El parapsicólogo de calle Las Heras sigue detenido a la espera de un juicio que llegaría a fin de año

Alejandro Giorgio, defensor público en la Cámara de Casación Penal de Concordia, hizo conocer su opinión en torno al debate por la reforma de la Ley de Juicios por Jurados que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura. El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley por el cual pretende una modificación de la Ley N° 10.746 que regula el funcionamiento en Entre Ríos del sistema de juicio por jurados. La idea apunta sólo a la modificación del artículo 2°.

El encuentro será el martes 3 de septiembre en el Salón de los Pasos Pedidos en la Casa Gris entrerriana. Ese día, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamentos, escuchará a los representantes de la Asociación Pensamiento Penal (APP) Distrito Entre Ríos; Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) Filial Entre Ríos; y el Instituto de Estudio Comparados de Ciencias Penales Sociales (Inecip).

La Cámara en lo Contencioso Administrativo dispuso suspender resoluciones de la Jefatura Paraná de la Policía que, en base a cinco sumarios iniciados a un agente por distintos hechos de indisciplina, dispuso retenerle el total de su salario y así dejar sin cuota alimentaria a sus hijos.

En fallo de mayoría se dispuso rechazar el pedido de prisión preventiva de Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, condenados por cinco hechos de corrupción. Se consideró que la sentencia aún no está firme. La decisión también comprendió a Pedro Báez. Respecto de este, se entendió que su situación, diferente a la de los otros dos condenado, quedó comprendida por su inclusión en el Recurso Extraordinario Federal ante la Corte de las otras defensas.

Jonathan Ereñu fue baleado por la espalda en un barrio ubicado al oeste de nuestra ciudad, y falleció después de ser internado. Los hermanos Joan y Marcos Heis fueron juzgados por homicidio simple y condenados a 14 años de prisión.

En los últimos meses, las Defensorías Públicas han experimentado un notable incremento en el número de casos que deben atender, ya sean penales como civiles. Este fenómeno ha generado preocupación en las autoridades judiciales que advierten la necesidad de dotar a la Defensoría de mayores recursos y apoyo para enfrentar esta creciente demanda que va en aumento.