunda propuesta que integrará el debate pertenece a la diputada Silvia Moreno, junto con la exlegisladora Mariana Farfán. Su proyecto busca crear un programa provincial destinado a la prevención, sensibilización y concientización sobre violencia de género digital. Ambas iniciativas apuntan a fortalecer el acompañamiento institucional frente a una problemática en crecimiento.

Entre las medidas contempladas se destacan campañas de difusión en medios y redes sociales, capacitaciones en escuelas públicas y privadas, y acciones destinadas a promover el respeto por los derechos humanos en el uso de tecnologías. También se propone brindar orientación a víctimas sobre cómo resguardar pruebas digitales y realizar denuncias ante los organismos competentes.

La autoridad de aplicación del futuro programa sería la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Con esta estructura, el proyecto aspira a consolidar una política pública integral que articule prevención, asistencia y educación digital.