Las condenas fueron por asociación ilícita y lavado de dinero proveniente de los delitos de usura, extorsión, explotación económica del ejercicio de la prostitución y comercio de estupefacientes.
Nacionales20/07/2021
Editor
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas de hasta 10 años de prisión y de multas de hasta ocho millones de pesos para 13 integrantes del Clan Ale por asociación ilícita y lavado de activos provenientes del narcotráfico y la trata de personas, informaron hoy fuentes judiciales.
La Sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, rechazó los recursos interpuestos por las defensas de los miembros del clan y confirmó las condenas dictadas en diciembre de 2017 por el Tribunal Oral Criminal Federal de Tucumán.
Las condenas fueron por asociación ilícita y lavado de dinero proveniente de los delitos de usura, extorsión, explotación económica del ejercicio de la prostitución y comercio de estupefacientes.
Según el fallo ratificado por la Casación, la banda disponía de un patrimonio de casi 40 millones de pesos y había adquirido con fondos provenientes de los ilícitos más de 30 inmuebles, 160 vehículos y 70 armas de fuego.
Por otra parte, se hizo lugar a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la querella y se revocó la absolución del ex futbolista Roberto Oscar Dilascio por delitos vinculados al Club San Martín de Tucumán y a una sociedad, ya que aparecían dentro del entramado de negocios del condenado Rubén “La Chancha” Ale.
El juez Slokar, a cuyo voto adhirieron sus colegas, consideró que “las acciones desplegadas por la asociación liderada por los hermanos (Rubén y Ángel) Ale partían de extorsiones para obtener el pago de las deudas".
Además señaló que “mientras tuvieron poder de actuación en el ámbito de la Provincia de Tucumán, los hermanos Ale lograron atemorizar a la población con sus métodos y el dominio de una amplia red delictiva, habida cuenta que aparecen probados sus vínculos y participación activa con los delitos de trata de personas, comercio de estupefacientes, usura y extorsión, todo lo que provocó la alteración del clima social en ese medio”.
Respecto a la relación de la banda con policías y otros agentes estatales, manifestó: "La organización criminal tenía una red de impunidad construida con integrantes de fuerzas de seguridad, lo cual les facilitaba la comisión de un sinnúmero de ilícitos en ese medio”.
La condena
El 18 de diciembre de 2017, la Justicia Federal tucumana condenó a 13 miembros del Clan Ale, entre ellos a sus líderes Rubén "La Chancha" Ale y Ángel "El Mono" Ale, quienes recibieron penas de diez años de prisión y una multa de ocho millones de pesos como autores de los delitos de "lavado de dinero proveniente de la usura, la extorsión, la explotación económica del ejercicio de la prostitución y el comercio de estupefacientes, y por asociación ilícita en carácter de jefe".
También fue condenado, pero a siete años de cárcel, Fabián Antonio González, como partícipe necesario de esos delitos.
Por las mismas conductas y grados de participación, Víctor Alberto Suárez y María Jesús Rivero fueron condenados a seis años de prisión.
En tanto, el tribunal impuso tres años como "partícipes necesarios" de "lavado de dinero" a María Florencia Cuño, Valeria Fernanda Bestán y Julia Esther Picone.
Por su parte, Ernesto Santos Catulo recibió cuatro años como "partícipe necesario" de "lavado de dinero y de asociación ilícita en carácter de miembro".
Mientras que César Marcelo Manca y Carlos Rolando Ocampos fueron condenados a seis y siete años, respectivamente, por "asociación ilícita".
A su vez, Enrique Lorenzo Chanampa y José Augusto Lucero fueron condenados a cuatro años por el delito de "comercio de estupefacientes".
Se dispuso que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el del Gas continúen intervenidos, a la espera de un nuevo organismo, mientras siguen los ajustes sobre subsidios y tarifas.
Será para jóvenes de entre 18 y 28 años y que el mismo "formará en oficios concretos", según dijo Manuel Adorni.
Destacaron que es necesario informar si centros de salud o droguerías adquirieron los lotes 31202, 31244 y 31200. El juez Ernesto Kreplak solicitó localizar y recuperar lo antes posible los lotes de fentanilo contaminados, de los laboratorio HLB Pharma Group S.A. y Ramallo, distribuidos en centros de salud o droguerías en todo el país.
El nuevo plan de inteligencia nacional abre la puerta a que se ponga en el foco de los espías a opositores, periodistas y economistas. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un Plan de Inteligencia Nacional que fija cuáles serán los lineamientos estratégicos durante los próximos años. Algunos reafirman las prioridades de gestiones anteriores, como la prevención del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado o velar por los intereses argentinos en el Atlántico Sur y el sector antártico. Pero también entreabre la puerta a tareas de espionaje interno que podría recaer sobre periodistas, economistas, académicos y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o al gobierno nacional, según surge de la copia del Plan al que accedió La Nación y cuya autenticidad verificó con dos fuentes independientes entre sí.
Las empresas y los sindicatos pactaron un cese de las medidas de fuerza a cambio del compromiso de las firmas electrónicas de no despedir a ningún trabajador hasta el 31 de diciembre de 2025. La decisión del Gobierno que detonó el conflicto.
Los manifestantes volvieron a recibir gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. Nuevos incidentes entre jubilados y policías se registraron este miércoles en la manifestación realizada frente al Congreso en demanda de un aumento en los haberes para el sector.
La espesa niebla no dejaba ver nada en la ruta y fue fatal para el conductor paraguayo de la camioneta que se estrelló contra un camión. El hombre perdió la vida en forma instantánea.
El gobierno de Rogelio Frigerio decidió dar de baja a todos los suplentes que cumplían funciones como administrativos y ordenanzas en el Consejo General de Educación (CGE) y con ellos 86 trabajadores pierden sus empleos. Hay estado de alerta y asamblea permanente en el organismo y mañana habrá una protesta en la calle.
Afiliados del Iosper presentaron una denuncia penal contra el Interventor, el Subinterventor y el Director General de la obra social por presuntas irregularidades en contrataciones de prótesis y servicios, que habrían causado un perjuicio económico a la obra social y demoras en prestaciones vitales, incluyendo el fallecimiento de un afiliado por falta de un marcapasos. Acusan "administración fraudulenta" y "malversación de caudales públicos", según la indicación a la que accedió APFDigital.
El presidente Donald Trump firmó este miércoles una proclamación que prohíbe o restringe la entrada a Estados Unidos de los ciudadanos de una veintena de países por razones de seguridad.
