Brasil da un paso más en su proceso de reescribir la historia política y judicial de la última década, marcada por la megaoperación contra la corrupción Lava Jato, sus efectos y los espectaculares vaivenes en torno al caso. Un juez del Tribunal Supremo, Jose Antonio Dias Toffoli, afirma que en un fallo difundido este miércoles que el encarcelamiento de Luis Inácio Lula da Silva fue “fue un montaje fruto de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales”. Y califica aquella decisión, adoptada por la máxima corte a las puertas de las elecciones de 2018, como “uno de los mayores errores judiciales en la historia de Brasil”. Lula, que siempre se declaró víctima de una guerra judicial, estuvo año y medio en prisión antes de protagonizar una impresionante resurrección política. Disfruta de su tercer mandato como presidente y, con 77 años, no descarta presentarse a la reelección.

El magistrado también ordena la apertura de una investigación criminal contra los fiscales que encabezaron la investigación Lava Jato, una gigantesca trama de sobornos que llevó a la cárcel a políticos y empresarios de primera línea, hombres considerados intocables hasta entonces. Y las principales empresas constructoras brasileñas quedaron arruinadas. Las acusaciones contra Lula y buena parte del resto de los condenados han sido paulatinamente anuladas por los jueces en los últimos años.

Y como tantas veces en Brasil, la realidad imita de nuevo a las mejores telenovelas y el juez Sergio Moro, que encarceló a Lula, será ahora investigado junto a los fiscales de la Lava Jato.

Las palabras de Toffoli inmediatamente han abierto informativos y diarios digitales. El juez ha puesto negro sobre blanco sus conclusiones sobre la Lava Jato en una decisión judicial que anula todas las pruebas obtenidas al hilo de un acuerdo de colaboración suscrito en el punto álgido del caso por los fiscales con la constructora Odebrecht.

Los cambios de criterio del Tribunal Supremo, en ocasiones al calor del clamor popular contra los corruptos, son los que posibilitaron primero la entrada en la cárcel de Lula y su excarcelación. Después, la revelación de la connivencia entre los fiscales y el juez Sérgio Moro, gracias a unos mensajes filtrados por un pirata informático, llevó a la anulación de las condenas contra el actual presidente y otros acusados.

Toffoli es uno de los once magistrados que componen la máxima corte judicial de Brasil. Fue nombrado en 2009 a propuesta de Lula después de haber sido abogado del Partido de los Trabajadores (PT). Fue uno de los togados que votó contra la entrada en prisión del político izquierdista en 2019 y su cambio de postura al año siguiente respecto a la prisión en segunda instancia, junto a la de otros dos jueces del Supremo, abrió la puerta a que Lula quedara en libertad.

El Partido de los Trabajadores defiende hace años la tesis de que la destitución de Dilma Rousseff por el Congreso y el encarcelamiento de Lula fueron un golpe incruento para sacar a la izquierda del poder.

El juez del Supremo afirma también que “el montaje” para meter preso a Lula fue “el verdadero huevo de la serpiente de los ataques a la democracia”. Y es en otro de ls capítulos más discutidos de esta compleja trama, la entrada en prisión de Lula allanó en 2018 la sorprendente victoria de un diputado mediocre de extrema derecha, el militar retirado Jair Bolsonaro. El pasado enero, miles de sus seguidores intentaron perpetrar un golpe de Estado al asaltar la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia. Los jueces acaban de inhabilitar a Bolsonaro, que durante ocho años no puede concurrir a las elecciones.

Otros protagonistas de esta historia también han visto cómo su trayectoria cambiaba radicalmente de rumbo. El antiguo juez Moro, que fue brevemente ministro del Gobierno Bolsonaro, perdió la toga por no ser imparcial con Lula y en las últimas elecciones logró un escaño de senador.

Lula solía repetir, cuando estaba en la cárcel o aún inmerso en los diversos casos contra él, que era víctima del lawfare, de una guerra judicial. Ese es el pilar sobre el que construyó su defensa ante los tribunales. Quedó tan agradecido con el abogado que diseñó aquella exitosa estrategia, Cristiano Zanin, que ahora -anulados los casos y de vuelta al poder- acaba de nombrarlo juez del Supremo.

El mandatario podrá designar en breve un segundo magistrado porque una de las juezas del Supremo se jubila por cumplir los 75 años.