Discapacidad en crisis: Profesionales y familias reclaman soluciones urgentes ante el corte de la cadena de pagos

Versiones, acusaciones cruzadas y excusas de todos los colores, en el medio, miles de personas que no cobran por su trabajo hace meses y otras miles que se quedan, todos los días, sin prestaciones que son clave para mejorar su calidad de vida.

Complejo. Ese es el calificativo que mejor le cabe al Sistema de pagos de prestaciones en materia de discapacidad. ¿por qué? Por la cantidad de actores que intervienen en el mismo, básicamente. El Gobierno Nacional, el Provincial, las obras sociales, las nacionales y las provinciales, las empresas de medicina prepagas, la Superintendencia de Servicios de Salud y el PAMI.

Lo primero que hay que saber es que en Argentina rige la Ley 24.901, que crea el “Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad”. Existe un Nomenclador Nacional de Discapacidad, que estipula el valor del trabajo de los y las prestadoras, como son las maestras de apoyo, las acompañantes terapéuticas, las psicólogas, etc. 

Pero éste no se aplica en todo el territorio nacional, sólo en las provincias que adhirieron a la ley nacional. De hecho, “haber adherido no implica que la obra social provincial va a tener el mismo régimen de pago a prestadores que el que tiene la Ley 24.901, porque cada provincia establece el procedimiento de pago, retenciones y prestaciones”, explicó por estos días Claudio Espósito, ex titular de la Dirección Nacional de Discapacidad, en un posteo que intenta echar luz sobre un tema en el que reina la confusión. 

El sistema funciona de una manera para las obras sociales nacionales, empresas de medicina prepaga y el PAMI; de otra manera para las obras sociales provinciales y de otra, distinta, en el caso del Programa Nacional “Incluir Salud”. 

¿Qué pasa en Entre Ríos? “La provincia adhirió a la Ley 24.901, pero integra el PMO (Programa Médico Obligatorio), entonces Iosper argumenta que ni la ley ni la adhesión la obligan por ser una obra social provincial, argumenta que no cae bajo la órbita de la ley 23.660, Ley de obras sociales obligadas por el PMO. Con ese argumento resuelve, por resolución interna, qué pagar y qué no pagar, dependiendo de cada prestación”, explicó la abogada María Marta Simón para esta nota. 

Más allá de las complejidades del sistema, la realidad es que este mes se cortó la cadena de pagos para miles de prestadores y prestadoras de servicios en discapacidad. A la complicación de cobrar, siempre, con un retraso de dos, tres, cuatro meses o más, ahora los trabajadores y trabajadoras del sector directamente se quedaron sin cobrar. 

Como en todo el país, en Gualeguaychú se sucedieron algunas movilizaciones para pedir respuestas urgentes a esta problemática, que no sólo complica las economías de los y las profesionales que prestan el servicio, sino que también, y esto es lo más grave, atenta contra los tratamientos de personas con discapacidad, tratamientos que son indispensables para mejorar sus condiciones de vida. 

La última marcha en la ciudad tuvo lugar el pasado jueves. Familias, profesionales y organizaciones se concentraron en la plaza Urquiza con carteles y consignas que pedían soluciones, y se movilizaron por el centro.

Silvina Laugas es terapista ocupacional, ejerce en Gualeguaychú hace más de doce años y fue parte de la iniciativa. Sobre su profesión explicó que “trata la rehabilitación, tanto física como cognitiva, de las personas, cualquiera sea su edad y su discapacidad”. Y contó que “si bien no se puede generalizar con todas las obras sociales, en general la mayoría tiene demoras en los pagos; hay algunas que hasta junio habían estado cumpliendo con una regularidad pareja en el pago y otras que adeudan el año entero”

“La terapia ocupacional es una prestación muy importante en esta población, intervenimos cuando la persona se encuentra en riesgo o efectivamente no logra realizar por sí misma las actividades propias de su etapa vital o lo esperado en su contexto”, dijo la terapista Fernanda Viduci, con 27 años de experiencia en el área. 

