Megajuicio: Una de las defensas equiparó la acusación fiscal con una cacería de brujas

Durante su exposición matutina, Cullen marcó contradicciones en la posición de Fiscalía durante el proceso de investigación penal preparatoria, la elevación y los alegatos de apertura y cierre que se dieron en el juicio.

Lo primero sobre lo que llamó la atención fue que la acusación varió los cargos contra sus defendidos en la causa denomina de las imprentas, donde se acusa a Alejandro Almada; Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena y Luciana Almada de ser testaferros del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y de utilizar a las empresas TEP y Next para desviar recursos de la publicidad oficial hacia Aguilera.

En un primer momento, dijo, se les cargó los delitos de negociación incompatible y de peculado. Según explicó, estos delitos se excluyen uno al otro. El primero existe sí y solo sí la actividad es legal pero actúa un funcionario público favoreciendo a un tercero. Para el segundo, el desvío de fondos implica una actividad ilícita. Por lo tanto, en un mismo hecho no pueden convivir.

Luego, apuntó al esquema argumental del Ministerio Público Fiscal, que afirmó que el acusado debe probar su inocencia. Y que dejaría de lado los parámetros legales del Código Procesal penal dado que “no alcanzan”, citó, para sostener la acusación. Aseveró que de esta manera se negaban derechos y garantías de las personas consagradas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.

Recordó que las personas son inocentes. Y que corresponde a la acusación probar la culpabilidad, tras lo cual mencionó que la presunción de la existencia de dolo, de la intención de generar daño y de cometer el delito, al que echó mano Fiscalía para sostener su caso se contrapone con el ordenamiento jurídico nacional.

Alertó sobre la “peligrosidad” de que Fiscalía transfiera la carga de la prueba al acusado y que incluso reconociera la “orfandad probatoria” que confesó la fiscal Patricia Yedro en su exposición final. Y también apuntó al descarte de elementos de juicio en que incurrió el Ministerio Fiscal: Todos los testigos, citó el letrado, mintieron menos los empleados de Fiscalía que actuaron de informantes. Faltaron a la verdad porque son “son cómplices naturales de la corrupción que está enquistada”, ironizó.

“Si algo no tiene cabida en la teoría del caso de la acusación, entonces es mentira”, expresó, sintetizando lo que entendió es la base del razonamiento de los fiscales.

Equiparó la situación con lo que ocurría con las mujeres acusadas de brujas durante la Inquisición, indicando que la teoría acusadora en el caso sólo pretendía crear “un monstruo que sólo puede hacer monstruosidad” y del cual sólo se puede presumir su culpabilidad ya que “nada de lo que haga será lícito”.

Para el relato acusador, la bruja y los herejes que lo acompañan serían “Urribarri y su séquito”, afirmó Cullen, indicando que Fiscalía no se ocupó de trazar el puente probatorio entre el supuesto hecho y su responsable, sino que sólo se dedicó a mostrar la “peligrosidad del monstruo”, rol que en la trama ocuparía Aguilera.

Apuntó que en el caso de los delitos contra la administración pública los responsables primarios y directos son los funcionarios públicos. En el caso puntual de la publicidad en vía pública Urribarri y quien fuera su ministro de Comunicación, Pedro Baez.

Pero, señaló, en el alegato de cierre de Fiscalía al ex gobernador se lo mencionó 20 veces, al ex miembro de su gabinete 3 mientras que a Aguilera, que no era funcionario público, se lo nombró en más de 260 oportunidades.

Cullen explicó esta desproporción razonando: “Teniendo al monstruo y a la bruja ¿Para qué probar que hizo un acto concreto?”.

Luego, volvió sobre una imagen que utilizó en la apertura. En ese momento dijo que, como el pavo real que abre su plumaje, el Ministerio Fiscal presentaba situaciones impactantes y frases grandilocuentes para impresionar al Tribunal. “Ese despliegue – precisó – evita mostrar la conexión real y concreta con el hecho” imputado y sometido a juicio.

“Ante el monstruo no es necesario discutir la prueba. No lo es porque lo decimos nosotros (por la Fiscalía). Es que el Ministerio Fiscal es impoluto, no se equivoca. Y es  garante de la bondad del ser humano”, apuntó con sarcasmo. “Esto no es nuevo. Tiene su origen en la doctrina spenceriana, que estableció la supremacía de unas «razas» sobre otras”, durante fines del siglo XIX y hasta mediados del XX.

Este principio, postuló, dominó también a las dictaduras latinoamericanas y a los gobiernos oligárquicos, deformación de la democracia donde gobiernan unos pocos que perciben distintos y mejores que el resto que son “negros, inferiores, peronistas”, dijo con ironía.

“Pero ahora, como ya no pueden gobernar directamente porque la democracia es más fuerte, se usa el poder punitivo para socavar a los gobiernos que no son de su simpatía. Eso pasó acá. (Pero) Hay un caldo de cultivo que no es argentino que permite llegar a este tipo de situaciones”, denunció.

