
La Corte Suprema cierra el caso Ilarraz por prescripción: el cura había sido condenado por abuso de menores
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
Eran casi las 17.30 del 12 de julio de 2016 cuando el agricultor Jorge Phol, de la Colonia Santa Margarita en el departamento San Salvador, alertó a la Policía sobre una avioneta que había caído en su campo, ubicado sobre la ruta 38.
Judiciales04/01/2025Se trataba de un Centurión 2000 Cessna. Tenía una hélice doblada y el tren de aterrizaje roto. No había rastros del piloto. En el interior del aeroplano, los agentes policiales informaron que había combustible derramado. Sin embargo, eso no impidió que los perros detectaran rastros de droga. Así lo cuentan las crónicas periodísticas de la época que, además, aportaron otros datos: no fue fácil acceder al lugar por la lluvia caída en semanas previas al aterrizaje, y porque era una zona rodeada de campo arado tras la cosecha de arroz. Los primeros indicios relevados orientaron las suposiciones sobre un piloto de nacionalidad paraguaya, experimentado, que pudo hacer el aterrizaje sin estrellar el avión contra el piso, debido a un desperfecto mecánico. Además, se conjeturó que había logrado hacer la entrega de droga en destino, y que el avión estaba de regreso cuando descendió en la zona de San Salvador. Tiempo después, algunas de esas versiones que circularon en la provincia de Entre Ríos fueron desestimadas, en el marco de una investigación federal mucho más amplia, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Por entonces, el jefe de Policía de San Salvador era Pablo Rojas. “Todo hace indicar que el vuelo sería ilegal”, alertó el funcionario policial en ese momento, y detalló que la cabina sería abierta y se pasarían los canes rastreadores. Sus agentes rastrillaron la zona. Pero la pesquisa en la provincia nunca arrojó resultados contundentes. No se encontró al piloto, tampoco se pudo probar de dónde salió el avión, y si efectivamente entregó la droga en destino. En el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Seró, se formó un expediente. Se ordenó precintar la zona. Se pidieron datos de la aeronave a Interpol, y quedó bajo custodia policial.
Tiempo después, la nave pasó al depositario judicial por orden del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. El encargado de la custodia, designado por el juez Seró, fue Marcelo Alejandro De Dio, un piloto de la zona que vuela aviones y cuenta con un hangar en las afueras de San Salvador (además de piloto, actualmente De Dio se convirtió en pastor de la Iglesia Testigos de Jehová y tiene niños bajo custodia). El Centurión 2000 Cessna-210, matrícula ZP¬BAO, secuestrado en julio de 2016, fue trasladado desde el campo donde aterrizó al centro de la ciudad. Quedó bajo a un tinglado ubicado sobre calle Presidente Perón, entre 25 de Mayo y 3 de Febrero, a la vista de todos. Fueron los propios vecinos de San Salvador quienes alertaron a Noticias y Hechos que el avión estaba siendo “desguazado”. Después la avioneta despareció de ese lugar.
El 23 de octubre de 2019, el juez Seró archivó la causa por el Artículo 195 segundo del Código Procesal Penal de la Nación, es decir porque no había delito o no se podía proceder con la investigación. En el marco de ese expediente federal, el presidente del Club de Planeadores de Concepción del Uruguay, planteó un incidente de entrega que nunca se resolvió.
Las versiones sobre el paradero del Cessna-210, lo ubicaban en Córdoba. Se dijo que había sido vendido por 25 mil dólares a un ciudadano de la provincia mediterránea. En efecto, el jefe departamental de Policía, Leonardo Morales, acreditó esos dichos a Noticias y Hechos en los últimos días de 2024.
“No quiero que se llene mi casa, ni mi pista de narcos”
Después de algunos intentos infructuosos, Marcelo De Dio (quien fuera designado judicialmente como responsable de la avioneta) respondió las consultas de Noticias y Hechos. “Se lo di a unos chatarreros, eran latas nomas”, dijo y acusó a dos funcionarios de Toxicología de la Policía por “haber sacado los equipos” más valiosos del avión.
“Sí, era el responsable, depositario judicial de la avioneta”, admitió De Dio. “Hace casi cuatro años, cuando arrancó la pandemia, lo trasladé al hangar con mis otras avionetas, lo llevé porque empezaron a aparecer personas raras en mi casa preguntando por ese avión. Es más, vino el presidente del Aeroclub de Rosario del Tala, que se lo habían cedido y no lo quiso llevar porque estaba muy desguazado por ellos (NdR: Gendarmería) y policías que se llevaron elementos, los GPS más caros. Todos los equipos más sofisticados que tenía, desaparecieron en el momento”, aseguró. “La última persona que apareció preguntando por la avioneta, si se lo podía llevar porque lo pensaban reconstruir, era de una escuela de perfeccionamiento aeronáuticos que estaba sobre la ruta 22. A los pocos días hubo un operativo ahí, encontraron un avión con matrícula uruguaya, ese tipo era un tal ‘Nano’ de Concordia. Cuando eso pasó, agarre la avioneta y la saqué de mi casa. Avisé que el avión iba a estar en tal lugar, y que no me hacía más responsable. Lo llevé al campo. Hasta allí también fueron personas preguntando por la nave. En la época de pandemia hubo varias tormentas. Pedí a funcionarios de Toxicología que se llevaran la avioneta pero nada. Una tormenta lo hizo un bollo y lo dejó contra las vías. Pedí muchas veces que lo saquen. Es más, a mí me hicieron desarmar las alas, desguazarlo. Todo con la promesa de pagarnos el trabajo, según esos policías. Creo que a uno de ellos lo echaron. La cuestión es que andaba gente muy pesada. Yo tengo mis hijos, mi familia, no quiero gente de ese estilo. Y ya quedaba poquito del avión, las chapas revolcadas, se habían llevado todos los equipos, todo”.
