La impugnación extraordinaria que presentó el exgobernador Sergio Urribarri contra la decisión de la Cámara de Casación Penal, que el martes 19 de noviembre dispuso su encarcelamiento con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná, no se tramitará en forma oral sino escrita.
Judiciales03/12/2024
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Este lunes se conoció una resolución del presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Ángel Giorgio, en la que dispuso que en procura de «preservar la resolución de las causas dentro de un plazo razonable, máxime atendiendo al estado de privación de libertad de los encausados, corresponde, excepcionalmente, sustanciar por escrito el trámite», y así evitar «dilaciones emergentes de aguardar que la disponibilidad de la agenda permita la continuidad del trámite».
En ese contexto, dispuso «sustanciar por escrito el trámite», correr traslado a los defensores por el término de 5 días «a fin de que hagan uso del derecho de presentar mejora de los recursos de impugnación extraordinaria interpuestos».
Ya quedó conformado el tribunal para tratar la impugnación extraordinaria de Urribarri –a quien defienden Fernando Burlando, Javier Baños y Lepoldo Cappa- y de Aguilera –representado por Marcos Rodríguez Allende y Miguel Cullen- luego del rechazo a la inhibición que había presentado la vocal Gisela Schumacher, que había argüido “violencia moral” por cuanto a raíz de un pronunciamiento previo en la causa Megajuicio, en la que Urribarri fue condenado a 8 años de prisión, fue denunciada ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Son tres presentaciones. La primera, impulsada por el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, fue rechazada; pero resta una segunda, ampliatoria de la primera; y otra de la ONG Entre Ríos sin Corrupción. La Sala Penal, conformada por los vocales Miguel Giorgio, Germán Carlomagno y Carlos Tepsich, no hizo lugar a la petición de Schumacher.
De modo tal que la Sala se integró con los jueces Giorgio, Carlomagno y Schumacher.
Ahora, resta el tratamiento del recurso.
La Casación entendió que Urribarri -y también su cuñado Juan Pablo Aguilera- podrían fugarse en función de la gravedad de los hechos ilícitos que se le enrostraron -negociaciones incompatibles con la función pública, peculado- y lo gravoso de la pena: Urribarri, 8 años de cárcel; Aguilera, 6 años y 6 meses. En su voto, la jueza Marcela Davite dijo: “De allí que no pueda resultar desproporcionado y menos irracional, pronosticar que, así como se sirvieron de los cargos públicos que detentaban y de la estructura que crearon para cometer los delitos, se servirán de esas mismas circunstancias, más la disponibilidad de los elevados montos de dinero (de los que siguen disponiendo, porque el Estado aún no los recuperó), para eludir el cumplimiento de la condena, fugándose”.
A ese voto adhirieron las otras dos juezas de Casación, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
La prisión preventiva en la cárcel es hasta que la condena en el megajuicio quede firme, un tiempo impreciso por cuanto el caso está con un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia. Por eso mismo, la defensa de Urribarri procuró mediante un hábeas corpus lograr su liberación en tiempo perentorio, pero la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo les dijo que no era la vía.
La resolución de Bacaluzzo debió ser refrendada por un magistrado de una instancia superior. Pero dos vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Santiago Brugo y Gervasio Labriola, se excusaron; un tercero, Alejandro Grippo, giró el caso a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que no resolvió ningún camino. Una vía posible sería definir qué juez debía analizar lo resuelto por la jueza Bacaluzzo; otra, intervenir de forma directa en el hábeas. Este fin de semana no ocurrió ninguna novedad.
De modo que Urribarri, y su cuñado Aguilera, más el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, condenado en el megajuicio a 6 años y 6 meses de prisión, continuarán alojados en la Unidad Penal. Urribarri y Aguilera ya recurrieron el fallo de Casación con una impugnación extraordinaria.
La Sala Penal del STJ ahora empezó a tratar la impugnación de Urribarri y Aguilera. El viernes 6 será la audiencia ante Casación de Báez. (Entre Ríos Ahora)
En julio, una madre denunció que su hija había sido abusada por Juan "Muyinga" Rivero, quien se encuentra detenido. Este jueves, se solicitó la ampliación de su prisión preventiva, la cual será definida la semana próxima.
Los hechos investigados fueron denunciados en marzo 2012. La denuncia recayó sobre el jefe de la Prefectura Naval delegación Concordia, prefecto Humberto Ocampo; y el prefecto retirado y técnico en refrigeración, Cesar Denis, que actualmente es Director del Estadio Único de Concordia. Ocampo fue acusado de contrabandear 22 aire acondicionados, y Denis, de colocar cinco en dependencia de la Prefectura, por encubrir el contrabando. Habría cobrado su trabajo con alguno de los aparatos.
El hábeas corpus presentado por el exgobernador Sergio Urribarri para lograr salir de su encarcelamiento en la Unidad Penal Nº 1 dictado el martes 19 por la Cámara de Casación Penal al hacer lugar a un pedido del Ministerio Público Fical, será ahora analizado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En el acuerdo firmado este martes 26, la Corte Suprema de Justicia desestimó la presentación hecha por la defensa de Nahir Galarza y confirmó la condena a perpetua que se le había impuesto por el crimen de Fernando Pastorizo.
Este martes y miércoles se realizarán cuatro audiencias públicas en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores.
El exgobernador Sergio Urribarri acudió con una impugnación extraordinaria para lograr llegar a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y así revertir el fallo de la Cámara de Casación Penal, que revocó un fallo de primera instancia, hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó su detención y alojamiento con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná.
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El jueves pasado se dio por finalizado el año para las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad y los ediles volverán a sus bancas el 1 de marzo de 2025, a menos que surja una sesión extraordinaria convocada por el intendente Azcué.
