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El arzobispo de Salta, Monseñor Mario Cargnello, fue encontrado culpable este viernes por la Justicia de Salta en un caso por violencia de género contra un grupo de monjas que lo denunciaron en 2021. La pena impuesta por la jueza Carolina Cáceres Moreno, del Juzgado de Violencia Familiar y de Género Nª 3, incluye la obligación de realizar tratamiento psicológico y una restricción perimetral.
Junto a Cargnello, recibieron la misma pena el obispo emérito Martín de Elizalde, el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval y el sacerdote Lucio Ajaya. Todos están acusados de haber agredido a Carmelitas Descalzas del convento San Bernardo, de esa provincia.
Los ya declarados culpables tendrán que realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género “a fin de trabajar patrones vinculares y hechos de violencia”, además de una capacitación en cuestiones de género, violencia de género y normativa vigente. Por otro lado, se les mantendrá la restricción perimetral que ya pesaba sobre ellos desde que se realizó la denuncia a fines de 2021.
En la causa se investigaron cinco hechos de violencia que las Carmelitas denunciaron haber sufrido por parte de los acusados en 2021, en plena pandemia.
El conflicto comenzó cuando las monjas comenzaron un vínculo cercano con María Livia, la mujer que recibiría mensajes de la Virgen del Cerro y realiza una imposición de manos durante los rezos grupales a los que acuden multitudes en las afueras de la capital salteña.
Según informaron medios locales, en el génesis del enfrentamiento, durante el velatorio de una monja, Cargnello dio una oración en tono agresivo ante el féretro, porque cerca estaba instalada una imagen de la Virgen del Cerro, que no es reconocida por el arzobispo. Es más, ese día además Ajaya habría agredido físicamente a una de las monjas, que se encontraba filmando.
A raíz de lo sucedido ese día, el Vaticano envió un representante a estudiar el vínculo de las Carmelitas con la fundación asociada a la adoración de la Virgen del Cerro y desde la Santa Sede decidieron que el convento San Bernardo “no debe en ningún modo involucrarse en actividades ligadas a la así conocida Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús”.
En su resolución, la jueza Cáceres Moreno estableció que las monjas “han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica por un lapso de más de 20 años”, incluyendo “la obstrucción/demora/negativa en la elección de la Priora y el préstamo de dinero al Obispo sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica”.
Además. se refirió a “lo acontecido durante la visita apostólica realizada por Monseñor Martín de Elizalde en fecha 25/10/21, en las que aquellas sufrieron violencia de género del tipo psicológica”.
Por otro lado, apuntó a “la comparecencia al monasterio del Vicario Judicial Loyola Pinto y de Sancristóval en fecha 27/04/22, a fin de poner en conocimiento a la comunidad carmelitana lo dispuesto por la Santa Sede, sin que la comunicación haya expresado tal forma de notificación, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica”.
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