A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, se espera una masiva concurrencia a esta convocatoria que tendrá como única oradora a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una gran expectativa en cuanto a lo que pueda decir en la oportunidad la principal referente del Frente de Todos.
Desde Concordia, diferentes agrupaciones ya confirmaron su asistencia y avanzan en los preparativos para asistir. Este martes, el intendente Enrique Cresto también compartió la invitación que Cristina Kirchner oficializó en sus redes con el hashtag #ImitemosElEjemplo.
“Enrique articuló con el Consejo Departamental del Partido Justicialista la organización de la logística y movilidad para que puedan participar los compañeros y compañeras de Concordia”, dijo esta mañana el concejal Juan Domingo Gallo en declaraciones radiales.
“Enrique habló con los compañeros sobre la trascendencia que tiene este acto, tanto en lo que hace al momento político que atraviesa el Frente de Todos como al punto de vista histórico, porque esta convocatoria también pone en valor todo lo que fue la labor institucional y política, profundamente transformadora, del compañero Néstor Kirchner”, agregó.
“Hay muchos militantes que se movilizarán con apoyo del PJ y otros que definieron hacerlo desde las agrupaciones a las que pertenecen, pero lo importante es que la consigan “Todos con Cristina” tiene un alto grado de recepción en Concordia, lo que marca claramente la relevancia política y la absoluta vigencia de la figura de Cristina en la militancia entrerriana”, concluyó el edil.
Un comunicado de fuerte tono crítico fue remitido a la redacción de EL SOL-Tele5 por el PJ de Concordia, el que se reproduce en forma textual, abajo.
Desde el Consejo Departamental del Partido Justicialista repudiaron la cesantía de un centenar de trabajadores a los que no se les renovaron los contratos temporales que tenían con el Gobierno provincial. Calificó la medida como un acto de "crueldad mileísta" y acusó al gobernador de utilizar argumentos falaces de eficiencia para encubrir una persecución laboral y disciplinar a los trabajadores estatales.
El Consejo Departamental Justicialista de San José de Feliciano elevó una nota a las autoridades partidarias de la provincia solicitando que se evalúe la expulsión de la senadora provincial Gladys Domínguez por actuar como "engranaje del ajuste” del gobernador Frigerio y estafar la confianza de los votantes. La acusan de nepotismo, persecución a militantes y de votar sistemáticamente en contra de los intereses de los trabajadores y la salud pública.
La expresidenta fue trasladada al Sanatorio Otamendi por un dolor abdominal que, tras los estudios correspondientes, derivó en un diagnóstico de "apendicitis con peritonitis localizada". Permanece internada mientras se monitorea su evolución.
La discusión del Presupuesto 2026 en Diputados y el debate sobre Reforma Laboral en el Senado parecían una victoria segura. Sin embargo, se convirtieron en una derrota plagada de errores y con un costo altísimo para el oficialismo, que incluso se enemistó con muchos de sus aliados.
Se trata de la adhesión a la Ley Olimpia y la creación de un programa de prevención. La reunión está pactada para las 9:30 y trabajarán de forma conjunta la Comisión de Educación con la de Legislación General.
La mañana del viernes 26 de diciembre comenzó con un fuerte despliegue policial en Concordia. Personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental, junto a efectivos de Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, ejecutó cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una causa federal por presunto lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del Código Penal.
Un total de cinco cabinas fueron completamente derribadas. Los trabajos en la Estación de Peaje Yeruá comenzaron el viernes y continuaron este sábado. En su lugar colocarían cabinas de Telepeaje.
Desde el Consejo Departamental del Partido Justicialista repudiaron la cesantía de un centenar de trabajadores a los que no se les renovaron los contratos temporales que tenían con el Gobierno provincial. Calificó la medida como un acto de "crueldad mileísta" y acusó al gobernador de utilizar argumentos falaces de eficiencia para encubrir una persecución laboral y disciplinar a los trabajadores estatales.
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