La vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa Vialidad. La noticia sacudió al país, tuvo eco en el mundo y generó la reacción de todo el arco oficialista.
En ese contexto, La Liga de Gobernadores se sumó al repudió y consideró como “un hecho de enorme gravedad institucional que atenta contra la democracia” la condena que recibió la ex jefa de Estado.
“Se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la República mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales”, señala el comunicado que firmaron los mandatarios provinciales.
Para fundamentarlo, denunciaron que “los fiscales y jueces actuantes, en su afán de imputarla penalmente, le adjudicaron actos y funciones de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución, como los actos de administración general y manejo de fondos públicos”.
“Durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas”, argumentaron para sostener su postura.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los referentes de la Liga de Gobernadores, desgranó el texto en un hilo que publicó en las redes sociales.
“Los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió Cristina Kirchner y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones” consideraron los mandatarios provinciales.
En otro párrafo apuntaron que “todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública”.
“Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado”, dice otro fragmento del texto.
Para este grupo de gobernadores, todo “forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder”.
“La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza. Tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos”, sentenciaron en uno de los párrafos finales.
“El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra Vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario son la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir” finalizaron.
La liga de Gobernadores está integrada por 15 mandatarios provinciales: Axel Kicillof (Buenos Aires); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Sergio Uñac (San Juan); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Oscar Herrera Aguad (Misiones); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
La secretaria general de la Presidencia encabezó en Mar del Plata el cierre del encuentro provincial de LLA y llamó a unificar criterios internos con un objetivo central: consolidar el proyecto libertario y asegurar un segundo mandato para el Presidente.
Bullrich dejó formalmente el Ministerio de Seguridad y cedió su lugar a Alejandra Monteoliva. En su carta de despedida agradeció al Gobierno y reafirmó su compromiso con la “ley, el orden y las reformas”.
La vicepresidenta del PJ de Entre Ríos, Carina Domínguez, cuestionó duramente el accionar de un reducido grupo interno en Concordia, que cambió la cerradura de la sede departamental en un intento de destitución de su presidente, Facundo Ruiz Díaz, en lo que se constituyó como “un acto totalmente antidemocrático”, denunció. “Esto le hace mal al peronismo”, advirtió y consideró que este hecho “merece el repudio de todo el arco político”.
El seis veces intendente de Berazategui murió a los 84 años y estaba internado en el Hospital El Cruce. Los saludos para uno de los referentes peronistas del Conurbano
El presidente del Partido Justicialista (PJ) de Concordia, Facundo Ruiz Díaz, ratificó su continuidad en el cargo ante las versiones mediáticas que alegaban su remoción. El dirigente enfatizó que la decisión de destituirlo solo le compete al Tribunal de Disciplina del partido o a su conductor, José Allende.
Facundo Ruiz Díaz militó a Héctor Maya, que jugó por afuera en las últimas elecciones legislativas. Le pidieron la renuncia y se negó. El Consejo local lo destronó y cambió la cerradura de la sede.
Mala publicidad para el turismo de viajeros en motor home que al llegar a una ciudad, sea sorprendido por tres hombres que se le metan dentro de su rodado para robarle, no solo es malo como publicidad sino terrible para la víctima que quiere vivir en paz y tres cacos que no son jóvenes desocupados sino hombres -hechos y torcidos- que le robaron dentro mismo de su casa rodante.
- Perfil del médico: Daniel Ojeda era cirujano oriundo de Concordia, Entre Ríos. Su nombre se hizo conocido por haber realizado prácticas estéticas clandestinas que derivaron en la muerte de dos pacientes y en lesiones graves a otras. Daniel se había hecho conocido por ser un cirujano especializado en infantes, antes que accediera a la práctica de la cirugía estética y liposucción.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), designó este martes por unanimidad a sus nuevas autoridades, quienes asumirán sus funciones el próximo 1 de febrero de 2026 y culminarán su mandato el 31 de diciembre de 2027.
En la nómina del material secuestrado sobresale que se visualizaron y llevaron como prueba dos uniformes del Grupo Especial de la Policía. No hay información sobre si hay algún integrante de la fuerza que estuviera implicado en el narcomenudeo, o si, por el contrario, los narcos, copian las ropas del Grupo Especial de la Policía de Entre Ríos para fines non sanctos.
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