También marcó la falta de fuerza y de firmeza del caso fiscal en la utilización de la obviedad huérfana de pruebas y de hechos que la sustenten como criterio de verdad. En la exposición fiscal sobre el caso de la publicidad en vía pública, la Fiscalía “utilizó 33 veces la palabra obvio. Más que «Urribarri» y que «Baez» que son los acusados. Si todo es «obvio», evito pensar, evito ser, evito demostrar”, postuló.

En ese orden cargó contra el postulado utilizado por la acusación referido a que “todo el mundo sabía que las empresas de Aguilera”, pues “cada vez que se encontraba con la realidad que desmentía su versión, iban para otro lado, preferían el chisme”. El caso de Fiscalía considera que el cuñado del ex mandatario es el dueño de las firmas y que utilizó su parentesco para favorecerse económicamente. Pero, como apuntó Cullen, no hubo testimonios ni documentos que sustentaran esta premisa.

Además, apeló al absurdo para descartar la hipótesis del Ministerio Fiscal sobre que Aguilera utilizó a estas personas como mascarada. “Si quiero ocultar que soy el dueño de las empresas no voy a poner como testaferros a mi esposa, a la madre de mis hijos y a mis amigos de la infancia”, expresó.

Por el contrario, el letrado señaló elementos incorporados en la causa que probarían exactamente lo contrario: Que Aguilera no tenía nada que ver y que Giacopuzzi y Luciana Almada eran los dueños de TEP y Sena y Alejandro Almada los de Next. Sobre estos dos criticó además que, a pesar de que quedó demostrado que no tenían actividad relacionada con la publicidad ni ellos ni sus empresas, Fiscalía haya pedido condena de igual modo.

“No importa que los empresarios no tengan nada que ver. Y que no haya delito. No importa porque tengo al monstruo, que es Aguilera. Y ellos actuaron en favor de él”, dijo Cullen remedando el criterio acusatorio.

Asimismo señaló que se incluyó a Aguilera en la acusación por la causa del parador en Playa La Perla a pesar de que no estuvo imputado en ese expediente. “Están investigando desde la posición de Dios la posición de cada uno de los imputados”, aseveró.

Las imprentas

Por la tarde se dedicó a exponer los criterios defensivos específicos de la causa del supuesto desvío de fondos a través de la publicidad oficial en vía pública a través de TEP y Next.

Allí señaló que las pruebas principales de la acusación “son archivos informáticos, de los que no se conoce la autoría” y además “con datos irregulares”.

Luego, señaló que los 60 mil archivos analizados “no hay uno solo que muestre que Baez se interesó en apuntalar a TEP o Next. Tampoco ninguno que muestre que Sena y Almada hayan hablado con Urribarri o Baez por órdenes de publicidad o contrataciones”,

Tampoco se pudo ubicar “una orden del ex gobernador hacia Baez en el mismo sentido”. Por eso, apeló a la sátira para afirmar: “Fiscalía, en lugar de mostrar el interés o el direccionamiento, suplió la orfandad probatoria con señales que prueban el pacto entre la bruja y satán”.

Luego, describió una serie de hechos para desmentir que las firmas fueron favorecidas o tenían privilegios en su relación comercial con el Estado. En primer lugar, citó que hubo mucha publicidad contratada y no pagada por la Administración Pública, lo que echaría por tierra también la presunción acusatoria de que se pagaba la publicidad sin controles.

Concatenó esto con una serie de expedientes de publicidad en vía pública sobre la cual habría influenciado Aguilera. Fiscalía llegó a esta conclusión en base a la comunicación vía mail de una testigo de la causa. Pero Cullen puso sobre la mesa que se estaban gestionando un año después de haberse llevado adelante. Y que no fueron pagados en su totalidad por el Estado. “Vaya interés de Urribarri y del Ministro Baez. Más que favorecer, perjudicaron a la empresa”, dijo socarronamente.

Luego, trazó otro paralelismo. Sostuvo que el Ministerio Público Fiscal actuó como Edipo: cuando se acerca a la verdad se aleja, porque la verdad lo atormenta.

Además repasó conversaciones entre Luciana Almada y Giacopuzzi sobre la marcha de la empresa como socios sin hacer mención a Urribarri, Baez ni Aguilera. “Estoy mostrando datos. La fiscalía o no los conoció o no hicieron el trabajo de corroborar si existían o si no se condecían con que existía un direccionamiento”, alegó.

“Nos han querido mostrar signos, pero los hechos reales muestran otra cosa”, completó.

El letrado debió interrumpir su exposición luego de seis horas. Completará su alegato este martes. La jornada se inició con la negativa del Tribunal de aceptar en esta instancia la probation solicitada por el empresario Germán Buffa.