“Un día pasaron esas personas que se llevan bidones y chatarras. Cargué las chapas que había de la avioneta, las corté con una amoladora, y se las cargué a esa gente. Tomen, llévenselo, no quiero ver más esto acá. De eso hace 3 años aproximadamente. Me cansé de pedir a los policías que se lo lleven. Habían pasado 5 años”, relató.
De Dio dijo que uno de los funcionarios de Toxicología lo amenazó, pero nunca hizo la denuncia porque “no vale la pena”. Por otra parte, reconoció que el Juzgado de Concepción del Uruguay lo tiene como “depositario judicial”. “Tendré que responder, prefiero responder a la Justicia y no a los narcos, que se llene mi casa, mi pista de narcos”.
“A mí me la enchufaron a la avioneta. Ellos me pidieron que lo desarme (en referencia a los policías), que el Juzgado Federal me pagaría, como nosotros tenemos conocimiento en la mecánica de avioneta de ese tipo. Me voy a presentar al Juzgado Federal, si me quieren meter preso, que me metan”, indicó.
Al ser consultado por la supuesta venta en 25 mil dólares a una persona de Córdoba, De Dio expresó: “Pero qué voy a vender esa porquería en 25 mil dólares, era un montón de latas. Lo que realmente valía lo sacaron ellos antes de dármelo. No responsabilizo a nadie, pero los funcionarios que estuvieron a cargo del operativo sacaron elementos para llevarlos al Juzgado supuestamente, para ser analizado, ver la ruta que había recorrido el avión. El tablero del avión, cuando lo traje, estaba totalmente pelado, los agujeros tenía. Por eso, cuando vino el de Rosario del Tala dijo ‘esto es imposible de armar, todo lo más caro le falta, conviene comprar uno nuevo y no armar esto’. Era una lata con hierro”.
El subjefe de la Departamental San Salvador, comisario Luna, también fue consultado al respecto y no pudo dar una respuesta.
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
El viernes 20 de junio se cumplio un año del trágico choque frontal en la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 223, que dejó un saldo devastador: cuatro jóvenes trabajadores muertos en el acto. El responsable del otro vehículo implicado en el siniestro fue Juan Ruiz Orrico, funcionario del gobierno provincial de Rogelio Frigerio y dirigente histórico del PRO. A pesar de haberse comprobado que manejaba con alcohol en sangre, Orrico continúa en libertad, sin restricciones, ni fecha de juicio confirmada. Las familias, en cambio, apenas si logran sostenerse entre el dolor, el reclamo incansable y la indiferencia judicial.
En la audiencia para obtener la aprobación constitucional del Senado de Entre Ríos, el actual fiscal interino, Martín Nuñez, dijo que cada fiscal tiene en tratamiento un promedio de 1.000 causas y que esto trae stress a los encargados de manejarlas, exponiendo ante los senadores que "se necesitan más fiscales en Concordia."
Germán Davico pudo ser intendente de Gualeguaychú en 2023 por un fallo del Tribunal Electoral de la provincia que quedó jaqueado porque la Procuración General se expidió por admitir la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la candidatura del referente de Nueva Generación, que fue electo intendente. El duro pronunciamiento sostuvo que hubo “una interpretación sesgada, equivocada de la manda constitucional que le ha hecho decir a la norma principal aquello que no dice”.
Se trata de la fiscal interina, Josefina Beherán, aspirante a titularizar en Gualeguay. Se alegó la ausencia de acceso constitucional válido al cargo; su actuación deficiente y selectiva en causas de corrupción policial y narcotráfico; y la violación del principio de objetividad y legalidad en su ejercicio actual del cargo. Se indicó que archivó una causa por robos en la que luego se probó que los autores eran los policías encargados de investigarlos, algo que la fiscal no advirtió ni denunció.
No hay estabilización a los 12 metros, la realidad superó a los pronósticos y ahora se pronostica para mañana martes 1 de julio, la cota en el Puerto de Concordia a 12,40, mientras sube la cota de la represa a 35,50 para contener la masa hídrica que baja del norte.
La Selección Argentina de Talla Baja regresará a Concordia para su última etapa de preparación rumbo a la Copa América 2025, en Paraguay.
La agencia de Lotería de Calabacilla, zona ubicada entre Puerto Yeruá y el Peaje de la Ruta 14, en el Municipio de Estancia Grande, Departamento Concordia, vendió una de las boletas ganadoras del sorteo del Quini 6 de este domingo 29 de junio. El apostador o apostadora afortunado o afortunada ganó casi 800 millones de pesos.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
Mientras el agua avanza con la fuerza implacable del río, lo único que retrocede es la presencia del Estado. Vecinos del barrio María Goretti, en Concordia, sobreviven en una situación límite: no solo tienen parte del barrio anegado por la creciente, sino que también fueron privados del suministro eléctrico por una medida preventiva dispuesta por la Cooperativa Eléctrica que, en lugar de ser acompañada por asistencia, los dejó completamente desamparados.