El ministro de Economía Sergio Massa se reunió en la tarde de este miércoles con los gobernadores y anunció que enviará fondos para garantizar el pago de sueldos y aguinaldos de fin de año que será financiado con los pesos que consiguió en la última licitación de deuda, por cerca de 1 billón de pesos, y que también dejará lo restante en caja para que el próximo gobierno pueda abonar la masa salarial de diciembre para los empleados públicos nacionales. Nación y provincias buscan acordar un proyecto de ley, en los próximos días, para coparticipar el 50% del impuesto al cheque.
“Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre. Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024″, destacó el ministro en la red X.
Según detallaron desde Economía, los fondos serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024. “No queremos afectar recursos ni el gasto de 2024 antes el cambio de gobierno, que deberá decidir sobre las transferencias a las jurisdicciones y respecto de cómo llevará a cabo el pago del Consenso Fiscal del 2018 y la distribución de ATNs según su propio criterio”, dijo Massa.
La negociación que se abrió este martes entre el Gobierno nacional con gobernadores y que tuvo un nuevo capítulo tiene sobre la mesa algunas cifras decisivas que podrían permitirle a las provincias afrontar el pago de los medio aguinaldos de fin de año con fondos garantizados antes del recambio de autoridades en la Casa Rosada y ante una expectativa de fuerte ajuste en las cuentas públicas desde el primer momento. Las provincias necesitarían, al menos, unos $470.000 millones para pagar la segunda cuota del sueldo anual complementario en diciembre.
El Poder Ejecutivo, por medio del ministro de Economía, puso sobre la mesa, durante el encuentro del martes en el quinto piso del Palacio de Hacienda, una compensación de la coparticipación que perdieron las provincias por las iniciativas de modificación en Ganancias –que implicó una tajada fiscal para las arcas de los gobernadores– que está compuesto de dos aspectos: unos $131.000 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que estaban presupuestados para este año y que no fueron utilizados, por un lado, y unos $110.000 millones más de deudas que la Casa Rosada arrastraba con provincias por el consenso fiscal de 2018, según aseguraron a Infobae fuentes oficiales.
Los recursos con los que el Palacio de Hacienda cubrirá estos gastos, y otros para los que necesite financiamiento urgente la próxima administración como el propio pago de aguinaldos y sueldos de los empleados públicos nacionales, provendrá del casi billón de pesos netos -por encima de los vencimientos- que recolectó la Secretaría de Finanzas en la última licitación de bonos en pesos que realizó este martes, la última antes del recambio de gobierno. Son, en rigor, 913 mil millones de pesos más.
Massa aseguró que buscará “garantizar financiamiento pendiente para garantizar pagos de sueldos aguinaldos y otras obligaciones. Por un lado vamos a hacer un proceso de distribución automática de los fondos de compensación del consenso fiscal pendientes de 2018 con un esquema de actualización para que las provincias cobren esa deuda pendiente y que tiene por objetivo garantizar flujo de ingresos a las provincias”, mencionó.
“En ese caso hay tres jurisdicciones, CABA, San Luis y La Pampa que no habiendo firmado el consenso fiscal no van a recibir esa compensación, sino que será por otras deudas que la Nación tiene para que tengan el mismo tratamiento”, aclaró. “En 2023 la recaudación del fondo de ATN ya llega a los 176.000 millones, a pesar de tratarse de un año electoral se usaron solo 45 mil millones y se va a distribuir en el caso de las provincias, compensar la eliminación del impuesto a las Ganancias para que de esa manera compense recursos y que no haya dudas de pago de aguinaldos y salarios”, continuó el ministro de Economía.
“Un tercer punto son recursos de provincias. La decisión de avanzar sobre estos dos ítems tiene intención de no afectar ingresos y gastos de 2024 para que el próximo gobierno pueda decidir respecto a las transferencias a provincias”, dijo Massa.
“Adicionalmente es clave en el tratamiento del presupuesto 2024 o ley aparte, que haya un mecanismo de compensación permanente. En ese sentido vamos a vehiculizar lo que se defina en el marco de acuerdo de gobernadores de distinto color político para que no parezca de una sola fuerza política sino de todos los sectores. Apostamos a tener algo de acá al domingo”, puntualizó. Ese proyecto implicaría la coparticipación de la mitad de la recaudación del impuesto al cheque.
“No hay impacto sobre la caja de recursos corrientes porque anteayer el Estado llevó adelante una licitación de deuda que implicó financiamiento neto para el sector público. Queremos que en caja quede cerca de un billón de pesos para garantizar también el pago de aguinaldos, sueldos y jubilaciones en el sector público nacional”, completó.
Este miércoles Massa recibió nuevamente a un amplio grupo de gobernadores para discutir esta cuestión. A diferencia de la cumbre del martes, en que participaron solo mandatarios del oficialismo junto al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, también hubo presencia de mandatarios provinciales de la oposición.
Llegaron durante la tarde al Palacio de Hacienda los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Gerardo Morales y Carlos Sadir; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Río Negro, Alberto Weretilneck y Arabela Carreras; de Neuquén, Rolando Figueroa y Omar Gutierrez; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
También lo hicieron los mandatarios de Chubut, Mariano Arcioni e Ignacio Torres; de San Juan, Sergio Uñac y Marcelo Orrego; de Santa Fe, Omar Perotti y Maximiliano Pullaro; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Catamarca, Raúl Jalil; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner y Claudio Vidal; y de San Luis, Claudio Poggi; y el vicegobernador de Formosa, Eber Solís.
El pago de sueldos representa para algunas provincias un peso relativo alto en su estructura de gastos totales. De acuerdo a datos de Politikón Chaco, una consultora especializada en financias provinciales, estimó que en algunos casos supera el 50% del total de erogaciones, como en Jujuy (59,5%), Río Negro (59,3%), Tucumán (58,7%), Salta (56,2%) y Tierra del Fuego (51,1 por ciento).
Los $240.000 millones de base previstos en ese esquema en el trabaja Nación y que afinará este miércoles con los gobernadores parece quedarse corto para las necesidades financieras de salarios y aguinaldos que afrontarán las provincias el mes que viene. Alejandro Pegoraro, director de Politikón Chaco, estimó en base a la masa salarial de septiembre, los fondos necesarios serían de al menos $468.000 millones, en una cuenta que no incluye incrementos de sueldos provinciales que hayan tenido lugar en octubre y noviembre. La Provincia de Buenos Aires requeriría unos $98.100 millones para el pago de la segunda cuota del SAC, la Ciudad de Buenos Aires necesitaría $55.100 millones, Santa Fe ($46.100 millones), Córdoba ($40.300 millones).
La modificación del impuesto a las Ganancias, que eliminó para la mayor parte de los contribuyentes el peso de ese tributo sobre sus salarios, tuvo un impacto fiscal en los fondos que reciben las provincias por la vía de la coparticipación. Ese impuesto, junto con el IVA, compone de manera vertebral ese esquema de reparto federal.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley de Ganancias -ya sancionada por el Congreso, a diferencia del reintegro de IVA que tiene media sanción y dictamen en el Senado- las provincias tendrían en 2024 una caída de ingresos coparticipables de unos 1,6 billones de pesos, lo que representa casi 0,5% del Producto Bruto. El reintegro de IVA, por su parte, tuvo un costo fiscal que fue absorbido de manera total por el fisco nacional.
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