Escándalo: Denuncian irregulares en la escuela de un penal de Entre Ríos

La docente Diana Bracco es directivo y delegada de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) en ESJA N°8 “Antonio Flores” en contexto de encierro de Federal, y denunció ante diario EL SOL un caso de severas irregularidades que trasciende a la institución educativa, pues afirma que hay persecuciones, hostigamiento, aval político desde un miembro del Senado, intereses gremiales de por medio y posibles fraudes a la Administración Pública que se encuentra en investigación por parte de la Justicia penal, además de una serie de represalias contra profesores e internos del penal.

La directivo denunció -aportando documentación que avala sus dichos-, además, haber sido separada de su cargo por una resolución del director de la Departamental de Escuelas de Federal, Santiago Krenz, “aduciendo a una serie de falsedades” luego de que Bracco denunciara que “una docente se titularizó adulterando documentación pública”. 

La situación se presentó ante la Justicia, pero la causa, que está en la fiscalía de Federal, no avanza porque hay demoras en las contestaciones desde la Administración Pública.

Testimonio

De acuerdo al testimonio de Bracco, la situación inició hace dos años. “Tomé el cargo (como directivo de la ESJA N°8) en el año 2020. Provengo de una familia dedicada a la docencia. Soy docente en Ciencias Políticas y concursé con mi credencial de puntaje. Me adjudicaron el cargo y la supervisora quería que quedara el artículo 80 que trabajó en el 2019 que es parte de la comisión de AGMER de Federal”, comenzó Bracco con su relato.

“A la supervisora (Cristina Saucedo) durante todo ese tiempo que ejercí como docente en la institución, no le gustó mi presencia ahí: me ponía dos faltas cuando en realidad faltaba un solo día, me bajaba el concepto sin observaciones ni llamados de atención, no aprobaba los proyectos pedagógicos, todo tipo de obstrucción al trabajo diario”, continuó.

Posteriormente, Bracco contó que “la docente Sancuns tomó el cargo de maestra de primer año. Durante el año 2020 no trabajó y durante el 2021 se reintegró y trabajó durante 20 días, cuando volvimos a la presencialidad y después sacó licencias: por covid, por cuestiones personales pues había perdido la tenencia de su hijo, muchas licencias. Las licencias tenían inconsistencias. Yo, como directivo, lo fui informando, pero nadie hizo nada”. Por lo tanto, “opté por la comunicación formal porque la docente era bastante errática y me documenté”.

Siguiendo con la cronología de los hechos, la docente contó que “en el 2021 vinieron los expedientes de titularización de la escuela donde se titularizan a ocho docentes, entre ellos, la docente Sancuns”, pero se percató “que no cumplía con los requisitos de la 1000/13, que es la resolución de titularización docente, así que lo informé, pero no pasó nada”.

“La planilla de incompatibilidad, que es una Declaración Jurada que los docentes tienen que llenar para titularizar, tenía inconsistencias. Así que no lo firmé, sino que lo firmó mi superior inmediato. Sacaron la planilla que yo presenté y pusieron esa adulterada para que la docente titularice”, manifestó.

Luego, Bracco contó que la docente Sancuns “vio que se le venía la noche por todas las cuestiones administrativas”, por lo que denunció a Diana Bracco “en la delegación de Trabajo por violencia laboral”, tras lo cual la denunciada debió aprobar “un test psicológico, pasar un montón de pruebas y demostrar que jamás fue violentada”.

Ya en el corriente año, “Sancuns sigue con licencia por maternidad”, contó Bracco. “Le hicieron una junta médica por WhatsApp para que vuelva a la escuela. El director de la Departamental de Escuelas (Krenz) siempre estuvo al tanto de todo y convalidaba estos actos”, sentenció la docente que fue apartada de su cargo.

“Cuando veo el expediente adulterado, hago la denuncia en la Fiscalía de Federal por adulteración de documento público porque las planillas que había presentado la docente (Sancuns) eran las planillas firmadas por mi superior y tenía inconsistencias en las fechas: tenía horarios en los que la escuela no funcionaba, pues la escuela funciona de mañana y la planilla tenía horarios de tarde”, detalló Bracco.

Bracco afirmó haber informado dicha situación de irregularidades, y “desde ahí la persecución laboral se tornó más densa, más pesada. Mis profesores han tenido que pasar todo tipo de situaciones: maltrato verbal, situaciones muy feas y de mucha angustia”, explayó.

Los hechos de irregularidad presentes en la institución educativa se agravan teniendo en cuenta que ocurrieron dentro un penal. “Nosotros trabajamos en contexto de encierro, en un penal de máxima seguridad. Tenemos que darles tranquilidad a los internos, cosa que no pasaba”, manifestó Bracco.

