Abusos en Regimiento entrerriano: son cuatro los imputados y dictan medidas restrictivas

El jefe del Regimiento de Gualeguaychú fue detenido el pasado martes acusado de encubrimiento luego de dos allanamientos que se realizaron en dicho establecimiento y en Campo de Mayo, en el marco de una causa en la que se investigan hechos de abuso sexual contra soldadas voluntarias.

En ese mismo procedimiento resultó detenido también un suboficial del ejército, acusado de ser el autor de los hechos. El operativo se realizó por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, en línea con el pedido realizado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, a cargo de Pedro Rebollo.

Por otro lado, el juez ordenó la “prohibición de acercamiento al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la víctima y la prohibición de tenencia de armas de fuego y/o de cualquier otro tipo”, tanto para la denunciante como para los testigos de la causa.

En la causa hay otros dos hombres imputados: el exjefe del Regimiento entre 2020 y 2021 y el encargado de Unidad durante ese mismo período.

Estos hechos se suman a denuncias efectuadas por otras soldadas voluntarias hacia suboficiales en las que estaría también involucrado el jefe del Escuadrón.

Imputaciones

El fiscal imputó al suboficial del Ejército por los presuntos delitos de “Abuso sexual gravemente ultrajante, lesiones psicológicas agravadas por violencia de género, amenazas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, desobediencia y mal uso de elementos del Estado”.

En tanto, a los otros tres hombres se les imputan los delitos de “Incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado por la calidad de funcionarios públicos y lesiones psicológicas agravadas por violencia de género” y al jefe actual el de “Falso testimonio”.

Los hechos que se le atribuyen a los imputados habrían ocurrido entre 2016 y 2021 en el actual Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado Nº 2, ex Regimiento de Caballería de Exploración Nº 12, del Ejército Argentino.

Origen de la investigación

La primera denuncia que dio origen a la investigación fue realizada el 20 de enero de 2021 en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú. En esa oportunidad, la soldada voluntaria detalló distintos hechos de “acoso y violencia sexual” ocurridos entre los años 2016 y 2021. El primero de ellos ocurrió entre el 18 y el 20 de julio de 2016, cuando estando el imputado “de semana” ingresó a un baño del regimiento donde se encontraba la denunciante e intentó besarla a la fuerza. Posteriormente, estando de turno en el Casino, el suboficial se le acercó y comenzó a insistirle para que saliera con él, para iniciar una relación por fuera del establecimiento, a lo que la víctima insistió para que se retire. En esa oportunidad, dijo: “Nunca le había insinuado absolutamente nada. Todo lo contrario, trataba de ni cruzármelo. Solo cumplía sus órdenes. Esa vez le pedí muchísimas veces que se vaya y que me dejara tranquila”.

El otro hecho que relató la víctima ocurrió en enero de 2021, cuando un compañero suyo le avisó que el suboficial había utilizado las cámaras de seguridad para filmarla mientras ella se encontraba en la pileta del casino tomando sol con su familia y que esas filmaciones las compartió con otras personas. La víctima relató que intentó conseguir esas filmaciones, pero le dijeron que había una orden para que esas pruebas no pudieran llegar a sus manos y que podía haber sanciones si eso ocurría. Como consecuencia, la denunciante sufrió convulsiones por los nervios y debió ser internada.

El 27 de septiembre de 2021, la víctima amplió su denuncia y dijo que las medidas dispuestas no se respetaron, que el hombre le realizaba burlas cada vez que ella pasaba cerca y reiteró que tenía mucho miedo.

La causa primero tramitó en la Justicia provincial hasta que en septiembre de 2021 la fiscal se declaró incompetente y la causa fue recibida en el Juzgado Federal de Gualeguaychú que delegó la investigación al Ministerio Público Fiscal. En ese contexto, dispuso distintas medidas de prueba tendientes a acreditar los hechos denunciados.

En la investigación, la Fiscalía contó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a la Unidad de Admisión y Detención Temprana de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Para la Fiscalía, a través de la investigación “se pudo desentrañar un entramado de prácticas y conductas tendientes a ocultar y con ello sostener el no esclarecimiento de hechos de violencia sexual, basados en cuestiones de género”, ocurridos dentro del ex Regimiento de Caballería de Exploración Nº 12.

De esta manera, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó al suboficial del Ejército por distintos hechos de “acoso y violencia sexual”, ocurridos entre los años 2016 y 2021. Asimismo, se le atribuye haber amenazado por interpósita persona a la víctima y mediante su legajo personal e incumplido de manera reiterada las ordenes de prohibición de acercamiento y contacto impuestas por la justicia provincial y recomendadas por el Departamento de Género del Ejército Argentino.

Los otros tres imputados están acusados de “minimizar, desvalorizar y ocultar los hechos sucedidos” y de “omitir realizar las denuncias penales pertinentes”, incumpliendo por ello con sus funciones como agentes del Estado y responsables del establecimiento militar.

Violencia de género en el ámbito laboral

Para la Fiscalía, los hechos investigados “develan distintos tipos de violencia contra la mujer y comprenden actos de violencia sexual, psicológica y simbólica que fueron ejecutados en el ámbito laboral donde las partes cumplían funciones”.

Centralmente, los hechos “tuvieron lugar dentro de un contexto caracterizado por la desigualdad de rango y por el estricto orden jerárquico que prevalece dentro de la estructura de la fuerza, lo cual potenció la asimetría estructural existente entre el denunciante y la denunciada”, resaltó el representante del Ministerio Público Fiscal. (El Once)