TABANO SC
El senador Dal Molín manifestó su preocupación por la reducción de los fondos nacionales. Puso de relieve que, en términos de valores constantes, en el acumulado del primer trimestre de 2024 Entre Ríos recibió 80 mil millones de pesos menos que igual período del año anterior. “Es una cifra enorme. Impacta de lleno en todo lo que el gobierno provincial pueda hacer”, lamentó en la previa de una nueva reunión de los gobernadores con la Casa Rosada.
“Debemos colaborar con el gobierno provincial para reordenar cuentas públicas y ajustes de gastos y, con igual énfasis, acompañar los reclamos ante el gobierno nacional por todos los recursos que a los entrerrianos nos corresponda”, sostuvo el senador provincial, Rubén Dal Molin.
El legislador oficialista dijo que el gobierno de Entre Ríos está trabajando en el tema y que “el gasto político fue la primera medida adoptada por Rogelio Frigerio”. En este sentido, informó que el Poder Legislativo entrerriano gastó en febrero del 2024, “la mitad” de lo que se gastó hace cinco meses, en octubre del 2023. “Esta comparación es en términos nominales, sin incluso, ajustar por los incrementos salariales que se dieron en estos meses. También, achicó a la mitad la cantidad funcionarios”, acotó.
Dal Molin dijo que “reordenar es imprescindible, porque las medidas del gobierno nacional afectan las finanzas provinciales”. Basado en datos publicados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el legislador indicó que, en términos de valores constantes en el acumulado del primer trimestre, Entre Ríos recibió 80 mil millones de pesos menos que igual período del año anterior. “Es una cifra enorme. Impacta de lleno en todo lo que el gobierno provincial pueda hacer”, lamentó.
Sin hacer juicio de valor sobre las medidas, el legislador señaló que esta retracción obedece principalmente a tres aspectos: “a) Sostener medidas de impuestos a las ganancias sin ninguna compensación; b) Los DNU que establecen recortar todo aporte por leyes complementarias y compensaciones a saber: en educación (FONID y Ley 26.075 -Art. 7); en transporte, en regalías por recursos hidroeléctricos y los aportes comprometidos y presupuestados para cajas de jubilaciones provinciales no transferidas, entre otros; y c) cortar todo financiamiento de obras públicas”.
(Fuente: Página Política)
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