Tras las licencias, “la docente (Sancuns) vuelve a trabajar el 15 de septiembre. La Defensoría Multifuero (defensor oficial de Justicia) decide que no tenía que volver a trabajar, sino que tenía que volver a un lugar menos crítico porque está haciendo una revinculación familiar”. Sin embargo, “el director de la Departamental de Escuelas (Krenz) dijo que no tenía la potestad para cambiar ni modificar a ninguna persona de su lugar de trabajo”, hecho que se contradice al haber desplazado de su cargo a Bracco mediante una resolución carente de validez legal. 

Haciendo caso omiso a lo decidido por la Defensoría Multifuero, Sancuns “vuelve con todos los recaudos y se le hace el acta pertinente como todo profesor que vuelve a trabajar”.

“El día 15, Sancuns vuelve al trabajo, pero el día 16 saca licencia y el día 20 cae el gremio de AGMER dentro del penal”, contó Bracco. Para entonces, la directivo se había retirado brevemente del establecimiento por cuestiones de salud “y, cuando vuelvo, tengo al gremio de AGMER dentro de la escuela y sin mi autorización como directivo. Las habían autorizado por teléfono para ingresar a ver la situación de esa docente y presionarme a mí”, precisó.

Sobre la tarea que había ido a realizar el gremio docente, Bracco dijo que “habían ido a constatar que la docente estuviera bien” y afirmó que efectivamente “ella estaba bien”. No obstante, durante esa visita “dejaron a los alumnos solos en una misma habitación con internos de distintos pabellones”.

“Hasta tengo grabada (la situación) del manoseo y cómo me destratan, además de 11 testigos que pueden dar fe de que fui muy maltratada y de que salí llorando de esa reunión. Yo soy delegada interina de ATE en la ESJA N°8, y a ATE nunca los dejaron ingresar, ni siquiera pudieron ir los delegados de ATE, pero sí a los de AGMER”, comparó.

Volviendo al relato, dijo que “eso fue el 20 de septiembre y la escuela convulsionaba. Yo informé que eso atentaba contra todos, y desde la Justicia, la Defensoría Multifuero le pidió al director Departamental que esas cosas no ocurran porque es un penal de máxima seguridad”.

“Mis profesores estaban nerviosos y mis alumnos también. Fue un clima horrible y no pasó una desgracia porque Dios no quiso”, comentó.

Una semana después, “el día 27 de septiembre fue la supervisora, quien estuvo todo el día hostigando y buscando pruebas para ver cómo me podía hacer saltar. Buscó una reunión con los alumnos por un día que se los había cambiado de aula. Los alumnos no le dijeron nada malo así que no se quedó conforme. Trataba todo el tiempo de hacer actas tendenciosas, acto que también tengo grabado”, narró Bracco.

“En un momento estaba el personal de AGMER y quería hablar con los chicos en el aula. Esas cosas no se pueden hacer cuando están los alumnos en el aula, hay muchos antecedentes que dicen que deben estar fuera del horario escolar porque se corta el proceso de enseñanza. Les expliqué que después de las 11 de la mañana la docente estaba libre y podían hablar con ella y se retiraron”.

Y continuó: “Al otro día recibí una convocatoria del director Departamental y pensé que era para escucharme y escuchar la situación de mis profesores, pues somos 11 profesores que estamos denunciando a la supervisora”.

Sin embargo, para sorpresa de Bracco, “el director de la Departamental toma una resolución, que es la N° 125, que es la de apartarme de mi cargo por disturbios, violencia y conflictos de institución pública, denunciada por AGMER Federal y por la docente en particular”.

Posteriormente, la directivo recordó que “hay una resolución del Ministerio de Trabajo que dice que la docente no fue violentada” y, además, recordó que como delegada de ATE tiene “fueros gremiales” y que, como tal “no te pueden mover de tu lugar de trabajo”.

Por las acciones tomadas contra su persona, cuenta, “se me han vulnerado todos los derechos y la causa penal no avanza porque el director de Departamental demora en la contestación de los oficios”.

Diana asegura que “hay una decisión política de cubrir a esta docente para que titularice en la escuela” y que “soy apartada del cargo y obligada a ir a la departamental de Escuelas a cumplir un horario de trabajo de 8 a 12:10 horas.

“Mis docentes quedaron acéfalos y ponen a cargo a la docente que es cuestionada por adulterar documentación. Tengo a seis profesores que están de licencia y no quieren ir a trabajar. Los alumnos no están saliendo de los pabellones. Es un escándalo”, comentó.

