Emergencia en Discapacidad: el Gobierno quiere evitar la implementación y prepara la judicialización de la ley

Por primera vez desde el inicio de la actual gestión, la oposición le volteó a la Casa Rosada un veto presidencial. Se trata del rechazo de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que propone regularizar el pago a prestadores y actualizar aranceles. Ante el inminente éxito de la oposición para insistir con esa legislación, el Gobierno ya estaba comenzando a diseñar su estrategia judicial para evitar su aplicación.

Después de varias batallas legislativas, el Gobierno parece haber encontrado su propio límite con el reclamo proveniente de diferentes sectores sociales y políticos para que se actualicen partidas y financie programas para la población con discapacidad. El oficialismo de La Libertad Avanza se vio afectado por la descomposición de la relación que tenía con diferentes legisladores y sectores aliados, producto de las tensiones políticas que se acarreaban en los últimos meses, que encontraron su corolario en el cierre de listas del fin de semana pasado.

 Casa Rosada estaba estudiando desde hace días un anuncio de mayores fondos para el sector de discapacidad. Este buscaba convencer a los diputados que podían llegar a apoyar a LLA si es que el Ejecutivo daba gestos de colaboración. El objetivo era que se ratificara el veto, pero que el oficialismo mostrara una válvula de escape para que el rechazo social (ante un tema de altísima sensibilidad) no fuera tan marcado, y que varios legisladores se animaran a votar con el Gobierno.

“Fue un último recurso para convencer a algunos diputados, pero el partido ya estaba jugado”, afirmaron fuentes de la Casa Rosada. El vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en sus redes esta mañana que el Gobierno “está considerando” un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. “De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas”, explayó. El anuncio se limita a esto y no pretende no extenderse a otras áreas de la salud ni a las jubilaciones.

En el Gobierno aseguran que la aplicación y el alcance de la medida de discapacidad sigue en estudio. Esto hace probable que ahora que el veto pueda caerse, el Ejecutivo no aplique ese anuncio. El avance político que pueda tener depende directamente de la Presidencia, excediendo a lo que dispongan desde el Ministerio de Salud o la ANSES.

En tanto, el rechazo del veto que logre la oposición al pasar por el Senado va a ser judicializado por la Casa Rosada. “Supongamos que me rechazan el veto, yo lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero", había dicho Milei semanas atrás.

Hay dos vías probables: una es alegar la presunta ilegalidad de la sesión del Senado con la que se logró conseguir la sanción de la Ley, marcando que la convocatoria de las sesiones son atribuciones presidenciales; la otra es denunciar que la oposición le impuso una normativa al Poder Ejecutivo Nacional sin tener las respectivas fuentes de financiamiento para poder llevarla a cabo. Este último punto es el más probable.

La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) calculó en su informe de Impacto Fiscal que la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene un impacto de entre 0,25% y 0,45% del PIB. El número sería mayor por diferentes medidas incluidas en la Ley que no son posibles de estimar. El Gobierno está dispuesto a hacer concesiones en varias de las medidas, a excepción de las nuevas altas de las pensiones, la que acarrea el mayor costo fiscal.

Impacto fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad
La estrategia del Gobierno estaría basada en decir que están dispuestos a incrementar ciertas partidas y programas referidas a la discapacidad, pero que lo harán en base a la restricción presupuestaria que tienen. Afirman que en el paquete judiciable entrarán los montos extra que la oposición quiere que ejecute el Gobierno y que, supuestamente, no están en capacidad de implementar. La vía donde surgirá esa futura judicialización no está clara: una vía puede ser el Fuero Contencioso-Administrativo.

Hasta ahora, el Gobierno solo tiene una solución de corto plazo, el incremento efectivo de las partidas a través de cambios presupuestarios; y una de mediano plazo: comenzar a dar de baja beneficiarios que reportan al Incluir Salud (que es como una cobertura sanitaria que depende de fondos del Ministerio de Salud y no de ANSES, como sí lo son las pensiones por invalidez) y que esos fondos luego sean reasignados para actualizar los montos de las prestaciones. Esta política no sería de aplicación inmediata.

El ministro de Salud, Mario Lugones, estuvo el lunes por la tarde reunido con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Esta mañana también visitó al asesor presidencial, Santiago Caputo. Después de este encuentro, al integrante del Triángulo de Hierro lo visitó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, mantiene constantes contactos con Caputo. En principio está acordado que Milei no implemente ni incremente ninguna partida regida por aquella Ley de Emergencia. Se excusarán judicializándola.

Qué contempla la Emergencia en Discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual tiene jerarquía constitucional en Argentina. La normativa establece que el Estado debe adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para asegurar el acceso a educación, salud, rehabilitación, protección social, trabajo y condiciones de vida adecuadas para este colectivo, bajo un enfoque de derechos humanos y alejándose del antiguo modelo médico-asistencial

El proyecto contempla, entre otras disposiciones, el financiamiento de pensiones no contributivas, la regularización de prestadores de servicios bajo la Ley 24.901, la actualización mensual automática de aranceles de prestaciones básicas, la protección de los prestadores, y una redefinición de la certificación de discapacidad conforme a estándares internacionales.