A horas del cierre de los alegatos de la fiscalía en la causa Vialidad, más de 500 intendentes del interior del país mostraron su apoyo público a la vicepresidenta Cristina Kirchner, acusada en el expediente de liderar una asociación ilícita y de beneficiar con contratos de obra pública a Lázaro Báez.
El objetivo final de la causa y una eventual condena es la proscripción de la vicepresidenta de cara a las elecciones. En este caso, se difundió una lista de jefes comunales que atribuyen el juicio de Vialidad a una persecución política y judicial contra la vicepresidenta.
En el texto, los alcaldes se refirieron a la “utilización” del sistema judicial para “estigmatizar”, y señalaron que este procedimiento implica una “práctica violatoria de los derechos humanos” y apuntaron también a parte de la prensa.
“Los intendentes del interior del país manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”, comienza el escrito de los funcionarios locales.
Y sigue, con énfasis en la situación de la dirigente del Frente de Todos: “La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar, y anular social y políticamente”.
En la última parte del comunicado los intendentes sostienen que los argentinos y las argentinas merecen “una Justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida”, que se cumplirán el año próximo, y cierran: “Llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.
Esta muestra de respaldo a Cristina Kirchner aparece justo antes de que comience la semana en que el fiscal Diego Luciani pedirá una pena contra la vicepresidenta y otros funcionarios kirchneristas.
Ante el avance de esta carátula, en estos últimos días también otros sectores -que entienden que el procedimiento judicial responde a maniobras de lawfare- aumentaron la presión a la Justicia. “No jodan con Cristina” o “si la tocan a Cristina”, fueron algunas de las advertencias contra los jueces, a quienes tildaron de “macristas”.
Intendentes de Entre Ríos
El Partido Conservador Popular (PCP), de la diputada Liliana Salinas ya no existe más. La Cámara Nacional Electoral confirmó la caducidad dispuesta por la Justicia Federal en Entre Ríos. No tiene el mínimo de afiliados y no hubo internas. Salinas lanzó recientemente un frente con otros libertarios, ajenos al partido LLA.
Rubén Pagliotto, recientemente elegido dentro de UCR Activa Entre Ríos como precandidato a diputado nacional en primer término, opinó sobre el posicionamiento de algunos legisladores nacionales –entre los que mencionó al radical Atilio Benedetti-, y fue terminante al sostener que “con la salud y la educación no se negocia. Son derechos humanos, no moneda de cambio”.
El diputado nacional del MID Eduardo Falcone reconoció que el espacio se está “separando” de La Libertad Avanza y marcó sus diferencias con respecto a la políticas implementadas. "Hay que pasar a una etapa de desarrollo y crecimiento”, afirmó.
Detrás del relanzamiento de la licitación de la Hidrovía Paraguay–Paraná, una figura gana protagonismo silencioso: Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, con vínculos históricos con el PRO, Mauricio Macri y sectores empresarios ligados al comercio fluvial y agroexportador. Su rol en la rediscusión de los pliegos y la avanzada privatizadora sobre los puertos provinciales lo posicionan como uno de los operadores clave en el nuevo mapa portuario del litoral argentino.
Emanuel Bornicent se enteró de buenas a primeras que se quedaba sin trabajo. Y sin vivienda. Y con la necesidad de encontrar escuela para su hijo a mitad del ciclo lectivo. Se enteró un día inhábil en la Administración: el 27 de junio, Día del Empleado del Estado. Ese día lo anoticiaron que tres días después sería un desempleado.
Desde este martes y hasta el viernes, los empleados del Ministerio de Salud provincial realizarán retención de servicios y asambleas en rechazo al recorte del 20 % en las horas extras. El conflicto se agrava mientras ATE evalúa adherirse al paro nacional del jueves.
El Ministerio de Seguridad lanzó una línea de asistencia tras cinco suicidios en la fuerza este año. La medida llega tarde y desnuda una realidad ignorada: la falta de centros públicos de atención psicológica, el abandono estatal frente al malestar emocional de sus trabajadores y el crecimiento alarmante del suicidio adolescente.