Asimismo, contó que “es la tercera vez que el director de la Departamental de Escuelas Krenz hace lo mismo: lo hizo con otra directora, que la sacó la Policía y le costó la vida al marido; otra directora está con ataques de pánico por la embestida del gremio; a mí me está pasando una situación personal muy fea y tuve una pérdida muy importante hace tres semanas. Estoy tratando de llevarlo como puedo. Mis profesores no tienen ganas de trabajar y no tenemos amparo de nada”.

Sobre el funcionario, dijo “fue cuestionado por ponerle combustible a vehículos que estaban rotos” y que “tiene el aval de la senadora Miranda”.

Por último, la docente en Ciencias Políticas pidió que “se termine la cadena de impunidad”. “Iba a esperar a que la Justicia actuara porque todo esto está legalizado e iba a esperar a que (el presidente del Consejo General de Educación Martín) Müller, tomara intervención, pero ya es tanta la cadena de impunidad que no creo que haya una reversión de mi situación”, concluyó con resignación.

Este miércoles 5 de octubre se comunicó formalmente al Consejo General de Educación y a la Departamental de Escuelas de Federal que continúan los hechos de violencia en contra de los profesores y también de los mismos alumnos del penal. Al respecto, se especificó que se quitó el router que provee de internet a la institución, dejando sin WiFi  a la escuela primaria y secundaria, perjudicando así el desarrollo de las clases de los profesores. Además, se quitaron electrodomésticos y demás elementos de desayuno que utilizan tanto docentes como educandos para su bienestar en los horarios de clases, entre otros actos administrativos que perjudican a los docentes.

Cuando entra la Política por la puerta, la Justicia sale despavorida por la ventana

A su vez, diario EL SOL dialogó con el representante legal de la docente Diana Bracco, el Dr. Federico Fenés, perteneciente al estudio jurídico Fenés ubicado en la ciudad de Paraná.

“Legalmente, en contra de la señora Bracco no hay nada. Han intentado ensuciarla por todos lados y todos los medios sin mayor éxito”, sentenció el letrado.

Y continuó: “A tal punto que la docente Sancuns la ha denunciado hace unos meses en la secretaría de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos en el marco del programa Defender, que trata lo que tiene que ver con la violencia laboral. Luego de un fuerte y contundente descargo (de Bracco) bajo mi patrocinio y asistencia legal la denuncia fue descartada absolutamente y de plano”.

No obstante, “ese rechazo vuelve buscando cambiar a la persona que denuncia por AGMER, siguiendo los lineamientos de la docente. Esto fue el martes 4 de octubre”. Pese a los intentos, el abogado aseguró que la denuncia “no va a tener mayor suerte porque están intentando reintroducir una cuestión que ya está resuelta”.

“Hay un claro problema administrativo-institucional de una docente que, seguramente, tiene algún tipo de vínculo político”, dijo en referencia a la docente Sancuns.

“Se trata de dar cobijo o de albergar una situación ilegal dándole un manto de ‘legalidad’ a algo que es ilegal. Solamente así se puede entender que a Bracco se la haya vulnerado en sus derechos, no solamente laborales sino que también en su fuero íntimo, en su dignidad privada, ventilando cuestiones íntimas”, manifestó Fenés.

Luego, comentó que “claramente hay una campaña de desprestigio brutal que busca perjudicar a Bracco, no solamente en lo laboral sino que también en lo personal. Hay una clara persecución laboral, violencia institucional y una responsabilidad por inacción por parte de los funcionarios del C.G.E. en tomar cartas en el asunto con la celeridad que la situación amerita”.

“Un dato no menor es que mi clienta fue sacada de su cargo y funciones teniendo protección gremial mediante un acto que se decreta ad referéndum del Consejo General de Educación y al no ser aprobado entonces ese acto administrativamente no es válido y carece de los efectos jurídicos que se le quieren asignar”, concluyó el letrado.

Lo que dice la Justicia

Por último, este medio se comunicó con la fiscal que entiende en la causa, la Dra. Eugenia Molina, quien mencionó: “Es una causa donde Diana Bracco denunció a dos docentes por falsificación de un documento”. 

“En un principio, y remarco que es en un principio porque no me han contestado los informes que he requerido, aparecería un fraude a la Administración Provincial por haber cobrado horas no trabajadas (por los docentes denunciados)”, continuó.

“Es una investigación que está en trámite. He mandado a pedir informes al Consejo General de Educación, los cuales contestó, pero falta que conteste el Ministerio de Hacienda, que es quien liquida los haberes”, manifestó Molina.

“De constatarse un horario en el que la escuela de la unidad penal no funciona, va a haber un fraude a la Administración Pública”, concluyó la fiscal.