“Nos encontramos en la tensión e incertidumbre de seguir eligiendo este hacer en el que nos formamos, creemos y que nos apasiona, pero son profesiones con escaso reconocimiento económico. En ocasiones se pueden buscar alternativas laborales que ayuden a subsistir, pero en muchos otros casos los prestadores directamente han dejado de atender por obras sociales”, lamentó. 

La profesional explicó que “son todos mecanismos diferentes” y “cada obra social maneja su forma de comunicación, algunas son claras y tienen diversas vías de comunicación; otras lo hacen de modo genérico, postergan y solicitan datos como para alargar los tiempos, porque esos datos y documentos ya los tienen, y hay otras que no dan ningún tipo de respuestas directamente”. 

En este sentido, si bien aceptó que es “tedioso” el sistema, reconoció que “los tramites de admisión y control de prestadores son necesarios, validan la legitimidad del profesional, los planes de tratamiento y la evolución, entre otras cosas, pero lo que no se ve en general, aunque hay honrosas excepciones, es reciprocidad en el cumplimiento de lo acordado”. 

“Hace cinco años que soy psicóloga y hace tres que trabajo con niños y jóvenes con discapacidad. Desde entonces, existen problemas y demoras con los pagos”, cuestionó Pilar Chirinos. 

“Para comenzar a trabajar con una persona con CUD -Certificado Único de Discapacidad- y que el tratamiento sea cubierto por la obra social, te piden miles de requisitos y papeles cada año, incluso para dar continuidad al tratamiento de un mismo paciente, y después las obras sociales demoran un tiempo en autorizar la prestación, por lo que tal vez uno evalúa la necesidad de comenzar a trabajar de inmediato, pero para hacerlo por obra social es imposible”, cuestionó. 

“Una vez autorizado el tratamiento, empezamos a trabajar, pero ya sabemos que eso lo vamos a cobrar, como mínimo, recién a los tres meses. Por otra parte, cobramos según nomenclador, que por mucho tiempo estuvo por debajo del mínimo ético que rige en nuestro colegio. Si a eso le sumamos la inflación que vivimos todos, hace que se trabaje por muy poca plata”, agregó la licenciada en psicología. 

Lo relatado por las profesionales se repite en otros casos, una y otra vez. Y si bien el Gobierno Nacional dijo que no ha habido recortes en Discapacidad, lo cierto es que la cadena de pagos está cortada. Una suerte de final anunciado de un sistema que ha evidenciado grandes problemas durante años. 

Graciela Caraballo y Eduardo Avena son un matrimonio de transportistas, tienen dos vehículos y prestan servicio hace diez años a personas con capacidades en Gualeguaychú. “Hacemos los trasladando a escuelas y a las terapias, por lo que hemos formado un vínculo muy fuerte con las familias, lo que nos hace muy difícil tomar la decisión de cortar el servicio, cosa que no hemos hecho a pesar del atraso actual de los pagos”, contaron. Y apuntaron a las “magras tarifas del nomenclador” y a la demora de 60 días para cada pago. 

“En nuestro caso, esto nos complica muchísimo porque cargamos combustible todos los días, pagamos la agencia donde se trabaja, más los seguros, las patentes y los impuestos. Pero seguimos apostando y aportando, con muchísima responsabilidad, el granito de arena al no cortar nuestra prestación a pesar de llevar tres meses sin cobrar”, expresaron. 

“Estamos en situación de precariedad laboral”, apuntó la terapista Fernanda Viduci. “No cobramos, no hay paritarias, no hay protección social, no hay licencias, etc. Así y todo, sostenemos el servicio, al menos hasta ahora”, agregó, poniendo en palabras el espíritu de quienes, a pesar de no cobrar, todavía siguen acompañando a las personas con discapacidad. 

“Muchas familias se van endeudando para pagar las prestaciones, la angustia es enorme porque muchas no pueden pagar los tratamientos, ni los profesionales vivir del aire”, sintetizó. 

Por Luciano Peralta